ERE de Hamsa y Primayor

La ficha se centra en las ayudas para sufragar pólizas y obligaciones sociolaborales de Hamsa, su asociación de extrabajadores y Primayor. La nota judicial de diciembre de 2022 identifica el importe investigado y el trámite procesal. Las críticas del instructor al procedimiento de concesión, la justificación de los fondos y las condiciones de las pólizas son valoraciones indiciarias de una instrucción. No se presentan como hechos probados en sentencia ni se identifica el total de las ayudas con un perjuicio firme.

El auto distingue doce personas contra quienes continúa el procedimiento, seis exaltos cargos excluidos y un trabajador de Vitalia respecto al que acuerda sobreseimiento provisional. La información de Europa Press identifica a los doce con nombres o iniciales y a Jesús María Bordallo como beneficiario del sobreseimiento. No se completan apellidos no contrastados ni se convierte la exclusión de los exaltos cargos en una absolución de fondo. La resolución de 2018 sobre Viera tiene su propio recorrido procesal y se recoge con fecha de acto separada de la publicación. No se atribuyen a Griñán u otros responsables condenas propias de esta pieza a partir de la sentencia del procedimiento político.

El instructor dirigió asimismo las actuaciones como posibles responsables civiles subsidiarias contra Primayor Alimentación Andalucía, Primayor Foods, Grupo Campofrío, la asociación de extrabajadores de Hamsa, Vitalia, UGT-A, UGT, Confederación Sindical de CCOO y un despacho de abogados no identificado por la nota. Esa inclusión no constituye una condena civil firme ni permite atribuir responsabilidad penal a todas las entidades. Las relaciones societarias históricas requieren sus documentos propios; no se reduce la sucesión empresarial a un simple cambio de nombre.

La providencia de octubre de 2024, conocida a través de la prensa, pidió alegaciones en los recursos contra el auto de continuación por procedimiento abreviado. Se refiere a una posible incidencia de las sentencias del Constitucional, no a una decisión final sobre esos recursos. La memoria oficial de 2026 identifica DP 275/18–PA 257/22, calificación fiscal de 27 de diciembre de 2022 y pendiente de señalamiento. La referencia del 7 de abril de 2026 usada para calcular la espera de los expedientes pendientes no es fecha de juicio celebrado. No se inventa un día de publicación de la memoria.

Debe distinguirse la financiación sociolaboral del préstamo puente de 1999. La información de Canal Sur de noviembre de 2020 reseña la prescripción y archivo definitivo de esa causa distinta, en la que se había investigado a Chaves, Zarrías y otros responsables. La noticia califica de firme el auto del instructor de 18 de noviembre; falta su original para comprobar individualmente el dispositivo, por lo que no se hace una declaración autónoma de firmeza para las personas de la pieza sociolaboral. Los 5,8 millones del préstamo tampoco se suman a los 19,9 millones de ayudas como daño.

A 17 de octubre de 2026 quedan sin acreditar los originales de los autos y de la providencia, las penas solicitadas, los nombres de todos los exaltos cargos excluidos, el resultado final de los recursos y cualquier juicio o sentencia posterior. No se presume continuidad ni cierre por silencio informativo. Se omiten las fechas de inicio no verificadas y no se incorporan documentos judiciales en PDF sin original comprobado.