Caso Osvaldos

Osvaldos se refiere a la adjudicación de contratos del Hospital General Universitario de Valencia entre 2005 y 2014 y a sociedades utilizadas para canalizar comisiones. La información retrospectiva de 2022 sitúa el origen en una denuncia de Esquerra Unida de abril de 2014, sin aportar el día exacto que permita mantener el 23 de abril de la ficha anterior. Marina Albiol intervenía en la denuncia, no como acusada. Rafael Blasco aparece como familiar del exgerente; su condena en Cooperación no es una condena en Osvaldos. Por eso ambos se separan de la lista de encausados.

El CGPJ comunicó el resultado el 25 de junio de 2026: seis condenados y cinco absueltos después del juicio celebrado entre el 16 de septiembre y el 4 de diciembre de 2025. La nota corresponde a la Sección Primera de la Audiencia, dato que prevalece sobre referencias periodísticas a la Quinta. La publicación y notificación no acreditan por sí solas la fecha exacta de firma de la sentencia.

Sergio Blasco recibe siete años de prisión por fraude, blanqueo y cohecho en concurso con falsedad, además de inhabilitación por prevaricación. La nota oficial suma diecinueve años de inhabilitación y multas superiores a dos millones. Tres empresarios reciben tres años y dos meses cada uno, y los otros dos condenados, dieciséis meses. Las identidades completas publicadas por elDiario.es permiten distinguirlos de los cinco absueltos, incluido Francisco José Blasco. Sin el fallo original no se completa por inferencia el detalle de todas las multas, inhabilitaciones y responsabilidades individuales.

La absolución de Sergio Blasco por malversación es relevante: el tribunal no constató daño patrimonial a la Administración porque no se probó que los bienes y servicios contratados no se prestaran efectivamente. También lo absuelve de negociaciones prohibidas. Esto no elimina los demás delitos que la Sala considera acreditados, pero impide llamar a todo el volumen de contratos “dinero robado”.

Los aproximadamente 30–35 millones citados durante la instrucción se referían a adjudicaciones investigadas. Las comisiones que recoge la nota judicial ascienden a 1.022.628 euros. El decomiso acordado es de 1.028.361 euros: responde el exgerente y, solidariamente en cantidades determinadas por su participación, los otros condenados. No se suma a las comisiones como un segundo daño ni se multiplica por el número de obligados. Los 529.218 euros de gastos particulares que menciona el CGPJ tampoco se añaden automáticamente como una cantidad independiente; la nota advierte además que no todos los viajes se consideraron delictivos.

El relato de 2022 aludía asimismo al archivo de una rama internacional. Sin su resolución original no se extiende a ella la condena del juicio principal, ni se mantienen investigaciones actuales por las sospechas de entonces. Las declaraciones de una acusada o sus acuerdos con Fiscalía se distinguen del resultado final para cada persona.

La sentencia difundida admitía recurso de casación. Al corte del 15 de octubre de 2026 no se ha contrastado la posterior presentación o resolución de recursos ni su firmeza individual. No se dispone de la sentencia original anunciada de 483 páginas, por lo que no se añaden documentos judiciales y la revisión permanece incompleta.