Gürtel/Caja B PP Valencia

El procedimiento se centra en las campañas de 2007 y 2008 y en la tributación de Orange Market y sus responsables. La creación de la empresa en 2003 y las primeras actuaciones generales de Gürtel no se utilizan como fechas exactas de inicio de esta pieza. La contratación electoral se sitúa a finales de 2006, sin un día preciso acreditado.

Los empresarios pagaban servicios electorales del PPCV mediante dinero en efectivo y facturas que describían prestaciones que no habían recibido. La apelación señala que aceptaron el acuerdo con la esperanza de obtener ventajas en futuras adjudicaciones. Esa conclusión no permite presentar todos los contratos de la Generalitat como contraprestaciones individualmente probadas. Tampoco se juzgó aquí a Francisco Camps: su presencia en el relato y sus otras causas no equivalen a una condena en este procedimiento.

Las cantidades deben leerse por separado. La información de RTVE sobre la sentencia cifra en unos 2,036 millones de euros los servicios electorales no facturados ni contabilizados de las tres campañas y en algo más de 1,2 millones las aportaciones confesadas por empresarios. Son conceptos de financiación electoral, no una valoración del perjuicio a las arcas públicas. Por ello se retira la cifra de 3,4 millones como coste del caso. El fallo contiene además responsabilidades tributarias: 1.212.612 euros por el impuesto de sociedades y el IVA y 343.977 euros por el IRPF de Álvaro Pérez, con los intereses y responsables que especifica. Las multas son sanciones distintas y la apelación redujo las fiscales impuestas a Correa; no se suman todos estos conceptos en una sola cifra de daño.

Las penas de los cargos del partido responden a delitos electorales y falsedad documental, con la excepción de Yolanda García, condenada como cómplice de un delito electoral. La calificación descriptiva de financiación ilegal no debe confundirse con una condena por el tipo autónomo incorporado al Código Penal después de estos hechos. Las penas de los responsables empresariales incluyen también delitos tributarios. Vicente Rambla fue absuelto, y las condenas no acreditan enriquecimiento personal de los cargos políticos.

La sentencia de apelación de 3 de junio de 2019, publicada judicialmente el 12 de junio y comunicada por el CGPJ el 18, cierra los recursos ordinarios de esta pieza: su fallo dice expresamente que no cabe recurso. No es una sentencia del Tribunal Supremo. Mantiene las condenas y los pronunciamientos no recurridos, salvo la reducción de determinadas multas fiscales de Correa.

La ejecución requiere cautelas adicionales. La información de junio de 2019 sobre Costa explica una suspensión condicionada de la prisión y una multa adicional a la original. Las noticias difieren al expresar los trabajos comunitarios en horas o como un año de servicios; sin el auto íntegro no se fija aquí su duración jurídica. Tampoco se afirma que las penas estén extinguidas ni que todos los condenados hayan cumplido las mismas condiciones. RTVE informó el 27 de marzo de 2026 de la libertad condicional de Pablo Crespo tras más de doce años en prisión. La noticia se refiere a su situación penitenciaria por el conjunto de condenas, por lo que no acredita por sí sola la conclusión de esta ejecutoria al 15 de octubre de 2026.

Fuentes adicionales: fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, fuente 5, fuente 6, fuente 7.