Escorratel

El caso Escorratel se refiere a la adjudicación de las obras de reforma de la plaza situada junto al centro social de la pedanía de El Escorratel, en Orihuela (Alicante). Los hechos probados sitúan en diciembre de 2007 la aprobación de la memoria valorada (34.380,14 euros, IVA incluido) y del pliego para contratar la obra por procedimiento negociado sin publicidad, facultando al concejal delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías para invitar a tres empresas. Según los hechos probados de la sentencia, las obras ya habían sido ejecutadas por la empresa Ronis'2 Construcciones y Reformas S.L. —que había ofertado 34.380,13 euros— antes de que existiera adjudicación o contrato, y la plaza fue inaugurada por la entonces alcaldesa Mónica Lorente antes de la adjudicación. Los propios hechos probados citan tanto el 3 como el 4 de julio de 2008; la relación documental distingue el acto del día 3 de su publicación en prensa el día 4, mientras la nota del CGPJ lo fecha el día 4. No se fija un día único de inicio por esa discrepancia. La relación documental, sin embargo, cita el 31 de marzo de 2008 como fecha de aprobación de la memoria. La Junta de Gobierno adjudicó la obra el 25 de julio de 2008 y el contrato administrativo se formalizó después: los propios hechos probados citan tanto el 26 de julio como el 26 de septiembre de 2008, y la relación documental y la estipulación cuarta citada lo sitúan el 26 de septiembre, por lo que la fecha exacta del contrato no está fijada de forma unívoca.

La denuncia fue presentada por la agrupación Los Verdes en marzo de 2010 e inicialmente se dirigía contra la alcaldesa y los siete miembros de su Junta de Gobierno por prevaricación, malversación y falsedad documental. En junio de 2012 el juez exoneró al resto de miembros de la Junta y limitó el procedimiento a Mónica Lorente y al concejal Antonio Rodríguez Murcia por falsedad documental por imprudencia grave. Lorente declaró como imputada en diciembre de 2011 y el Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela dictó el auto de apertura de juicio oral el 21 de noviembre de 2012. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, había desestimado los recursos de Lorente contra el procesamiento, según la noticia publicada el 24 de febrero de 2014; no se ha obtenido esa resolución original.

El juicio oral, inicialmente señalado para el 29 de mayo de 2014, se celebró el 22 de octubre de 2015 ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela. La sentencia 341/2015, de 30 de noviembre de 2015, condenó a ambos acusados como autores de un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público por imprudencia grave (artículo 391 en relación con el 390.1.2º y 4º del Código Penal) a nueve meses de multa a razón de diez euros diarios (2.700 euros) y a nueve meses de suspensión de empleo o cargo público. La pena impuesta es de suspensión de empleo o cargo público, no de inhabilitación. No se fijó responsabilidad civil porque el Ministerio Fiscal no la solicitó.

La Audiencia Provincial de Alicante confirmó la condena; la prensa lo comunicó el 21 de septiembre de 2016 y precisó que la resolución se dictó en la sede de Elche. No se ha localizado el texto ni la fecha de esa resolución de apelación, ni una declaración formal de firmeza, por lo que no se afirma que la sentencia sea firme. Tampoco constan noticias posteriores sobre la ejecución de la condena ni resoluciones posteriores a septiembre de 2016. La ausencia de noticias no acredita por sí sola el cierre ni la continuidad del procedimiento.

Los 34.380,14 euros de la memoria y los 34.380,13 euros de la adjudicación son importes contractuales, no daño patrimonial judicialmente cuantificado. La sentencia también discrepa sobre el IVA de la adjudicación: los hechos probados dicen incluido y la relación documental dice más IVA. Dos facturas presentadas el 9 de julio de 2008 reclamaban 9.053,75 y 7.901,92 euros como parte del precio; su presentación no acredita su pago. No se suman estos conceptos ni las multas. La ausencia de responsabilidad civil, no solicitada por Fiscalía, tampoco acredita inexistencia de daño. Brugal es un procedimiento distinto.