Caso Koldo - PSOE
Descripción del caso
El caso Koldo —también llamado caso Ábalos o caso mascarillas— es una investigación judicial sobre una trama de corrupción en la contratación pública durante la pandemia de COVID-19. Su epicentro es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien, según la sentencia que cerró la pieza principal, actuó como intermediario en la adjudicación de contratos de material sanitario (principalmente mascarillas) a empresas sin experiencia en el sector a cambio de comisiones.
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo STS 418/2026, de 22 de junio de 2026 —dictada por unanimidad, con ponencia de Andrés Martínez Arrieta—, considera probado que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama constituyeron una organización criminal con reparto de funciones. Declara probada la adjudicación de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado (20.000.000 euros) y ADIF (12.500.000 euros) a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, mediante órdenes ministeriales de marzo de 2020; una remuneración mensual de 10.000 euros a Ábalos entre octubre de 2019 y junio de 2022; la contratación irregular de dos conocidas del exministro en empresas públicas (Jésica Rodríguez en INECO y TRAGSATEC, y Claudia Montes en LOGIRAIL); y el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción con opción de compra. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión (máximo efectivo de 16 años y 6 meses), a Koldo García a 19 años, 8 meses y 1 día (máximo efectivo de 15 años) y a Aldama a 4 años y 6 meses, con la ejecución de la pena suspendida por su colaboración con la justicia. Los tres fueron absueltos de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. La sentencia es firme: solo caben el incidente de nulidad y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El caso está dividido en varias piezas. La principal, la de mascarillas, fue juzgada por el Tribunal Supremo (causa especial 20775/2020) entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 2026, al ser Ábalos aforado; es la única cerrada con sentencia firme de condena. La investigación sobre presuntos amaños de obra pública (con Santos Cerdán, Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero, entre otros) pasó a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 y consta en instrucción al menos hasta septiembre de 2026 (último dato consultado); también sigue abierta la pieza sobre pagos en efectivo desde Ferraz. El caso Plus Ultra lo asumió en marzo de 2026 el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional (juez José Luis Calama), después de que el titular del Juzgado nº 2, Ismael Moreno, se hubiera abstenido en 2024. Cerdán estuvo en prisión provisional entre el 30 de junio y el 19 de noviembre de 2025; según el último dato disponible (noviembre de 2025), quedó en libertad provisional con medidas cautelares, sin que conste una actualización posterior en las fuentes consultadas. Por seguir abiertas esas piezas, el estado de la ficha se mantiene como «activo». Persisten incertidumbres sobre la delimitación exacta de algunas piezas y sobre el resultado de los incidentes de nulidad.
El campo «coste» recoge 32.500.000 euros como volumen agregado de los dos contratos de mascarillas declarados probados (20.000.000 euros de Puertos del Estado y 12.500.000 euros de ADIF). No es un perjuicio cuantificado ni un lucro declarado: la sentencia no fija esa cifra como daño. Las cuantías que la resolución sí concreta son el decomiso de 430.298 euros y las indemnizaciones a INECO (34.450 euros) y TRAGSATEC (9.500,54 euros).
Resumen
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