Caso Perla Negra

Responsabilidades y magnitudes

La cifra heredada de 38 millones de euros no se conserva como coste: mezclaba estimaciones sobre operaciones diferentes sin acreditar que fuese el daño fijado en sentencia. La noticia de El Español reproduce la posición de la Junta: 4.512.066,29 euros de responsabilidad civil por el edificio, de forma solidaria entre Delgado y los dos empresarios de Urban Proyecta, con responsabilidad subsidiaria de la sociedad; y 2.026.198,37 euros por los terrenos de Portillo, a cargo de Delgado y los cuatro empresarios de esa operación, con responsabilidad subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba. Se describen por separado, sin sumar cuotas entre responsables solidarios ni confundirlas con multas o precio de compra. La conformidad parcial de la Junta con el fallo no acredita que esas cantidades estuviesen ya pagadas.

No se condenó a los seis empresarios a la misma pena. Las noticias distinguen los once meses de Martín Giraldo y Román Montes de los siete meses y multa de los otros cuatro. La información nominativa de Europa Press identifica a estos dos primeros por violación de secretos en concurso con tráfico de influencias, mientras otras crónicas resumen solo uno de esos delitos o incluyen absoluciones parciales; el fallo anonimizado cotejado distingue condenas por los hechos del edificio y absoluciones por los de Portillo. La identificación individual sigue atribuida a la cobertura nominativa, sin establecer correspondencias entre nombres y seudónimos. También se omite una suma global de años de cárcel o inhabilitación.

La prensa presenta discrepancias adicionales: para Sacristán, Europa Press indica dos años, un mes y quince días, mientras elDiario.es escribe dos años y catorce días; para Delgado, algunas crónicas agregan las inhabilitaciones y otras las separan. Se sigue la información que separa tres años y seis meses por prevaricación y seis por malversación. El fallo oficial distingue la inhabilitación especial de tres años y seis meses y otra que denomina literalmente absoluta de seis años, relacionada con cargos o empleos que impliquen gestión o contratación pública. También recoge una pena de dos años, un mes y quince días por prevaricación, concordante con la duración que Europa Press atribuye a Sacristán; no se identifica a una persona a partir del seudónimo. El apellido Armero aparece como Arnero en otra noticia; no se completan identidades desde iniciales de un comunicado ni desde pseudónimos judiciales. Se retiran las fechas detalladas de desempeño de cargos no revalidadas.

Historia y límites documentales

El contexto periodístico sitúa el inicio de la instrucción en 2013 y las operaciones investigadas desde 2005. Se retiran el 1 de enero de 2005, el 31 de diciembre de 2011 y la fecha exacta de inicio de causa de 25 de octubre de 2013 al no haber quedado cotejadas con los documentos originales. Tampoco se conserva la afirmación de que la Fiscalía fuese autora de un escrito firmado por un denunciante particular: son actuaciones distintas cuyo recorrido requiere documentación. La sentencia y la cobertura confirman el juicio celebrado en 2024; no se conserva como hecho consumado una previsión de deliberación en octubre ni se afirma que fueran once años completos de instrucción.

Revisión a 17 de octubre de 2026. Se leyó la cobertura nominativa de las condenas de enero de 2025, la noticia completa de Europa Press/SER de marzo sobre los recursos y pasajes históricos de las fuentes heredadas. Se comprobó el encabezamiento de la SAP3/2025 en Iberley, con ECLI y procedimiento; el acceso al resto del texto quedó limitado. El primer acceso a CENDOJ quedó bloqueado, pero en la revisión se recuperó el PDF oficial anonimizado: 130 páginas. Se leyeron la cabecera de la página 1 y las páginas 127–130, con el fallo completo, responsabilidades civiles, costas y advertencia expresa de que la sentencia no era firme y admitía casación. No se ha leído íntegramente el resto de sus fundamentos ni recuperado la copia nominal de 309 páginas mencionada por la prensa. Se incorpora a documentos la versión oficial de 130 páginas, con enlace y metadatos verificados.

No se recuperaron los originales de los autos históricos, la admisión de cada recurso ni una sentencia de casación posterior. Las búsquedas de 2025 y 2026 devolvieron también información sobre la trama eólica, otros litigios fiscales y casos homónimos ajenos: no se trasladan sus resultados a Perla Negra. El estado se describe con el último hito de recursos contrastado, sin certificación de vigencia procesal exhaustiva ni firmeza. La revisión queda pendiente de esos originales, de los fundamentos no cotejados y de una copia nominativa que permita completar la comprobación individual. El fallo dispone además remitir la resolución al Tribunal de Cuentas; no se deduce de esa remisión la existencia de una condena contable posterior.