Lezo/Mercasa

La denominación Mercasa reúne investigaciones sobre operaciones internacionales con conexiones personales y documentales con Lezo y Defex. Deben distinguirse la empresa pública Mercasa y el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), una sociedad privada participada por aquella. La absolución de abril de 2026 corresponde a Mercasa-Angola, no al conjunto de Lezo ni a cualquier contrato de Mercasa.

La sentencia 10/2026, de 28 de abril, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió el PA 3/2024, procedente de las DP 65/2018 del Juzgado Central de Instrucción 5. Su objeto fue la relación contractual para el mercado mayorista de Luanda y sus infraestructuras, desarrollada entre 2006 y 2017. Las diligencias se incoaron el 4 de julio de 2018 y reunieron actuaciones procedentes de otras causas, incluida documentación inhibida desde Lezo en mayo de 2017. La causa fue instruida por José de la Mata y posteriormente Santiago Pedraz: no debe situarse todo el procedimiento de Angola en el Juzgado Central 6 de Lezo.

La Audiencia absolvió a quince personas físicas y tres jurídicas. El fallo individualiza los delitos atribuidos a cada acusado y contiene una absolución por retirada de acusación. Las empresas absueltas son CMIC, Incatema Consulting & Engineering y Tuy Cincuenta. Entre los absueltos identificados nominalmente por la prensa figuran María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana y José Herrero de Egaña. El tribunal no consideró demostrados los sobornos y declaró que no se había constatado perjuicio patrimonial de Mercasa derivado de su participación en el consorcio. La acusación contra la propia Mercasa se había retirado al inicio del juicio, según la crónica de El País; su situación se distingue de la absolución de CMIC y las otras sociedades.

La sentencia permite apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en diez días desde la notificación. No se ha recuperado una resolución posterior sobre recursos ni una declaración de firmeza hasta octubre de 2026. Tampoco se dispone aquí del resultado individual de todas las actuaciones relacionadas con Pablo González, Eduardo Ameijide o José Juan Caballero: no se les atribuye automáticamente la absolución de Angola.

La SEPI comunicó el 21 de abril de 2017 la dimisión del presidente Eduardo Ameijide y Montenegro y el cese de Pablo González González y María Jesús Prieto Jiménez como directivos. Prieto era secretaria general y del consejo de Mercasa y abogada del Estado, no procuradora del Estado ni presidenta de Mercasa. Otro episodio, documentado por infoLibre a partir de un informe pericial, fue el contrato de intermediación en Argentina firmado en diciembre de 2016 y cancelado el 28 de abril de 2017, con devolución de 2.620 euros: esa crónica no acredita un propósito de destruir pruebas ni su desenlace penal. La noticia sobre un robo en Mercasa sitúa el hecho en Navidad de 2017, no en abril; no acredita que fuera una destrucción de pruebas ordenada por sus directivos.

No se registra como coste un contrato, una comisión sospechosa, una petición de decomiso o una fianza. La devolución de 971.601 euros ordenada en el fallo es de una consignación al inicio del juicio, no una indemnización ni prueba de ejecución efectiva. Siguen pendientes la firmeza y posibles recursos de Angola y los desenlaces de los ámbitos distintos conservados en esta ficha; por ello la revisión está incompleta.