Brugal - PP

El caso Brugal (acrónimo de "Basuras RUrales Gestión ALicante") es una macrocausa de corrupción abierta en marzo de 2006 a partir de grabaciones del empresario Ángel Fenoll sobre la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela. La instrucción se ramificó en cerca de veinte piezas separadas que han afectado a municipios e instituciones de la provincia de Alicante (Orihuela, Calp, Alicante y la comarca de la Vega Baja, entre otros). Las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2007 y una segunda oleada el 6 de julio de 2010, en la que fue detenido, entre otros, el entonces presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. El mes de mayo de 2007 solo se conoce con precisión de mes, por lo que no se consigna un día.

La pieza matriz (contrato de basuras de Orihuela) acumula tres resoluciones. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, absolvió a los 34 acusados el 3 de junio de 2020 tras declarar nulas las escuchas, los registros y las grabaciones aportadas por Fenoll. El Tribunal Supremo anuló esa sentencia en julio de 2024, declaró válidas las pruebas y ordenó dictar un nuevo fallo. La nueva sentencia, fechada el 8 de enero de 2026 (SAP A 1/2026; ECLI:ES:APA:2026:1) y notificada a las partes el lunes 12 de enero, condenó a 9 de los 33 acusados y absolvió a los 24 restantes, entre ellos el exalcalde José Manuel Medina. Fueron condenados, entre otros, Mónica Lorente (4 meses de prisión y 20 meses de inhabilitación), los exconcejales Antonio Rodríguez Murcia (4 meses), Manuel Abadía (5 meses) y Ginés Sánchez (1 año), el interventor José Manuel Espinosa (8 meses) y el empresario Ángel Fenoll (penas que suman 3 años y 9 meses). Cinco condenados deberán indemnizar solidariamente al Ayuntamiento de Orihuela con casi 600.000 euros. La nota del CGPJ que difundió el fallo indicó, al notificarlo, que cabía recurso de casación; no consta en fuentes primarias si se interpuso o resolvió recurso posterior, por lo que no se afirma el estado procesal actual de la sentencia.

Otras piezas con resoluciones documentadas: el PGOU de Alicante (la Audiencia condenó en julio de 2021 a multas por cohecho a Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz y absolvió a Sonia Castedo; el Tribunal Supremo confirmó en mayo de 2024 la condena de Ortiz y absolvió a Alperi por prescripción); el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja (la Audiencia absolvió el 15 de octubre de 2024 a los 13 acusados, entre ellos Ripoll, Lorente, Fenoll y Ortiz); y las basuras de Calp (la Audiencia condenó el 24 de octubre de 2022 al exalcalde Javier Morató, a los exediles Fernando Penella y Juan Roselló y a Ángel Fenoll; el Tribunal Supremo anuló esa sentencia por resolución 156/2026, fechada el 24 de febrero de 2026 (ROJ STS 885/2026; ECLI:ES:TS:2026:885), difundida por el CGPJ el 3 de marzo de 2026, y ordenó dictar una nueva. No consta que esa nueva resolución se haya dictado o localizado).

Importes documentados y su alcance: en Calp la sentencia de 2022 cifró las mordidas en 745.254 euros, de los que 120.202 euros se destinaron al club de fútbol local, pero esa resolución fue anulada por el Tribunal Supremo en 2026, por lo que la cifra no es un pronunciamiento firme. En Orihuela la sentencia de 8 de enero de 2026 fija una indemnización de casi 600.000 euros. La indemnización de Orihuela incluye 517.502,73 y 79.379,70 euros (596.882,43 euros), además de una responsabilidad pendiente de cuantificación vinculada a Urbaser. No se ha localizado una cifra global verificable del coste de la macrocausa: las cantidades conocidas corresponden a piezas concretas y a conceptos distintos (mordidas, indemnización, perjuicio alegado y reclamaciones municipales), por lo que no se suman ni se presentan como equivalentes. En 2026 el Ayuntamiento de Orihuela inició la revisión de oficio de la adjudicación de 2008, con reclamaciones cruzadas (del orden de 23 millones de euros por gastos de gestión directa y de 11 millones por daños y perjuicios); la última referencia documentada de esa vía administrativa es del 2 de septiembre de 2026 y no consta su resultado ni que el procedimiento siguiera abierto en la fecha de consulta.

Limitaciones: el estado procesal varía según la pieza y no consta el de las condenas de 2026; la nota del CGPJ solo acredita la notificación y la posibilidad de casación. No se ha localizado el resultado de un eventual recurso de casación contra la absolución del Plan Zonal de 2024 ni la nueva sentencia de Calp ordenada por el Supremo en 2026. El inicio de la investigación (marzo de 2006) y las primeras detenciones (mayo de 2007) solo se conocen con precisión de mes. La ficha "Aguas de Calpe" de este repositorio documenta un procedimiento distinto —presuntos sobrecostes en obras del agua de Calp, no la pieza de las basuras— y solo coincide en la persona de Juan Roselló, allí citado como antecedente penal: no es la misma causa ni un duplicado de esta ficha. La ficha se mantiene como no completada mientras no se aclaren esos extremos.