Caso Avialsa
PPCondenas por las adjudicaciones y dádivas de Avialsa en 2025, con firmeza individual no contrastada y otras ramas con resultados diferentes.
- Estado judicial
- Resultados mixtos
- Coste registrado
- 33 millones €
- Implicados
- 6
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
El caso Avialsa reúne el núcleo valenciano de adjudicaciones y dádivas examinado en la sentencia del Cártel del Fuego y otras ramas judiciales que deben distinguirse. En la sentencia 4/2025 de la Audiencia Nacional, de 5 de febrero, Serafín Castellano fue condenado a un año y nueve meses de prisión por cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, en concurso, y a cinco años de inhabilitación absoluta. Fue absuelto de asociación ilícita. Vicente Huerta recibió un año y nueve meses por aquel conjunto de delitos y otros seis meses y quince días por el concierto para alterar precios: dos años, tres meses y quince días en total. Francisco Alandí quedó exento de responsabilidad penal por el delito de alteración de precios y absuelto de asociación ilícita y falsedad mercantil.
El contrato valenciano adjudicado a Avialsa el 1 de marzo de 2010 ascendió a 22.657.852,44 euros, según el BOE. Es volumen de contratación, no una cifra de daño. La sentencia describe regalos a Castellano y su entorno por no menos de 167.177,02 euros, más entregas puntuales de efectivo. Distingue una indemnización al Estado de 234.133,02 euros del resto de cantidades relativas a la Generalitat. La fundamentación recoge tres partidas valencianas que no se reproducen expresamente en el apartado condenatorio correspondiente del fallo; no se ha contrastado un auto de aclaración sobre esa diferencia.
La sentencia se dictó como no firme y ofreció apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Público informó en agosto de 2025 de recursos de empresas, descritos como casación ante el Supremo; falta la documentación que permita cerrar su itinerario y la firmeza individual de Castellano y Huerta a 15 de octubre de 2026. La conformidad no permite presumirla. En otra causa, sobre operaciones urbanísticas de Quartell y Alfara de Algimia, el juicio contra Huerta, Francisco Huguet, Emilio Máñez y otros acusados fue suspendido el 4 de mayo de 2026 para estudiar una pericial. No se ha contrastado su reanudación ni un fallo posterior. La investigación sobre el fraccionamiento de contratos a Taroncher había sido archivada para Castellano en 2020; ese archivo no corresponde a las adjudicaciones aéreas sentenciadas en 2025.
Desarrollo y fuentes
El núcleo de esta ficha es la relación entre Serafín Castellano y Avialsa en la contratación valenciana de medios aéreos. Forma parte de los hechos juzgados en la sentencia 4/2025 del Cártel del Fuego, por lo que sus resultados y cantidades no deben sumarse a los de la ficha general como si fueran otro procedimiento independiente. Las causas fiscales, urbanísticas y de contratos a Taroncher tienen objetos y desenlaces diferentes.
El BOE documenta una adjudicación a Avialsa de 22.657.852,44 euros el 1 de marzo de 2010. La sentencia examina una relación más amplia: considera que las adjudicaciones, modificaciones y pagos se decidían para favorecer a Avialsa y que Huerta entregó a Castellano y su entorno regalos por no menos de 167.177,02 euros, además de efectivo. Ese valor de las dádivas tampoco equivale al volumen contratado ni a una indemnización por todos los hechos.
La condena de Castellano es una pena única de un año y nueve meses de prisión por cohecho, prevaricación, malversación y falsedad oficial en concurso, con cinco años de inhabilitación absoluta y otras accesorias. No se suman cuatro penas de prisión por los cuatro delitos. Huerta recibe un año y nueve meses por ese núcleo, más seis meses y quince días por alteración de precios, y cuatro años, cuatro meses y quince días de inhabilitación absoluta, además de las restantes penas. Ambos son absueltos de asociación ilícita; Huerta también de falsedad mercantil.
Alandí reconoció su participación y aportó documentación que permitió investigar el cártel. Su resultado tiene dos componentes: exención penal por alteración de precios, mediante la excusa absolutoria, y absolución de asociación ilícita y falsedad mercantil. La nota del CGPJ habla de cuatro absueltos además del exento, mientras el fallo íntegro contiene tres absoluciones plenas y una exención. También consta la retirada de la pretensión contra un partícipe a título lucrativo. Se sigue aquí la parte dispositiva, sin convertir esa retirada en otra absolución penal.
Las consecuencias económicas exigen distinguir destinatarios y conceptos. El fallo fija 234.133,02 euros a favor de la Administración General del Estado por un concurso declarado desierto para volver a licitarlo con un incremento de precio. No es la valoración total del daño valenciano. La fundamentación sobre responsabilidad civil recoge además, para Huerta y Castellano, tres partidas a favor de la Generalitat: 904.407,28 euros, 874.676 euros y 118.322,40 euros, con responsabilidad subsidiaria de sociedades del grupo. Estas partidas no se reproducen expresamente en el apartado C del fallo, relativo a esos acusados, y no se ha contrastado una aclaración o decisión posterior que resuelva esa diferencia. No se publica un coste agregado a partir de ellas.
La sentencia también impone a Avialsa y otras compañías nueve meses de prohibición de contratar con las administraciones públicas. Esa medida se distingue de las indemnizaciones, multas y decomisos. La información de Público de agosto de 2025 recoge recursos empresariales y declaraciones de Titan, sucesora de Avialsa, sobre la continuidad de su actividad. No permite afirmar que los nueve meses se hayan cumplido ni que todas las condenas personales sean firmes. El original ofrece apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; falta cerrar documentalmente el itinerario posterior descrito por la prensa como casación.
El nombre Avialsa aparece también en otros procedimientos. La rama de contratos a Taroncher fue archivada para Castellano en 2020. La condena fiscal de Huerta conocida en julio de 2023 no afectaba a Castellano. Por su parte, el juicio urbanístico de mayo de 2026 se refiere a operaciones en Quartell y Alfara de Algimia: se suspendió para estudiar una pericial. Huguet y Máñez no se presentan por ello como condenados en la sentencia aérea, ni se trasladan aquí las condenas de Imelsa mencionadas en las noticias sobre ellos.
Persisten límites de documentación. El texto judicial menciona denuncias de Alandí de los días 9 y 27 de octubre de 2014 en pasajes distintos, y sitúa el inicio del juicio en el 24 de septiembre de 2024 en los antecedentes y en el día 23 en otros pasajes. Se conservan esas diferencias sin forzar una fecha única. Tampoco se han contrastado los autos de los recursos posteriores, la firmeza individual ni la reanudación de la rama urbanística. Esas lagunas impiden dar la revisión por plenamente cerrada a 15 de octubre de 2026.
Documentos relevantes
- Ver
SAN 138/2025, de 5 de febrero (nº de resolución 4/2025; ECLI:ES:AN:2025:138): sentencia del 'cártel del fuego' de la Audiencia Nacional
2025 · PDF · 94 páginas
Cronología
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Adjudicación del contrato valenciano de aviones
Avialsa T-35 resulta adjudicataria por 22.657.852,44 euros frente a un presupuesto base de 22.662.352,44 euros. El anuncio fue firmado el 17 de marzo y publicado en el BOE el 30: son fechas distintas de la adjudicación.
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Se publican las cacerías de Castellano con Huerta
laSexta informa sobre las jornadas de caza del conseller con el empresario adjudicatario. Castellano y la empresa rechazan entonces los tratos de favor. Es la fecha de esta publicación, no la de las cacerías.
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Inicio de las diligencias judiciales
Los antecedentes de la sentencia identifican la incoación de las diligencias 514/2015 en el Juzgado de Instrucción 1 de Sagunto, tras la denuncia de Fiscalía. Repartidas al Juzgado 2, dieron lugar a las diligencias 719/2015 por auto de 2 de junio. La denuncia del exgerente se había presentado en 2014.
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Detención de Castellano y cese como delegado
Se conocen la detención y los regalos investigados. El Real Decreto 422/2015 dispone ese día su cese como delegado, cargo para el que había sido nombrado en junio de 2014. La investigación se refiere a su actuación como conseller, no a adjudicaciones de la Delegación del Gobierno.
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Se conoce el levantamiento del secreto
SER informa de un auto notificado ese viernes que levanta el secreto. No se equipara el día de notificación a una fecha de firma del auto no contrastada. La causa incluía entonces más de treinta personas y una veintena de empresas investigadas.
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Inhibición a favor de la Audiencia Nacional
El Juzgado de Sagunto se inhibe mediante auto de esta fecha. Según los antecedentes de la sentencia, el Juzgado Central de Instrucción 6 asume la competencia el 7 de junio de 2017 y abre las diligencias 43/2017.
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Se conoce el archivo de la rama Taroncher para Castellano
Valencia Plaza informa de que el Juzgado de Instrucción 19 de Valencia archiva el procedimiento por el supuesto fraccionamiento de contratos al empresario fallecido José Miguel Pérez Taroncher. Es un archivo de hechos diferentes a los contratos aéreos.
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Apertura de juicio oral de la causa aérea
Los antecedentes de la sentencia 4/2025 identifican el auto de apertura de juicio oral de esta fecha, tras el auto de continuación del procedimiento abreviado de 11 de mayo de 2022.
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Se conoce una condena fiscal de Huerta en otra pieza
elDiario.es informa de una condena de Huerta por nueve delitos fiscales y falsedad mercantil en Sagunto, con cinco acusados absueltos. La noticia describe además suspensión o sustitución de las penas, sin que se haya contrastado aquí el original para cerrar sus condiciones. Castellano no estaba acusado en esa pieza.
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Conformidades de Castellano, Huerta y otros acusados
Se conocen sus reconocimientos de los hechos y las peticiones fiscales reducidas. Son solicitudes previas al fallo de febrero de 2025. Los antecedentes de la sentencia sitúan el comienzo de la vista el 24 de septiembre; otros pasajes citan el día 23. No se afirma que el señalamiento inicial hasta el 20 de noviembre equivalga a las sesiones efectivamente celebradas.
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Sentencia 4/2025 del Cártel del Fuego
La Audiencia Nacional condena a doce personas, declara exento por alteración de precios a Alandí y contiene tres absoluciones plenas. Castellano recibe un año y nueve meses y Huerta dos años, tres meses y quince días en total. El fallo fija la indemnización al Estado de 234.133,02 euros y nueve meses de prohibición de contratar para varias empresas, incluida Avialsa. Admite apelación. La prensa difundió la resolución el día 6; la nota del CGPJ está fechada el día 7.
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Se informa de recursos de empresas
Público informa de recursos y de la continuidad de la contratación, e identifica Avialsa con su sucesora Titan. Los describe como casación ante el Supremo, mientras el fallo inicial ofrecía apelación. No se ha contrastado la cadena completa de resoluciones ni se deduce de esa noticia la firmeza individual actual de los condenados.
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Se suspende el juicio de la rama urbanística
La Audiencia Provincial de Valencia suspende la vista contra diez acusados, incluidos Huguet, Máñez y Huerta, para estudiar una pericial aportada por las defensas. Las peticiones fiscales de prisión e inhabilitación no son penas impuestas y las noticias discrepan sobre sus totales. No se ha contrastado reanudación, nuevo señalamiento ni fallo posterior.
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