ERE/Guerrero y Trujillo

La comunicación oficial de la sentencia distingue dos bloques. Por las ayudas, Trujillo recibe tres años de prisión y siete años y medio de inhabilitación absoluta por malversación, además de cuatro años y tres meses de inhabilitación especial por prevaricación. Por las pólizas recibe tres meses de prisión y multa de 540 euros por falsedad, tres años y seis meses de inhabilitación especial por prevaricación, y un año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta por malversación. La nota anuncia un total de cuatro años y nueve meses de prisión. No se convierte la suma de inhabilitaciones en una fecha de rehabilitación sin liquidación judicial.

El principal de las ayudas es 1.350.000 euros: incluye los 450.000 euros por los que Ruz responde solidariamente con Trujillo. Los 24.000 euros de responsabilidad lucrativa de la esposa también proceden de esos fondos y no se añaden al principal. El bloque distinto de las pólizas asciende a 125.028,01 euros, con solidaridad de Trujillo y Albarracín. El campo coste recoge ambos principales una sola vez: 1.475.028,01 euros, como perjuicio fijado en la sentencia de instancia comunicada, sin afirmar firmeza ni cobro efectivo. Multas, fianzas e intereses no se agregan.

Los nombres se contrastan con Diario de Sevilla, Canal Sur y Radio Sevilla. La nota oficial utiliza iniciales; no se han completado identidades a partir de ellas. Existe una variante «Ruiz» en alguna crónica, mientras otras fuentes nominales identifican a Isidoro como Ruz Espigares; se mantiene esta última forma y queda pendiente el cotejo con el original judicial.

La resolución de instrucción comunicada en marzo de 2017 trataba indicios, no condenas. La responsabilidad penal de Guerrero no se transforma en condena en esta pieza tras su fallecimiento. Sus resoluciones en el procedimiento específico de los ERE, así como Acyco y otras piezas, son independientes. No se ha recuperado una resolución individual que aplique a este fallo una anulación o retroacción derivada del Tribunal Constitucional; no se presume ni su aplicación ni su inexistencia.

Hay también una información de diciembre de 2020 sobre una resolución contable relativa a Iniciativas Turísticas Sierra Morena: relata la revocación de una prescripción y la suspensión por prejudicialidad penal respecto de una ayuda de 450.000 euros. No es una absolución penal ni una nueva cantidad que añadir. Su expediente original y evolución posterior quedan pendientes.

Revisión con corte en el 17 de octubre de 2026. Se han leído los cuerpos completos de las notas oficiales y las crónicas citadas; no se ha obtenido el PDF íntegro de la sentencia de 2024 ni sus identificadores judiciales exactos. La comunicación expresa que cabía casación, pero no se ha documentado el recurso, su resultado o la ejecución. Por ello se retira el cierre definitivo y se mantiene la ficha incompleta. Los detalles sobre consumos diarios, cantidades mensuales o viajes a Sudamérica eran declaraciones o testimonios y no se presentan como íntegro relato probado del destino del dinero.