Ordenadores Bárcenas

Esta causa se refiere al borrado y destrucción de los discos duros de dos portátiles usados por Luis Bárcenas en la sede del PP, no a las condenas de Gürtel, la caja B, la reforma de Génova o Kitchen. El resultado es la absolución firme del Partido Popular, Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno. El PP fue acusado como persona jurídica exclusivamente por daños informáticos; el encubrimiento se imputaba a las tres personas físicas. Se corrige el estado heredado de sobreseimiento: hubo juicio y sentencia absolutoria.

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid absolvió el 4 de septiembre de 2019. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial confirmó el fallo mediante sentencia 271/2020, de 13 de julio, que declara expresamente su firmeza desde esa fecha y que no cabe recurso. El 20 de julio fue la comunicación del CGPJ. Su nota menciona por error la Sección Sexta; el encabezamiento, identificación CENDOJ y firma del PDF judicial indican Séptima y se sigue la resolución.

Los hechos probados reproducidos y aceptados en apelación describen un borrado seguro de 35 sobreescrituras, seguido de rayado y descarte de los dos soportes. El proceso se sitúa en mayo de 2013 o fechas próximas; el nuevo disco del Apple recibió el sistema operativo los días 2 y 3 de julio. Eso ocurrió antes del requerimiento judicial de entrega de 16 de agosto, aunque la investigación sobre Bárcenas ya estaba abierta. Las fuentes nominales contemporáneas identifican a Moreno como ejecutor y a Durán como responsable jurídico que ordenó aplicar el protocolo. No se declara probada una intervención activa de Carmen Navarro en la decisión o ejecución.

La absolución no declara demostrado que los discos estuvieran vacíos: considera no acreditado que contuvieran datos al borrarse, su valor económico y que no existieran copias, así como la intención de perjudicar a Bárcenas o de impedir la acreditación de delitos. Tampoco se probó a quién pertenecía el Apple; el Toshiba era del PP. Por eso no se presenta a Bárcenas como propietario judicialmente reconocido de ambos equipos. Además de la valoración probatoria, la sentencia examinó la falta de legitimación de las acusaciones populares para sostener solas el delito de daños informáticos, tras la retirada de Bárcenas y la postura no acusatoria del fiscal; ese límite no se aplicó al encubrimiento, vinculado a la Administración de Justicia.

El auto de Pablo Ruz de 19 de septiembre de 2013, que remitió testimonio a los juzgados ordinarios de Madrid, reproduce el requerimiento de 16 de agosto y la diligencia de clonado de 29 de agosto. Se corrige la remisión fechada en octubre que figuraba en la ficha. Ese auto registra la presentación de los equipos el 19 de agosto, mientras los hechos probados posteriores citan el día 20; se conservan ambas referencias como discrepancia pendiente de cotejar con el registro original. La constatación forense del Toshiba sin disco y del Apple con indicios de cambio fue el 29, no el día de la entrega. La sentencia distingue también el disco averiado del Apple que había sido sustituido por encargo de Bárcenas en 2012 de los soportes tratados en 2013.

El procedimiento abreviado se acordó el 26 de julio de 2016. Bárcenas fue tenido por desistido de la acción penal el 14 de septiembre, con reserva de acciones civiles. El juicio oral se abrió el 30 de noviembre de 2017; Fiscalía formuló calificación absolutoria el 25 de enero de 2018 y la mantuvo en el juicio, según los antecedentes judiciales. No se convierte esa postura fiscal en defensa procesal del partido ni se reduce su razonamiento a la propiedad de los equipos. Las reclamaciones de multa de las acusaciones no son penas impuestas ni un coste patrimonial acreditado.