ERE de Instaladora Moderna de Electricidad

Esta ficha recoge el resultado propio de las ayudas a Instaladora Moderna de Electricidad, no una condena derivada automáticamente del sistema general de los ERE. El original de la sentencia identifica DP 316/2017, PA 87/2020 y rollo 992/2022, y permite separar hechos probados, pretensiones de las acusaciones y fallo. La identidad pública de Pineda se contrasta con Diario de Sevilla; el PDF de CENDOJ utiliza seudónimos, que no deben convertirse en nuevas identidades ni confundirse con otros expedientes.

La sentencia distingue la inclusión inicial de diez trabajadores en el ERE de las siete extinciones finalmente realizadas. Recoge que tres firmaron sabiendo que continuarían en la empresa. Pese a las irregularidades administrativas, el tribunal no tuvo por demostrado que los dos acusados conocieran los entresijos irregulares de la concesión. Consideró que los fondos atendían las indemnizaciones y necesidades laborales de trabajadores y extrabajadores, sin intrusos, y aplicó en esta causa la doctrina constitucional y del Supremo. Se trata de una absolución propia, no de una mera extrapolación de los amparos de la pieza política.

Las cifras responden a conceptos diferentes. La ayuda inicial de las pólizas fue de 802.021,63 euros; con financiación pasó a 832.330 euros y con intereses de demora lo finalmente abonado llegó a 904.430,16 euros. La segunda ayuda excepcional fue concedida por 187.618,94 euros, de los que consta abonado el 75%, 140.714,21 euros. El pago cruzado de 400.000 euros y los 50.000 adelantados para la prima forman parte de la mecánica de financiación descrita; no se agregan como operaciones independientes para calcular un daño.

Fiscalía pidió tres años y tres meses de prisión para cada acusado, con penas de inhabilitación distintas y multa para Rivera. También solicitó que Pineda restituyera 984.486,88 euros, con responsabilidad solidaria de Rivera en 140.714,21 euros y subsidiaria de la empresa. Esas cantidades fueron pretensiones de la acusación, no responsabilidades civiles impuestas. El comunicado judicial detalla las peticiones; el fallo original es el que precisa los delitos absueltos de cada persona. No se mantiene como daño el importe de 584.486,88 euros atribuido en la versión anterior a un informe policial.

Los antecedentes describen la retirada de acusación contra un tercer encausado, anonimizado como Simón, al inicio de la vista. Sin una fuente nominal no se le identifica como Francisco Javier Soto ni se presenta a este último como condenado, acusado actual o beneficiario del fallo. Tampoco se conserva un grupo genérico de veinte responsables penales: un señalamiento policial histórico no equivale al elenco final de acusados. La mención de Guerrero, Márquez y Barberá en las actuaciones no permite atribuirles por sí sola el desenlace de los dos acusados de esta sentencia.

El juicio se celebró entre enero y febrero de 2025; la sentencia es de 11 de marzo de 2026 y fue notificada el 12. El original advierte que no es firme y que cabe casación. A 17 de octubre de 2026 no se ha acreditado una resolución posterior o declaración de firmeza. La absolución queda documentada con esa limitación, sin deducir firmeza del silencio informativo.