Caso Bomsai - PP

El caso Bomsai —denominado así por las iniciales de Bombers, Salut i Illes, los edificios públicos implicados— es una investigación judicial sobre la contratación de la consultora Atlas Capital Close Brothers SL por parte de la empresa pública CAIB Patrimoni S.A., dependiente de la Conselleria d'Economia del Govern de les Illes Balears durante la legislatura de Jaume Matas (PP, 2003-2007). La Fiscalía Anticorrupción investigó si el contrato de asistencia técnica para la redacción de los pliegos y el asesoramiento en la concesión de las obras del nuevo parque de bomberos de Palma y de la sede de la Conselleria de Salut se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, inicialmente por unos 30.000 euros, y si la empresa acabó cobrando alrededor de 600.000 euros, buena parte mediante «honorarios de éxito» del 1,8 % del importe de las obras que abonaban las UTEs adjudicatarias. Según la querella de la Fiscalía, esa cláusula podía encubrir un desvío de fondos públicos; el auto que en 2017 sobreseyó la causa consideró que no se había acreditado un perjuicio económico efectivo, de modo que la cifra responde al volumen de pagos documentado y no a un daño declarado judicialmente.

La operación policial se abrió el 13 de abril de 2010 con una primera tanda de detenciones, entre ellas las del exdirector general de Tributos Jorge Sainz de Baranda, el exgerente de CAIB Patrimoni Jaume Vidal y el empresario Miquel Llabrés Feliu; el 14 de abril se detuvo al exdirector general de Emergencias Joan Pol, que se presentó voluntariamente, y el 15 de abril al exsecretario de actas Fernando Morell Pou, con lo que la fase inicial sumó siete detenidos. La instrucción la inició la jueza suplente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Palma Margarita Bosch y continuó después el titular Juan Catany; ya en 2017 el mismo juzgado estaba a cargo de Juan Manuel Sobrino, que dictó el sobreseimiento. A lo largo de siete años se imputó a un número de personas que las fuentes sitúan entre 17 y 19, entre exaltos cargos del Govern, empresarios y directivos. Los delitos investigados fueron, según los casos, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Estuvieron imputados, entre otros, el exconseller de Economía Lluís Ramis d'Ayreflor, los exdirectores generales Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, el exgerente Jaume Vidal, el constructor Miquel Llabrés Feliu, el expresident Gabriel Cañellas y los empresarios Jaume Fluxà y Raúl Julián.

En febrero de 2017 la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunitat Autònoma pidieron el sobreseimiento de la pieza principal al concluir que no se había acreditado un perjuicio económico efectivo para la Administración, aunque señalaron la existencia de irregularidades en la tramitación de los contratos. El juez Juan Manuel Sobrino acordó el sobreseimiento provisional de la pieza principal, que la prensa dio a conocer el 7 de marzo de 2017; la fecha exacta del auto no consta en las fuentes consultadas, y su carácter provisional no permite por sí solo afirmar ni negar que la resolución sea firme. La causa mantuvo abierta una pieza separada relativa al pago de 120.300 euros por la empresa Iturri al exdirector general Joan Pol por tareas de asesoramiento prohibidas a un funcionario: el 17 de enero de 2018 —noticia publicada el día 18— Pol fue condenado por conformidad a una multa de 3.600 euros y dos años de inhabilitación por negociaciones prohibidas, y un directivo de Iturri también fue condenado por falsedad documental; no consta resolución que acredite la firmeza de estas condenas. En cuanto al alcance económico, las cifras publicadas sobre lo cobrado por Atlas Capital varían entre los 550.000 y los 610.000 euros (una parte de las fuentes redondea en 600.000 y las proximidades de la instrucción citan 609.000), por lo que el importe exacto no está cerrado; se trata del volumen de pagos documentado, no de un perjuicio económico declarado judicialmente. No se han localizado noticias posteriores a 2018 sobre el conjunto de la causa ni consta el resultado de eventuales recursos, por lo que el estado global actual no está verificado.