Cursos Formación/CTI
PSOEPresuntas irregularidades en subvenciones al CTI de San Fernando gestionadas a través de la FAFFE; continuación por procedimiento abreviado comunicada en marzo de 2026 respecto de seis personas, sin desenlace individual verificado.
- Estado judicial
- En investigación
- Coste registrado
- 4,8 millones €
- Implicados
- 6
- Firmeza
- No procede
Descripción del caso
Esta pieza se refiere a la concesión, gestión y justificación de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando y a su ejecución a través de la FAFFE. La prensa sitúa las diligencias previas en febrero de 2016, después de los controles sobre las ayudas. El dictamen parlamentario publicado en 2022 describe gestión por FAFFE desde 2003; no se fija en 2007 su comienzo.
El 10 de marzo de 2026 se conoció la continuación por procedimiento abreviado respecto de Fernando Villén Rueda, Juan Manuel Bouza Mera y cuatro antiguos responsables de Formación: María Josefa Lara, Manuel Brenes Rivas, Andrés Sánchez Hernández y María Teresa Florido Mancheño. El instructor aprecia indicios de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación. Este trámite da paso a que las acusaciones pidan juicio o archivo; no acredita por sí mismo apertura de juicio oral ni condena. Las condenas de Villén por tarjetas o contrataciones de personal pertenecen a otros procedimientos.
Los 4.822.855 euros corresponden a subvenciones de 2007 a 2010 sometidas a expedientes de reintegro, no a un daño penal firme. La prensa informa de anulación de reintegros por caducidad y posterior prescripción del derecho administrativo de devolución; esto no equivale a absolución penal. No se afirma que todos los cursos fueran ficticios ni que toda la financiación se desviara.
Al corte del 15 de octubre de 2026 no se ha recuperado el auto penal original ni las eventuales acusaciones, recursos, apertura de juicio o resultados nominales posteriores. La fecha exacta del auto comunicado en marzo no está cotejada. Las referencias a empresas de Ángel Ojeda y al subarrendamiento de instalaciones son contexto y no permiten incluirlo entre los seis afectados por este auto. La liquidación administrativa del consorcio tampoco resuelve la responsabilidad penal de las personas.
Desarrollo y fuentes
Esta ficha delimita la pieza relativa al CTI de San Fernando. La información de Europa Press del 10 de marzo de 2026 distingue la continuación por procedimiento abreviado de otras investigaciones sobre proveedores y contrataciones de FAFFE. Las cifras de contratos de otras líneas de investigación y las condenas por tarjetas o contratación de personal no se trasladan a esta pieza. Tampoco se asigna a Ángel Ojeda una situación procesal por aparecer vinculado al uso de instalaciones del centro.
El dictamen de la comisión parlamentaria publicado en 2022, en sus páginas 59 a 61, sitúa la gestión de FAFFE desde 2003 y describe las carencias de control y justificación detectadas. Es una fuente parlamentaria, cuyas valoraciones no sustituyen el juicio penal. La documentación distingue esa relación de gestión del convenio posterior de septiembre de 2007 mencionado por la prensa. No se conservan días de inicio ficticios para la creación del centro, sus convenios o la incoación judicial. Diario de Sevilla sitúa las diligencias en febrero de 2016, sin aportar aquí un día cotejado.
La relación nominal de seis personas comunicada en marzo de 2026 procede de la prensa que consultó la resolución facilitada por el TSJA. No se dispone de ese original para comprobar la atribución exacta por persona. Para Lara, los artículos utilizan María Josefa y el dictamen parlamentario María José Lara González; se hace visible esa diferencia sin resolverla mediante una coincidencia de nombres. La situación conocida es la continuación del procedimiento, con indicios, y no una declaración de culpabilidad. Canal Sur explica el traslado a Fiscalía y acusaciones para pedir juicio, archivo o diligencias complementarias; el titular que anticipa el banquillo no acredita que ya exista apertura de juicio oral.
El importe de 4.822.855 euros corresponde a las ayudas de 2007 a 2010 objeto de reintegro. Las cantidades que las noticias consideran insuficientemente justificadas en cada ejercicio tampoco se suman como una condena patrimonial. El relato de los reintegros anulados por caducidad y de la posterior prescripción administrativa debe distinguirse del resultado penal: faltan las sentencias contenciosas y resoluciones administrativas originales para precisar su alcance y firmeza.
El BOJA de 11 de octubre de 2021 permite cotejar los acuerdos de liquidación de 1 de junio y el anuncio de 6 de octubre. La última página establece una condición ligada al plazo de manifestaciones, por lo que no se fija automáticamente el día de extinción efectiva. Ese expediente de liquidación no prueba archivo o condena de los responsables. Permanecen sin verificar el auto penal original, su fecha, los recursos y las decisiones posteriores respecto de cada una de las seis personas al corte de esta ficha.
Documentos relevantes
- Ver
Anuncio de acuerdos de liquidación del CTI de 1 de junio de 2021 (publicado el 11 de octubre)
2021 · PDF · 2 páginas
Cronología
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El Consejo Rector acuerda la liquidación definitiva del consorcio
El BOJA publica el 11 de octubre el anuncio firmado el 6 de octubre sobre los acuerdos del Consejo Rector de 1 de junio. Prevé un mes para manifestaciones y condiciona la extinción definitiva a que no se presenten documentos o manifestaciones. No es una resolución penal.
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Se publica el dictamen parlamentario sobre FAFFE
El BOPA 808 recoge en sus páginas 59 a 61 la gestión del CTI por FAFFE desde 2003 y las investigaciones sobre su funcionamiento. Es un dictamen de comisión, no una sentencia ni un auto que acredite el resultado penal.
- Alta relevancia
Se conoce la continuación por procedimiento abreviado respecto de seis personas
Europa Press y Diario de Sevilla informan del auto sobre ayudas al CTI, con indicios de prevaricación, falsedad y malversación. La fecha corresponde a la publicación, no a una fecha del auto cotejada. El traslado a las acusaciones precede a una eventual apertura de juicio oral.
Casos relacionados
Pieza sobre presuntas irregularidades en ayudas de formación con compromiso de contratación. En enero de 2023 se conoció su continuación por procedimiento abreviado contra dos investigados; no está comprobado el resultado posterior.
Investigación sobre las ayudas de formación de CIOMijas, separada como DP 218/2016. Existe una referencia parlamentaria al archivo en 2021, pero faltan el auto y la comprobación de su alcance individual y firmeza.
Subvenciones a entidades vinculadas a Ángel Ojeda para formación y contratación de extrabajadores de Delphi: juicio oral abierto en 2023 contra ocho personas, distinto de la pieza Serpro; Ojeda falleció en 2021 sin ser juzgado.