Caso Erial - PP

El caso Erial es una causa judicial sobre el cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos durante los gobiernos de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana (1995-2002), principalmente la privatización de las estaciones de ITV (1997) y, en la parte investigada, el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (2003). La instrucción correspondió al Juzgado de Instrucción nº 8 de València y a la Fiscalía Anticorrupción; no a la Audiencia Nacional. Las comisiones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades y testaferros y ocultadas en cuentas y sociedades en el extranjero (Suiza, Luxemburgo, Andorra, Panamá).

Eduardo Zaplana fue detenido el 22 de mayo de 2018 en la operación Erial y permaneció en prisión provisional del 24 de mayo de 2018 al 7 de febrero de 2019 (259 días), fecha en que la jueza instructora acordó su libertad provisional con retirada del pasaporte y comparecencia periódica; no consta que la libertad se condicionara a una fianza de un millón de euros. El 15 de octubre de 2024 la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València le condenó a 10 años y 5 meses de prisión como autor de prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, con 17 años y 10 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 3 años de inhabilitación para su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros; fue absuelto del delito de grupo criminal. La sentencia, de 364 páginas, absolvió también del grupo criminal al resto de acusados y absolvió, entre otros, al expresidente valenciano José Luis Olivas y a la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez. Otros seis acusados fueron condenados con penas de entre 1 año y 3 meses y 5 años por conformidad con la Fiscalía. La sentencia no es firme: fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por la defensa de Zaplana (recurso de 190 páginas presentado en marzo de 2025) y, según la última información localizada (prensa de enero-febrero de 2026), la causa seguía pendiente de resolución ante el Supremo, con Zaplana en libertad provisional. No se ha localizado sentencia del Tribunal Supremo ni un cambio de estado a fecha de esta revisión.

Limitaciones de la revisión: existen discrepancias entre fuentes oficiales y de prensa sobre la pena del exjefe de gabinete (2 años y 9 meses o 2 años y 11 meses); no se ha podido descargar el PDF de la sentencia (la ruta oficial de documentos devolvió error de servidor); y el contenido íntegro de las noticias de 2026 no pudo abrirse, por lo que la situación procesal más reciente se apoya en titulares y fechas de publicación verificados mediante agregadores. Las cuantías económicas son estimaciones de la investigación y no un perjuicio declarado judicialmente.