Caso Púnica - PP

El Caso Púnica, cuyo nombre policial alude al granado (Punica granatum) en referencia velada a Francisco Granados, es una de las mayores macrocausas de corrupción vinculadas a la contratación pública en España. El 27 de octubre de 2014, en una operación coordinada por el juez Eloy Velasco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a medio centenar de políticos, concejales, funcionarios y empresarios, a los que la investigación atribuyó integrar una trama que habría adjudicado contratos públicos por un volumen cercano a los 250 millones de euros a cambio de comisiones del 2 al 3 % que, según el sumario, se blanqueaban mediante un entramado societario. Esa cifra corresponde al importe de los contratos investigados, no a un perjuicio económico declarado probado. La red operaba principalmente en la Comunidad de Madrid, con ramificaciones en Murcia, León y Valencia, e intervino sobre todo en ayuntamientos y organismos gobernados por el PP, aunque también fueron juzgados y condenados cargos del PSOE y de una formación independiente.

La trama se articulaba en torno a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y consejero de la Comunidad, y al empresario David Marjaliza, a quienes la investigación sitúa coordinando la adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética a la multinacional Cofely (filial de GDF Suez) en municipios como Parla (54,7 millones), Móstoles (60,4 millones), Valdemoro (50,3 millones) y Collado Villalba (35,5 millones). La instrucción investigó también una presunta caja B del PP de Madrid que habría financiado irregularmente campañas electorales entre 2003 y 2011, mediante donaciones de empresarios a través de la fundación Fundescam, facturas por servicios inexistentes y sobrecostes en contratos de eventos musicales adjudicados a empresas como Waiter Music, de José Luis Huerta (fallecido en 2020 y no juzgado).

La macrocausa se dividió en una docena de piezas separadas a partir de 2015. La pieza principal (pieza 6, contratos de Cofely) se juzgó entre abril y septiembre de 2025 y fue sentenciada el 19 de diciembre de 2025 (hecha pública por el CGPJ el 22 de diciembre): la Audiencia Nacional condenó a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas acusadas —entre ellas seis exalcaldes y varios directivos de Cofely— y absolvió a los exregidores de Valdemoro y Almendralejo; a finales de febrero de 2026 un auto posterior rectificó a la baja la pena de David Marjaliza, de ocho años y dos meses a alrededor de cinco (cinco años y un mes según El País y Europa Press; cinco años según Cadena SER). La pieza murciana (reputación en internet) fue sentenciada en septiembre de 2025 con penas de hasta cuatro años, recurribles; su contenido se conoció por la prensa el 8 de septiembre de 2025, sin que conste en fuente primaria la fecha exacta del pronunciamiento. El 2 de julio de 2026 la Audiencia condenó a Granados a dos años y medio de cárcel por la pieza 7 (Waiter Music). El Tribunal Supremo confirmó en 2026 las inhabilitaciones de la pieza de León (publicidad institucional) —con el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón condenado a ocho años y seis meses—, confirmación dada a conocer el 24 de septiembre de 2026. En la pieza sobre financiación del PP de Madrid fueron imputados Ignacio González (2018) y, en 2019, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; sus causas fueron archivadas (Cifuentes en abril de 2021; Aguirre y González en octubre de 2022, confirmado por la Sala en noviembre de 2023). En mayo de 2026 se dio a conocer la apertura de juicio oral contra Granados y más de 40 acusados en la pieza 8 (suelo público y obras de Metro). Al cierre de esta revisión, varias sentencias están pendientes de recurso y varios juicios siguen pendientes.