Caso Nazarí

La operación policial del 13 de abril de 2016 dio visibilidad a una investigación sobre distintas actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada. La hipótesis inicial de una trama organizada y las cifras de perjuicio difundidas durante la instrucción no son una declaración judicial de culpabilidad de todas las personas detenidas. La causa se dividió en seis piezas mediante providencia de 25 de abril de 2019.

Las ramas eran: las operaciones del promotor García Arrabal (Mulhacén, Progreso y Campus), San Jerónimo, Obispo Hurtado, Parking, Registro de la Propiedad de la calle Tórtola y convenio T1 o Palacio de Hielo. La información de balance de 2026 describe tres piezas archivadas, una terminada con absoluciones y dos encaminadas a juicio. No se han contrastado los autos completos que individualizan todos esos archivos, su modalidad y recursos. No procede conservar a todos los investigados iniciales como acusados actuales.

En Obispo Hurtado se examinó el edificio donde residían Torres Hurtado y Nieto. El Supremo inadmitió la casación de la acusación popular, según la noticia del 23 de mayo de 2024, quedando ratificada la absolución de ambos y del exdirector de Licencias. Fue una providencia de inadmisión, no una nueva sentencia que volviera a enjuiciar los hechos. Su fecha exacta no se deduce de la de publicación.

San Jerónimo se refiere a la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz. La apertura publicada en 2024 sufrió una retroacción conocida en febrero de 2025. En 2026 figuran cuatro acusados: Nieto, Lorente, Martín Herrera y un arquitecto del servicio, cuyo nombre completo no se ha contrastado. El promotor Romero aparece como responsable civil, condición distinta de acusado penal. La noticia del 22 de septiembre de 2026 documenta un auto del día 19 que devuelve el asunto desde la plaza penal 3 a la Audiencia por competencia. No se ha verificado un señalamiento posterior ni sentencia.

Mulhacén examina la modificación de una concesión sobre suelo municipal de uso deportivo y el desarrollo del pabellón y negocios anexos. El auto de 22 de abril de 2026, difundido por Granada Hoy, abre juicio contra cinco personas. El Independiente detalla que dos antiguos funcionarios quedan fuera mediante sobreseimiento provisional y que las distintas acusaciones no se dirigen contra las mismas personas. La Fiscalía acusa a Nieto, al promotor y a Agustín B.; otras partes amplían la acusación a los cinco. Las penas solicitadas no son penas impuestas. No se han leído los autos originales para resolver todas las identidades y alcances individuales.

La fianza conjunta de cinco millones garantiza posibles responsabilidades: no es una indemnización ya concedida ni se multiplica por cada obligado. Las pretensiones de nulidad de licencias tampoco equivalen a una orden penal firme de demolición. El litigio contencioso sobre los estudios de detalle del entorno Mulhacén tiene objeto y efectos propios, distintos de la responsabilidad penal. No se suma su impacto potencial al daño de Nazarí.

Serrallo discurrió en paralelo y se incluye aquí solo para evitar confundir sus resultados. La STS 859/2022, de 2 de noviembre, confirmó la condena por prevaricación administrativa de Nieto (siete años de inhabilitación como concejal), Martín Herrera (siete para empleo municipal) y García Arrabal (tres años y seis meses para concejal o funcionario municipal). Torres Hurtado, Lorente, Telesfora Ruiz y otros acusados fueron absueltos. El fallo desestima los recursos de condenados y acusaciones y resuelve sus costas. Esas condenas no prueban los hechos de Mulhacén o San Jerónimo; tampoco se presenta la noticia de un eventual amparo como si anulara por sí misma el fallo.

No se fija coste global: estimaciones policiales, obligaciones de concesión, fianzas y reclamaciones civiles tienen distinta naturaleza. Al corte del 15 de octubre de 2026 subsisten lagunas relevantes sobre originales de autos, identidades de algunos técnicos, recursos y posibles señalamientos posteriores.