Emarsa - PP

Emarsa (Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia, S.A.) fue una sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Valencia y municipios de su área metropolitana que gestionaba la depuradora de Pinedo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nº 349/2018, de 19 de junio (rollo de sala 2/2015), declaró probado que entre 2004 y 2010 sus responsables articularon un sistema de facturación fraudulenta —servicios no prestados o sobrevalorados y un incremento injustificado del precio que la entidad pública EPSAR pagaba a Emarsa por la gestión de lodos y desbaste— que desvió 23,5 millones de euros de fondos públicos. La sentencia condenó a las 24 personas acusadas en la pieza principal, con penas de entre 9 meses y 12 años y seis meses de prisión, y fijó indemnizaciones conjuntas y solidarias de hasta 23.501.620,35 euros para los principales responsables. La sentencia del Tribunal Supremo nº 482/2020, de 30 de septiembre (ROJ STS 3893/2020, ECLI:ES:TS:2020:3893; recurso 3391/2018), confirmó el grueso de las condenas —Esteban Cuesta 12 años y 6 meses, Enrique Crespo 10 años y José Juan Morenilla 9 años— y estimó parcialmente los recursos de cinco condenados, rebajando la pena a cuatro de ellos (el informático Sebastián García «Chanín», Eva Marsal, Adolfo Polo y Mari Paz García, a quien además cambió la calificación de cooperadora necesaria por la de cómplice de malversación).

El expresidente de Emarsa Enrique Crespo, exalcalde de Manises (PP) y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, fue condenado a 10 años de prisión; el exgerente Esteban Cuesta, a 12 años y 6 meses (la pena más alta). José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer eran directivos de la entidad pública EPSAR (no de Emarsa). Los principales condenados ingresaron en prisión en noviembre de 2020. La causa ha tenido piezas separadas: una condena del Juzgado de lo Penal nº 6 de Valencia de 11 de enero de 2021 por delitos fiscales (IVA) a Crespo, Cuesta y el empresario Jorge Ignacio Roca —con EMSHI como responsable civil subsidiaria—, confirmada en apelación el 30 de julio de 2021 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia; esa condena quedó subsistente en casación, al desestimarse los recursos por inadmisibilidad (art. 884.2 LECrim) sin examinar el fondo por el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de marzo de 2023, conocida el 4 de abril; una sentencia absolutoria de 2016 (pieza de la lotería) para Crespo y sus familiares; y el enjuiciamiento aparte del empresario José Luis Sena, que se conformó en mayo de 2021 con cuatro años de cárcel.

Alcance y límites: esta ficha se refiere a la pieza principal y a sus resoluciones firmes del Tribunal Supremo de 2020; las piezas separadas tuvieron resultados propios. La cifra penal (23,5 millones) no equivale ni se suma a la fijada por el Tribunal de Cuentas (20.490.817 euros) ni al volumen de facturación investigado (unos 40 millones pagados a unas 35 empresas, cifra no judicial). El inicio de la causa se sitúa en la denuncia del PSPV de octubre de 2010, de la que no consta el día exacto. La información oficial más reciente es de 2025: el acta de la Asamblea de EMSHI de 27 de febrero de 2025 recoge la ejecución de la responsabilidad civil subsidiaria de EMSHI en la pieza del IVA —recurso de revisión desestimado por auto del Juzgado de lo Penal nº 5 de Valencia de 4 de julio de 2024 frente a la liquidación de intereses de 13 de marzo de 2024, declarado firme por providencia de 20 de septiembre de 2024—. No constan resoluciones firmes nuevas de 2025 o 2026 sobre la pieza principal ni sobre el resto de la macrocausa, y la ausencia de noticias posteriores no permite dar el caso por cerrado. La última resolución judicial de la pieza separada del IVA es la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2023 (que desestimó los recursos por inadmisibilidad, sin examinar el fondo), conocida el 4 de abril.