Caso Hidrogea - Cartagena

La denominación Hidrogea agrupa en esta ficha controversias que deben distinguirse. La primera es la investigación vinculada a Pokémon sobre presuntos viajes financiados por Aquagest a responsables públicos y su posible relación con decisiones municipales. La segunda son reclamaciones de responsabilidad contable sobre la gestión de fondos de la concesión, promovidas años después. Una tercera vía comprende recursos administrativos sobre tarifas y prórroga contractual. Ningún resultado de una de ellas sustituye automáticamente el desenlace de las demás.

Los informes conocidos en 2017 examinaban viajes de 2005-2012. Las citaciones fijadas para mayo de 2018 no pueden presentarse como declaraciones ya celebradas: quedaron sin efecto mediante providencia de 4 de mayo. En marzo, la Audiencia de Lugo había anulado diligencias de la rama levantina por falta de competencia. El auto del Supremo de 19 de septiembre de 2018 mantuvo en Lugo la causa objeto del conflicto con el Juzgado Central n.º 3, pero indicó que las pesquisas relativas a Murcia y Valencia debían continuar en sus respectivos territorios. La nulidad por competencia no acredita inocencia o culpabilidad. No se ha localizado aquí el número de procedimiento receptor en Cartagena ni un archivo, apertura de juicio o sentencia penal posterior que permita cerrar ese recorrido para cada persona.

Barreiro era alcaldesa entre 1995 y 2015, no entre 2000 y 2008. Su nombre completo y condición de senadora constan en el Diario de Sesiones del Senado de 13 de enero de 2016. Que fuera mencionada en informes y que se estudiase su aforamiento no demuestra que el Supremo la investigase penalmente por estos viajes. Su causa Púnica y los litigios sobre gastos de defensa pertenecen a otro procedimiento. Tampoco se trasladan a esta ficha las vicisitudes disciplinarias de la instructora como prueba sobre los hechos investigados.

El acta municipal de 24 de noviembre de 2016 recuerda que el acuerdo de ampliación se adoptó el 12 de noviembre de 2003 por unanimidad de los grupos entonces representados. Recoge el criterio desfavorable del Consejo Jurídico y su carácter no vinculante. La discrepancia jurídica sobre una prórroga de 25 años hasta 2042 no permite afirmar por sí sola un delito probado. Los periodos de los viajes y de las inversiones mencionadas por la prensa se conservan como tales, sin convertir meses o años en días exactos inventados.

La denuncia contable de 6 de febrero de 2023 atribuyó a la gestión de la concesión un presunto perjuicio superior a 45 millones de euros durante 2002-2022. Esa cifra procedía de cálculos de los denunciantes; el Ayuntamiento y la empresa opusieron resoluciones judiciales previas favorables. La noticia de octubre de 2024 informa de archivo mayoritario y continuación por el Fondo Social. Sin el auto contable íntegro ni actuaciones posteriores no se asegura firmeza, responsabilidad individual ni cuantía de alcance declarada. Los 379.537 euros objeto de examen tampoco se registran como daño probado.

La sentencia 463/2024 del TSJ de Murcia pertenece al recurso tarifario de José López e Isabel García. Su fallo desestima la apelación y confirma la sentencia de instancia, con razonamiento central sobre la falta de interés legítimo acreditado para las pretensiones concretas. No condena por corrupción a los antiguos responsables municipales ni resuelve la investigación por viajes. Su texto permite preparar casación y no basta para afirmar firmeza. Los importes de inversión, el coste de desplazamientos, las estimaciones de sobrecostes, las costas procesales y los fondos sujetos a reclamación son conceptos distintos, por lo que no se ofrece un coste global.

Fuentes: anuncio municipal de personación, información sobre viajes, decisiones de competencia de marzo de 2018, suspensión de citaciones, auto del Supremo, denuncia contable, información de octubre de 2024 y sentencia administrativa. No se ha acreditado una resolución posterior específica de estos procedimientos hasta el 15 de octubre de 2026.

La información de Diario 16 sobre las citaciones identifica a los siete citados. Falta la resolución nominal íntegra para contrastar su situación individual posterior.