Gran Alacant

La actividad médica privada en el edificio municipal precedía a la concesión: la sentencia de primera instancia sitúa el trabajo de Fernando Gómez en ese inmueble desde 1989 y su colaboración con Manuel Rodríguez desde 2004. El procedimiento de concesión comenzó el 20 de abril de 2005 y culminó con el contrato de marzo de 2006. No se ha verificado una fecha exacta de inicio de todas las conductas cuestionadas.

El contrato no consistía simplemente en regalar un local. Preveía el pago de un canon y servicios a favor del Ayuntamiento, cuya compensación exigía acreditar las prestaciones y practicar las liquidaciones. La Audiencia consideró que los responsables políticos y los médicos toleraron conscientemente los incumplimientos y que la contratación de auxiliares elegidos por el entorno municipal constituía la contrapartida. En 2012 se redujeron verbalmente la superficie utilizada y el canon, a 6.176 euros, sin la tramitación exigible. Estas conclusiones pertenecen a la sentencia de primera instancia y no se presentan como un pronunciamiento firme confirmado en recurso.

La responsabilidad de cada persona es distinta. Los médicos fueron considerados cooperadores necesarios en la prevaricación en concurso con fraude y autores de cohecho; Pilar Zaragoza, cómplice de este último delito. Para Cascales y los dos trabajadores absueltos no se acreditó el conocimiento del pacto ilícito. Ni su contratación ni su vinculación política equivalen por sí solas a una condena.

El fallo fija 109.371,96 euros de responsabilidad civil, con 13.022,96 euros ya pagados al dictarse sentencia. Obliga conjunta y solidariamente a Zaragoza, Perelló y los dos médicos, con responsabilidad subsidiaria de la sociedad por estos últimos. Esa cantidad se distingue de las multas penales, las costas y los intereses. Existe una discrepancia aritmética en el desglose del hecho probado decimoquinto: sus dos partidas no suman el total allí expresado. Se conserva la cifra del fallo sin reconstruir un supuesto coste agregado ni atribuir toda la indemnización a suministros impagados.

Cada uno de los cuatro condenados a seis años y medio recibió además una multa de un año y seis meses a doce euros diarios, junto con las inhabilitaciones especificadas en el fallo. Pilar recibió nueve meses de multa con esa cuota y seis años de inhabilitación para cargos municipales; la sociedad, tres años de multa y cuatro de inhabilitación para las actividades públicas descritas. No se ha comprobado la ejecución de estas penas. La noticia de mayo de 2025 sobre la aclaración de la vía de recurso impide mantener sin matices la indicación inicial de casación directa. Quedan por localizar el auto íntegro de aclaración y las actuaciones posteriores, sin inferir firmeza o continuidad por ausencia de noticias hasta el 15 de octubre de 2026.