Caso Koldo
PSOECondena firme de Ábalos, Koldo García y Aldama en la pieza del Supremo; continúan las investigaciones de la Audiencia Nacional. Nulidades rechazadas en octubre de 2026.
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- 32,5 millones €
- Implicados
- 20
- Firmeza
- Parcial
Descripción del caso
El caso Koldo comprende la investigación de contratos de mascarillas y otras actuaciones relacionadas con el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre y el exministro José Luis Ábalos Meco. La querella fiscal de septiembre de 2023 sitúa su antecedente en una denuncia de 10 de marzo de 2022; las detenciones de la Operación Delorme se produjeron en febrero de 2024.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó en la sentencia 418/2026, de 22 de junio, a Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, a Koldo García a 19 años, 8 meses y 1 día, y a Víctor Gonzalo de Aldama Delgado a 4 años y 6 meses. Los máximos de cumplimiento de Ábalos y Koldo son, respectivamente, 16 años y 6 meses y 15 años. La ejecución de la pena de Aldama se suspendió durante cinco años, condicionada a no delinquir, informar semestralmente de sus actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia es firme; mediante auto de 7 de octubre, conocido el 14, el Supremo rechazó las nulidades de Ábalos y Koldo. El 15 de octubre Ábalos anunció que acudiría al Constitucional: el anuncio no acredita la presentación ni admisión de un nuevo amparo.
La condena solo alcanza a los tres acusados juzgados en el Supremo. En la Audiencia Nacional siguen abiertas la investigación de otros contratos de mascarillas, la de presuntas comisiones en obra pública y las diligencias sobre pagos en efectivo del PSOE. Santos Cerdán está investigado en la de obra pública, sin condena acreditada en ella; estuvo en prisión provisional del 30 de junio al 19 de noviembre de 2025, cuando quedó en libertad con medidas cautelares. No se ha corroborado una modificación posterior de esas medidas. El 15 de octubre de 2026 se conoció que Moreno había solicitado documentación del caso Leire Díez para investigar sus ingresos, sin que ello fusione ambas causas. Jésica Rodríguez y Joseba García, que no fueron acusados en el juicio del Supremo, pasaron a ser investigados en la Audiencia Nacional por las contrataciones en empresas públicas; la Sala confirmó las imputaciones de Rodríguez e Ignacio Zaldívar, según la información publicada el 9 de octubre.
Los 32,5 millones de euros de los contratos de Puertos del Estado y ADIF son volumen contratado, no daño judicialmente cuantificado. La sentencia fija por separado indemnizaciones de 34.450 euros a INECO y 9.500,54 euros a TRAGSATEC, y un decomiso de 430.298 euros. No consta una cuantificación global del perjuicio de todas las piezas. Faltan los originales de varias resoluciones recientes de la Audiencia Nacional y del auto de nulidad de octubre para precisar su alcance íntegro.
Desarrollo y fuentes
La investigación parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 10 de marzo de 2022. La querella de 6 de septiembre de 2023 se dirigió contra siete personas por presuntos delitos relativos a las contrataciones de material sanitario. El procedimiento se conoció públicamente con las detenciones de febrero de 2024. Estos antecedentes deben distinguirse de la organización y de las conductas anteriores que la sentencia consideró probadas.
La Audiencia Nacional conservó la investigación de los no aforados mientras el Supremo asumía la posible intervención de Ábalos, entonces diputado. En diciembre de 2024 extendió su instrucción a Koldo y Aldama por su conexión con esos hechos. En septiembre de 2025 separó la investigación de obra pública. La apertura del juicio contra los tres acusados, acordada el 11 de diciembre de 2025, fijó la competencia del Supremo para juzgarlos; la investigación todavía abierta de obra pública fue remitida en febrero de 2026 a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su escaño. Su unificación con las diligencias sobre Pardo de Vera y Herrero no convirtió a estos ni a Cerdán en acusados del juicio de mascarillas.
La sentencia de 22 de junio de 2026 no se limita a la compra de mascarillas: examina también los pagos periódicos de Aldama, las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas y determinadas contraprestaciones inmobiliarias. Declara probado el reparto de funciones de Ábalos, Koldo y Aldama, pero no juzga la responsabilidad individual de los terceros mencionados. Las absoluciones parciales por prevaricación, información privilegiada y falsedad conviven con las condenas por los otros delitos. En particular, la suspensión de la pena de Aldama no es una absolución ni un perdón incondicionado.
Cerdán continúa como investigado en la causa de obra pública. Su prisión de junio a noviembre de 2025 fue provisional y su puesta en libertad tampoco supuso un archivo. A 15 de octubre de 2026 constan nuevas diligencias para esclarecer sus ingresos. La información patrimonial solicitada a la causa de Leire Díez constituye una conexión entre investigaciones distintas, no una declaración de culpabilidad ni su fusión. La investigación del rescate de Plus Ultra y el procedimiento sobre hidrocarburos tampoco quedan comprendidos automáticamente en las condenas dictadas por el Supremo.
Jésica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar declararon primero como testigos en el Supremo y después comparecieron como investigados en la Audiencia Nacional en julio de 2026. La noticia del 9 de octubre comunica que la Sala confirmó las imputaciones de Rodríguez y Zaldívar. No consta condena individual de ninguno de ellos por esa contratación. La situación de otras personas del entorno empresarial no se puede deducir de las condenas de los tres acusados ni de una mera comparecencia parlamentaria.
La sentencia es firme, sin que eso impida los remedios extraordinarios que puedan proceder. Los autos de junio y julio sobre aclaración son distintos del incidente de nulidad desestimado mediante auto de 7 de octubre, conocido el 14. El anuncio de Ábalos del 15 de octubre de acudir al Constitucional no permite afirmar que el amparo posterior estuviera ya presentado, admitido o resuelto. Faltan los originales de ese auto y de varias resoluciones recientes de la Audiencia Nacional para conocer su alcance íntegro y los recursos concretos. Tampoco se ha corroborado una modificación de las medidas personales de Cerdán posterior a noviembre de 2025.
El importe de los contratos de Puertos del Estado y ADIF asciende a 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente. Es volumen de contratación. Los 6.676.046,09 euros de comisiones canalizadas por Aldama incluyen también otras adjudicaciones y no se identifican íntegramente con el beneficio de los dos contratos juzgados. Las indemnizaciones a INECO y TRAGSATEC, de 34.450 y 9.500,54 euros, son responsabilidad civil por los hechos enjuiciados; el decomiso de 430.298 euros tiene otra naturaleza. Estas magnitudes no se suman para presentar un supuesto perjuicio global.
Fuentes principales: sentencia oficial de CENDOJ, copia notificada de 224 páginas, nota oficial del Supremo, separación de obra pública, libertad provisional de Cerdán, investigación de Rodríguez y otros, confirmación de las imputaciones, nulidades y nuevas diligencias patrimoniales sobre Cerdán.
Documentos relevantes
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Sentencia 418/2026, pieza del Supremo (versión anonimizada de CENDOJ)
2026 · PDF · 84 páginas
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Querella de la Fiscalía Anticorrupción (copia publicada por El Independiente)
2023 · PDF · 26 páginas
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Informe policial UCO 96/2025 sobre presuntas irregularidades en contratación pública
2025 · PDF · 490 páginas
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Auto de aclaración de la sentencia 418/2026 (2026-06-24)
2026 · PDF · 2 páginas
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Auto de aclaración de la sentencia 418/2026 (2026-07-07)
2026 · PDF · 2 páginas
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Auto de aclaración de la sentencia 418/2026 (2026-07-17)
2026 · PDF · 3 páginas
Cronología
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Oferta de Soluciones de Gestión y orden de compra de mascarillas
La sentencia declara probado que Koldo entregó la oferta al subsecretario y que el borrador de la orden se amplió de cuatro a ocho millones de mascarillas. El contrato de Puertos del Estado se adjudicó el 21 de marzo por 20 millones de euros: es importe contratado, no daño declarado.
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ADIF adjudica el segundo contrato
La sentencia declara probada la adjudicación por 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión, el día de publicación de la orden de compra centralizada de cinco millones de mascarillas. La orden estaba fechada el 26 de marzo.
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Vacaciones de Ábalos pagadas con fondos de Aldama
La sentencia declara probado que Ábalos y su familia disfrutaron de Villa Parra, Marbella, del 14 al 23 de agosto. La renta de 8.000 euros se pagó con fondos de Aldama por las gestiones de una nota de prensa sobre Air Europa; no se declara que Globalia proporcionara la vivienda.
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Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
La querella fiscal de 6 de septiembre de 2023 identifica como antecedente la denuncia presentada por Alfonso Serrano sobre trece contrataciones, tres de ellas de suministro sanitario a Soluciones de Gestión. La denuncia no equivale a hechos judicialmente probados.
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Querella de la Fiscalía Anticorrupción
El escrito fechado y firmado por el fiscal Luis Pastor Motta se dirige contra siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Es una querella acusatoria, no una resolución condenatoria.
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Conflicto de competencia con la Fiscalía Europea
Ismael Moreno rechaza entregar toda la causa y plantea cuestión de competencia ante el Supremo. La nota oficial distingue la investigación nacional de las infracciones que afectan directamente a los intereses financieros de la UE; no hubo sustitución general del juzgado por la Fiscalía Europea.
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Declara Sánchez Manzanares como investigado
El exsecretario general de Puertos del Estado comparece ante Moreno por presunto tráfico de influencias y sostiene que siguió indicaciones de sus superiores. Se recoge su defensa, no una exoneración judicial.
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El Supremo asume la investigación de Ábalos
La sentencia reproduce el auto que declaró competente al Supremo por la condición de diputado de Ábalos y designó instructor a Leopoldo Puente. El procedimiento de los restantes no aforados debía continuar ante el órgano competente, sin perjuicio de conexiones posteriores.
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Koldo y Aldama pasan a ser investigados también en el Supremo
El auto reproducido en la sentencia extiende subjetivamente la investigación a ambos por su conexión material con los hechos atribuidos al aforado. Ello no trasladó íntegramente todas las diligencias de la Audiencia Nacional.
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Informe policial 96/2025 sobre obra pública
El informe de la UCO está fechado el 5 de junio y analiza presuntas irregularidades en contratación pública. Sus conclusiones están expresamente sometidas a valoración judicial y no son una sentencia. No se identifica esta fecha con el día de su difusión pública.
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Registros por las presuntas adjudicaciones de obra pública
La UCO practica registros ordenados por el instructor del Supremo, entre ellos el domicilio de Ábalos en Valencia y constructoras en distintas provincias. La investigación examina posibles adjudicaciones a cambio de compensaciones económicas.
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Cerdán entrega el acta de diputado
Formaliza su renuncia al escaño cuatro días después de dimitir como secretario de Organización del PSOE. La dimisión política del 12 de junio y la entrega del acta del 16 son actos distintos.
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Registros en domicilios de Pardo de Vera y Herrero
La UCO ejecuta diligencias de la Audiencia Nacional en relación con presuntas adjudicaciones irregulares. Ambos carecían de aforamiento y no fueron acusados en el posterior juicio de tres personas del Supremo.
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Prisión provisional de Santos Cerdán
El instructor del Supremo acuerda prisión provisional, comunicada y sin fianza. La resolución de libertad de noviembre y la revisión de julio confirman la fecha y el carácter cautelar: no era una condena.
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Se confirma la prisión provisional de Cerdán
La Sala de Apelación rechaza su recurso y mantiene la medida por los riesgos procesales apreciados, entre ellos el de destrucción o alteración de pruebas. No resuelve su culpabilidad.
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Se separa la investigación de obra pública
El Supremo forma la pieza 20775/2020-II para presuntas adjudicaciones ilícitas. La causa más avanzada conserva las mascarillas y otras conductas ajenas a obra pública, con Ábalos, Koldo y Aldama como únicos investigados en ella. Cerdán queda en la pieza de obra pública.
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Cerdán queda en libertad provisional
El instructor considera mitigado el riesgo de destrucción de pruebas y establece comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. La libertad no supone archivo ni absolución.
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Prisión provisional de Ábalos y Koldo
La sentencia reproduce que ambos ingresan por auto de esa fecha. La medida anterior al juicio es cautelar; la condena se dictó en junio de 2026.
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Apertura del juicio oral en el Supremo
El instructor abre juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama y mantiene sus respectivas situaciones personales. Ábalos conservaba entonces el acta de diputado; este momento procesal fundamentó que el Supremo mantuviera la competencia para el juicio pese a su renuncia posterior.
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Se conoce la confirmación de la prisión de Ábalos y Koldo
La Sala de Apelación desestima los recursos contra los autos de 27 de noviembre por el riesgo de fuga apreciado. Se utiliza la fecha de la comunicación oficial, sin atribuirla a los autos cuyo día no precisa esa nota.
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Se conoce la remisión de obra pública a la Audiencia Nacional
La noticia informa de la pérdida de competencia del Supremo sobre la instrucción separada tras la renuncia de Ábalos al escaño. La causa de mascarillas ya abierta a juicio permanece en el Supremo. El día exacto del auto no consta en el artículo.
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Se conoce la unificación de las investigaciones de obra pública
EFE, en información fechada el 9 de marzo y publicada por Infobae el 10, comunica que Moreno unifica la pieza remitida por el Supremo con la investigación sobre Pardo de Vera y Herrero. Reúne a catorce investigados; no es apertura de juicio ni condena.
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Comienza el juicio en el Supremo
La sentencia identifica catorce sesiones celebradas entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 2026. Solo se juzga a Ábalos, Koldo y Aldama; los testigos y los investigados de otras causas no son acusados en este juicio.
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Concluye el juicio de la pieza del Supremo
Tras la práctica de las pruebas, los informes y las últimas palabras, queda visto para sentencia. La fecha final consta en los antecedentes de la sentencia; no depende del día de publicación de una previsión periodística.
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Sentencia firme: condenas y absoluciones parciales
La sentencia 418/2026 condena a Ábalos a 24 años y 3 meses; a Koldo a 19 años, 8 meses y 1 día; y a Aldama a 4 años y 6 meses con ejecución suspendida cinco años y condiciones. Ábalos y Koldo son absueltos de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad; Aldama, de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad. Las indemnizaciones y el decomiso se fijan por separado.
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Rectificación de una identificación en la sentencia
El Supremo dicta un auto de aclaración por un error material en la identificación de un director de Gestión Administrativa de ADIF. No modifica las condenas.
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Se rechaza aclarar o complementar la sentencia a petición de Koldo
El auto considera improcedente emplear la aclaración para exigir un supuesto acuerdo entre acusación y Aldama que no consta como conformidad procesal. Este trámite es distinto del incidente de nulidad resuelto en octubre.
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Se rechazan otras peticiones de aclaración
El Supremo desestima las solicitudes de Ábalos y ADADE: no cabe modificar el fondo de la sentencia por la vía de aclaración. No es una nueva sentencia ni resuelve el posterior incidente de nulidad.
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Rodríguez, Joseba García y Zaldívar comparecen como investigados
Tras haber sido testigos en el juicio del Supremo, comparecen en la Audiencia Nacional por las contrataciones de Rodríguez en INECO y TRAGSATEC y se acogen a su derecho a no declarar. Joseba niega haber intervenido en su contratación. No existe condena individual de ellos en la sentencia del Supremo.
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Levantamiento de las cautelares de Aldama en la causa del Supremo
Una providencia de esa fecha, difundida el 22 de julio, levanta retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales, por la firmeza de la sentencia y la suspensión de la pena. Se refiere a esa causa y no permite inferir el estado de otras medidas en distintos procedimientos.
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Se conoce la prórroga de la instrucción de la causa de la Audiencia Nacional
EFE informa de que Moreno amplía la pieza principal hasta el 8 de marzo de 2027 por diligencias pendientes, especialmente el análisis de dispositivos. Es la fecha de publicación; el artículo no precisa el día del auto. No se aplica esta prórroga al juicio ya terminado en el Supremo.
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Se conoce la oposición fiscal a las nulidades
Anticorrupción pide desestimar los incidentes de Ábalos y Koldo. Es una petición de parte: la decisión judicial se conoció el 14 de octubre.
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Cueto y Rotaeche declaran como investigados
La información publicada por laSexta recoge su comparecencia ante Moreno por los contratos de mascarillas y su negativa a conocer adjudicaciones ilícitas o comisiones. No fueron acusados en el juicio de tres personas del Supremo.
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Se conoce la confirmación de las imputaciones de Rodríguez y Zaldívar
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza sus recursos. La previa declaración como testigo de Rodríguez en el Supremo no equivale a cosa juzgada sobre su propia responsabilidad. La noticia no precisa el día de los autos y no comunica una condena.
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Se conoce el rechazo de las nulidades de Ábalos y Koldo
El auto del Supremo está fechado el 7 de octubre. Desestima los incidentes contra la sentencia de junio, que mantiene sus condenas. Se distingue el día del auto de la difusión; no se acredita la admisión de un amparo constitucional posterior.
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Ábalos anuncia que recurrirá al Constitucional
Tras el rechazo de la nulidad, anuncia un recurso de amparo por alegadas vulneraciones de derechos fundamentales. Es un anuncio, no constancia de presentación o admisión del recurso.
- Alta relevancia
Se conoce la solicitud de documentación sobre los ingresos de Cerdán
Europa Press informa este día de que el instructor reclama a Pedraz copias de documentos y evidencias para precisar los ingresos de Cerdán en la investigación de presuntas comisiones de obra pública. La solicitud de información entre órganos no fusiona las causas ni declara probadas las hipótesis patrimoniales de la Fiscalía. No se identifica la fecha de publicación con la de la providencia original, que no se ha obtenido.
Casos relacionados
Lezo/Mercasa
PPMercasa-Angola terminó con absoluciones en la Audiencia Nacional en abril de 2026, mediante sentencia apelable. No se acredita aquí su firmeza ni se extiende ese resultado a los demás contratos e investigados relacionados con Mercasa y Lezo.
Caso Begoña Gómez
PSOEAbierto juicio oral con jurado contra Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y contra Álvarez por malversación del software; sin sentencia verificada.
Caso Máster
PPFalsificación del acta del TFM de Cifuentes: absolución de la expresidenta, condenas de Rosado y Feito y archivo separado respecto de Casado.
Acuerdos de Mercamadrid con Merca Ocio: archivo penal provisional en 2018 y litigios civiles posteriores por alquileres.