Caso Gürtel - Contratos de la Generalitat Valenciana (pieza 5ª)

Esta ficha corresponde a la pieza 5ª de las diligencias 275/08, enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el procedimiento abreviado 3/2016. La fecha de inicio identifica su formación separada el 4 de febrero de 2013; los hechos enjuiciados abarcan 2004-2009.

La sentencia enumera contratos de Presidencia —Guía de la Comunicación, memorias USB, Grandes Eventos de Fitur 2009 y Volvo Ocean Race—, Bienestar Social, Educación y Sanidad, así como de VAERSA, Proyecto Cultural de Castellón, SEPIVA y La Luz de las Imágenes. Describe adjudicaciones directas, concurrencia simulada, fraccionamiento y distribución de facturación entre sociedades y organismos. No equivale a la pieza 3ª de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo en Fitur, aunque también contiene una contratación relacionada con esa feria. La financiación electoral, la visita del Papa, los trajes y la primera época de Gürtel tienen procedimientos y fallos propios: sus condenas e importes no se agregan a los de esta pieza.

La sentencia de 27 de mayo de 2024 condenó a Correa, Crespo, Pérez, Magariños, Jordán, Caballer, Navarro, Díaz Quintero, Farnós, Bort y Herrero. Absolvió a Camps, Ibars, José Manuel Vidal Vidal, Mary Patricia Callaghan, Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández Miñana, David Serra, Rafael Peset Pérez, María de la Paz Aviñó Primo, Manuel Cervera, Luis Rosado, María Inmaculada García Pardo, Paula de Cubas Carrasco y María Aránzazu Vallés Testera. Las conformidades y reconocimientos de hechos de varios acusados no permiten atribuir culpabilidad a los absueltos. Respecto de Camps, el tribunal no consideró probada su intervención para conseguir la contratación investigada. El fallo también declaró extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de Antonio Santo Juan y Juan Miguel Bellver.

El PDF adjunto contiene el texto original de 232 páginas. EFE informó el 7 de octubre de 2024 de una rectificación de una de las penas de Herrero, de tres años a tres meses. Al no haberse obtenido el auto íntegro ni la ejecutoria, no se ofrece un total definitivo para él ni se asegura la firmeza individual de las condenas. El desistimiento de la Fiscalía en noviembre de 2024 y su petición de inadmisión en febrero de 2025 no equivalen a una decisión judicial sobre la acusación popular. En septiembre de 2026 esta todavía reclamaba una resolución de admisión, según su escrito recogido por Europa Press. No se dispone de una resolución posterior acreditada al cierre de la revisión.

La responsabilidad civil conjunta y solidaria se limita a la participación en cada expediente y su cuantía quedó pendiente de ejecución. También se declararon responsables civiles subsidiarias siete sociedades y se remitió testimonio al Tribunal de Cuentas. El volumen contratado, las multas, los comisos y la indemnización son conceptos distintos; no se ha fijado un coste global a partir de ellos.

Fuentes: sentencia 10/2024, desistimiento fiscal conocido el 25 de noviembre de 2024, petición fiscal conocida el 21 de febrero de 2025 y situación del recurso publicada el 14 de septiembre de 2026.