Filesa

Condenas y cambios posteriores

La sentencia TS 1/1997 (causa especial 880/1991) se ha recuperado del CENDOJ. La copia actual tiene 41 páginas e incluye el auto aclaratorio de 6 de noviembre de 1997. Se han leído cabecera, fallo, aclaración y pasajes concretos, sin afirmar una lectura íntegra. La reproducción nominal del texto judicial y las resoluciones del BOE permiten verificar nombres sin deducirlos de los seudónimos de la exportación CENDOJ.

Los hechos probados sitúan la finalidad de financiación en las elecciones generales y europeas de 1989. Se retiran la referencia al referéndum de la OTAN, la fecha sintética del 1 de enero y la afirmación no revalidada de inicio del juicio el 1 de julio de 1997. La sentencia describe informes inexistentes o ficticios y facturas de proveedores del partido; no permite convertir automáticamente toda la financiación recaudada en daño al erario.

Las penas iniciales no son el estado final de todos los condenados. En particular, la STC 124/2001 anuló únicamente la condena de Sala por falsedad, manteniendo la de asociación ilícita. Los amparos de los demás recurrentes citados fueron desestimados. Los tres decretos de indulto son de diciembre de 2000, no de enero de 1998, y afectan a penas, sin absolver ni perdonar expresamente la responsabilidad civil.

Existe una discrepancia documental: el RD 2700/2000 resume la condena de Navarro con una sola falsedad de tres años, mientras que la sentencia y la STC 123/2001 recogen dos falsedades de tres años cada una, además de tres por asociación ilícita y dos por delito fiscal. Se conserva la pena judicial inicial de once años y la fórmula dispositiva del indulto, sin calcular por cuenta propia una liquidación de condena a partir de ese resumen incompleto.

Daño fiscal, financiación e indemnizaciones

El campo coste recoge exclusivamente la cuota fiscal defraudada de 258.827.765 pesetas reconocida en el fallo como reintegrable al Estado: 1.555.586,20 euros a la conversión nominal de 166,386 pesetas por euro, sin actualización por inflación. No se multiplica por los tres obligados solidarios. El mismo número aparece también como multa fiscal para cada uno: las multas no se suman al daño.

La sentencia menciona más de mil millones de pesetas recaudadas mediante informes; la prensa ha resumido la financiación en 1.200 millones. Ese volumen no equivale a la cuota fiscal ni justifica el coste heredado de 15,6 millones actualizado por inflación, que se retira. Las indemnizaciones privadas son partidas distintas: 35.840.000 pesetas para quienes ostentasen los derechos de Enasa y 244.000.000 para accionistas de Cepsa que resultasen perjudicados, si los hubiera, a determinar en ejecución. No se convierten en un daño público adicional ni se da por acreditado su cobro.

Garantías internacionales y Viajes Ceres

El dictamen ONU 1211/2003, aprobado el 11 de julio de 2006, declaró vulnerado el derecho de Oliveró a la revisión de la condena por un tribunal superior. Distinguió esa queja de otra sobre la acusación por asociación ilícita que declaró inadmisible. No es una sentencia absolutoria. Queda por documentar su cumplimiento y sus eventuales efectos procesales internos.

La sentencia TS 59/2022 pertenece al procedimiento de Viajes Ceres, seguido inicialmente en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid. Su estimación del recurso contra la prescripción no revisa las condenas Filesa de 1997. El Debate publicó en marzo de 2024 que se preparaba el juicio; no se ha obtenido una resolución posterior que acredite su celebración, sentencia o nuevo archivo. El anuncio periodístico no se transforma en un juicio efectivamente celebrado y sus importes no se añaden a esta ficha como daño probado.

Límites al 17 de octubre de 2026

No se ha reconstruido íntegramente la ejecución penitenciaria y civil, el cumplimiento del dictamen de la ONU ni el estado final de Viajes Ceres. No se infiere el cumplimiento de penas o pago de indemnizaciones por el tiempo transcurrido. El estado de condenas se refiere a la causa histórica, con la modificación constitucional indicada; completado: false y la ausencia de fecha final global reflejan los pendientes.

Los PDF del BOE son reproducciones de páginas completas y algunos contienen fragmentos de disposiciones o sentencias contiguas; los títulos de documentos lo advierten. Las fechas de actos, publicación y generación de la copia se distinguen. La descarga de un PDF no significa lectura íntegra de su contenido.