Caso Ópera - PP

La Operación Ópera fue una investigación judicial que examinó durante ocho años la adjudicación irregular de contratos menores por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, gobernada ininterrumpidamente por el Partido Popular bajo la presidencia de Juan José Imbroda. La causa tuvo su origen en 2009, cuando la Guardia Civil investigaba a la empresa local Construcciones El Porvenir por blanqueo de capitales y encontró documentación relacionada con contratos menores irregulares firmados con la administración autonómica. En septiembre de 2013, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó registros en el Palacio de la Asamblea y en diversas dependencias del Gobierno de Melilla, y el empresario Abdelkader Kassem fue detenido como primer arrestado. Un mes después, en octubre de 2013, fueron detenidos el consejero de Medio Ambiente José Ángel Pérez Calabuig, su director general José Pastor, el técnico Luis Carlos López Rueda y el interventor accidental Francisco Platero.

La investigación se centró en presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales. La UCO detectó que contratos de servicios de mantenimiento de jardines, limpieza, seguridad y otros servicios habían sido fraccionados en contratos menores para eludir los procedimientos de licitación pública. Las empresas principalmente investigadas fueron Eulen, Himosa (empresa de mantenimiento), Hispanagua (filial de Canal de Isabel II) y Proyectos Melilla S.A. (Promesa). Según la UCO, se adjudicaron en torno a 10 millones de euros a través de contratos menores sin seguir los procedimientos legales, y solo Himosa había facturado 34,5 millones de euros al Gobierno de Melilla entre 2004 y 2012.

A pesar de la espectacularidad de la operación policial y de que llegaron a imputarse hasta ocho de los once consejeros del Gobierno de Imbroda, la causa fue archivada progresivamente. En 2019, la jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla decretó el sobreseimiento provisional, señalando que "no resulta acreditada la comisión de los hechos objeto de investigación penal de modo alguno" y que el plazo máximo de instrucción había vencido el 5 de diciembre de 2018. En octubre de 2020, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede permanente en Melilla, ratificó el sobreseimiento definitivo tras rechazar el recurso de la Fiscalía. Imbroda presentó en rueda de prensa el auto judicial y lo calificó como "una prueba de la honestidad de la gente del PP".