PGOU Valladolid

Penas y erratas de los textos publicados

La sentencia de 2019 distingue la condena por falsedad y prevaricación de García de Coca de la de patrimonio histórico. Esta última impone un año y nueve meses de inhabilitación especial, sin añadir prisión. La fundamentación fija seis meses de multa con cuota diaria de 15 euros para la primera condena y otros tres meses de multa por la segunda. No se suman penas de distinta naturaleza como si fueran un único período de cárcel.

Para Mezquita y Álvarez Aller, el fundamento octavo fija un año y tres meses de prisión, inhabilitación y cuatro meses y quince días de multa a 15 euros diarios. El fallo inicial publicado omitía la prisión al describir a Álvarez Aller y expresaba la cuota de García de Coca como «15 días». La STS 119/2022, página 7, reproduce un auto de rectificación de la misma fecha que la sentencia de instancia: sustituye la expresión por quince euros y corrige el pasaje de la pena para recoger un año y tres meses de prisión y cuatro meses y quince días de multa. También precisa las costas de oficio, incluidas las de la acusación popular. No se ha recuperado por separado ese auto, pero su existencia y contenido ya no quedan como una conjetura.

Subsiste una discrepancia con la crónica de Europa Press, que cifra la multa de los técnicos en 1.350 euros, frente a la duración y cuota recogidas en los textos judiciales. Se conservan estas últimas sin inventar una liquidación ni un justificante de pago; la ejecución efectiva sigue pendiente de cotejo.

Los nombres de los condenados y Cerezo Bada se contrastan en prensa nominativa; no se deducen de las iniciales del PDF ni de los pseudónimos de la transcripción del Supremo. Se retira de la lista de implicados a León de la Riva al no detallar aquí una responsabilidad penal acreditada para él; su condición de alcalde durante los hechos no equivale a condena. No se conserva sin resolución original la explicación heredada sobre su exclusión. La prescripción de otros investigados y la retirada de cargos a Cerezo son resultados distintos; no se mantiene el cómputo de once excluidos que no coincide con la secuencia descrita en la fuente leída.

Hechos y alcance de la revisión

El original judicial describe una aprobación provisional municipal de marzo de 2003, aprobación autonómica con salvedades y envío del documento único en enero de 2004. No se limita a un intervalo entre diciembre y febrero ni se afirma que cada uno de más de ochenta artículos fuera objeto de una condena penal. Se retira esa cifra agregada no contrastada y las fechas artificiales de 1 de enero y 1 de junio de 2008 o 1 de febrero de 2014. Las diligencias previas fueron las 3632/2008, pero no se fija un día de incoación sin documento cotejado.

Revisión a 17 de octubre de 2026. Se descargó el PDF oficial de 41 páginas de la SAP337/2019 y se leyeron encabezamiento, pasajes de hechos y fundamentos finales sobre delitos, dilaciones y penas, y fallo; no las 41 páginas completas. Se consultaron encabezamiento, antecedentes iniciales y fallo de la transcripción de la STS119/2022 en vLex y el cuerpo completo de Europa Press de febrero de 2022. El primer acceso al PDF del Supremo quedó bloqueado, pero se recuperó después su versión oficial de CENDOJ, de 21 páginas. Se cotejaron la cabecera, antecedentes y pasajes seleccionados, el auto de rectificación reproducido en la página 7 y el fallo de la página 21; no se ha leído toda la fundamentación de casación. Se incorpora el PDF con enlace y metadatos verificados.

La revisión no ha recuperado los originales de la prescripción, retirada de cargos, el auto de rectificación por separado, declaración de firmeza o ejecución. No se ha cuantificado un daño público y no se añade coste. Las búsquedas de evolución posterior no localizaron una resolución que altere las condenas descritas, pero no certifican una consulta exhaustiva ni el cumplimiento de las penas. Se mantienen pendientes esos extremos y se separan de litigios contenciosos posteriores sobre otros instrumentos urbanísticos o licencias.