Caso Citur
PPPresunto amaño de contratos del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella (PP) durante el gobierno de Llorenç Brondo; según la información de octubre de 2025 la causa seguía pendiente de juicio y no se ha localizado información posterior.
- Estado judicial
- Pendiente de juicio
- Coste registrado
- 522.000 €
- Implicados
- 13
- Firmeza
- No procede
Descripción del caso
El caso Citur (Ciutadella Turisme) se refiere al presunto amaño de contratos del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella, en Menorca, durante el mandato del PP presidido por el alcalde Llorenç Brondo (2003-febrero de 2009). Una comisión municipal de investigación, conocida como comisión Citur y presidida por el concejal Joan Triay (UPCM), aprobó 51 conclusiones con irregularidades en la gestión del ente Ciutadella Turisme (Citur). El pleno del Ayuntamiento acordó el 11 de febrero de 2010 remitir esas conclusiones, avaladas por 101 documentos, a la Fiscalía Anticorrupción, con el voto favorable del resto de grupos y la abstención del concejal Gabriel Cardona; en julio de 2010 UPCM presentó además una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ciutadella.
La acusación sostiene que se amañaron contratos de obra y de redacción de proyectos del área de Turismo. Las fuentes sitúan las adjudicaciones investigadas entre 2004 y 2009, con periodos que varían según el medio (2004-2008, 2005-2008 o 2005-2009), siempre dentro del gobierno municipal del PP. El importe de los contratos presuntamente amañados se estimó en unos 522.000 euros (29 contratos según las noticias de 2016 y 2021, frente a los 19 del apartado «El apunte» de octubre de 2025; no se ha conciliado la diferencia). El principal beneficiario habría sido el empresario Javier Liy y su consultora SAB, directamente o a través del ingeniero Daniel Aguiló; también se señaló al empresario Manel Mercadal y a sus empresas. Cuando SAB asumió la gerencia del PDPT y ya no podía ser adjudicataria directa de estos encargos, la acusación sostiene que se burló la incompatibilidad mediante sociedades interpuestas: la empresa J. Stayco, propiedad de una prima de Liy, y el propio ingeniero Daniel Aguiló; la administradora de J. Stayco reconoció en su declaración que no realizaba trabajo alguno para Ciutadella y que transfería a SAB el importe de las adjudicaciones. La instrucción describe adjudicaciones directas o negociadas sin publicidad, simulación de procesos de contratación con presupuestos de «comparsa», manipulación y desaparición de resoluciones y documentos, y pagos por servicios no prestados o facturados a precios muy superiores a los de referencia. Entre los hechos más citados figuran el pago de dos páginas web turísticas cuando un informe técnico acredita que solo existía una, y la readjudicación de la redacción de un proyecto de mejora del palmeral de Cala en Blanes cuando las obras ya habían terminado. En octubre de 2016, el escrito de conclusiones de la Fiscalía acusaba a 13 personas —cinco de ellas empleados municipales— y solicitaba penas de entre 4 y 15 años de prisión.
En marzo de 2011, en el marco de la Operación Xoriguer, la Guardia Civil y la Policía Judicial registraron la sede de Citur y el Ayuntamiento de Ciutadella, así como la sede de la empresa SAB en Palma, y detuvieron a seis personas: el exalcalde Llorenç Brondo, los exconcejales Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas, el empresario Manel Mercadal, el ingeniero Daniel Aguiló y el gerente de SAB Javier Liy. En abril de 2012 la jueza concluyó la instrucción e imputó a la cúpula del gobierno de Brondo, además de empresarios, funcionarios y asesores, y acordó el sobreseimiento parcial y provisional de seis personas. La noticia de marzo de 2021 informó de la apertura del juicio oral para once personas: de las trece inicialmente acusadas, una había fallecido y otra había sido desimputada, sin identificarlas. La remisión de la documentación a la Audiencia para señalar vista aparece en una crónica de noviembre de 2023; la apertura de juicio oral no acredita que la vista haya comenzado.
Situación documentada en octubre de 2025: la última información localizada es del 5 de octubre de 2025, cuando se informó de que UPCM había presentado un escrito de desistimiento y renunciaba a la acusación particular, que quedaba en manos de la Fiscalía. Ese mismo día la causa seguía pendiente de juicio y sin fecha de vista señalada. La representación de UPCM declaró no «atisbar siquiera la fecha en la que pueden ser enjuiciados los hechos»; la misma fuente indicaba que aún no había fecha para el juicio y que al menos una de las personas investigadas había fallecido, sin identificarla. No se ha localizado en esta revisión ninguna información posterior a octubre de 2025 ni resolución judicial publicada (auto de apertura de juicio oral, escritos de acusación o sentencia), ni nota oficial del CGPJ, TSJIB, Fiscalía o BOE. No consta que el juicio se haya celebrado, que exista sentencia ni que la causa se haya cerrado; tampoco puede confirmarse que a 17 de octubre de 2026 la causa siga en el mismo estado, por lo que se refleja el último extremo documentado y no se extrapola un resultado actual.
Alcance de las cifras y de los cargos: los 522.000 euros son la estimación de la acusación sobre el volumen o importe de los contratos presuntamente amañados, no un daño declarado judicialmente; es una magnitud distinta de la responsabilidad civil reclamada en el escrito de la Fiscalía de 2016, cifrada en 522.773 euros (339.197 + 183.576). El desglose de contratos atribuido a SAB (383.400 euros) y a las empresas de Mercadal (unos 136.600) es otro cálculo y suma 520.000 euros. Los cargos y penas solicitadas corresponden al periodo investigado y a los escritos de acusación; no se ha localizado una sentencia condenatoria; las personas citadas figuraban como investigadas o acusadas en los hitos documentados, sin que se haya confirmado su situación individual actual. Los cargos públicos que se mencionan corresponden al periodo de los hechos (2003-2009) y no se afirma su vigencia actual. El caso comparte juzgado (Juzgado nº 2 de Ciutadella), época y algunos investigados (Avel·lí Casasnovas, Llorenç Brondo) con el caso Nerer, causa distinta que no se aborda aquí.
Desarrollo y fuentes
Alcance y limitaciones de la ficha
- No se ha localizado ninguna resolución judicial publicada de esta causa (auto de apertura de juicio oral, escritos de acusación o sentencia) ni nota oficial del CGPJ, TSJIB, Fiscalía o BOE. La reconstrucción se apoya principalmente en prensa local (Menorca - Es diari / menorca.info), con apoyo de agencias (RTVE/Europa Press, Última Hora, El Imparcial, Estrella Digital) y una pieza de opinión de 2025.
- Fechas: no consta con día exacto el inicio de las irregularidades, por lo que no se fija
fechaInicio. El auto que concluyó la instrucción en abril de 2012 se difundió los días 10 y 11 de abril de 2012 («ayer» en ambas crónicas), sin que pueda fijarse con certeza el día exacto en que se dictó; el hito se fecha por la primera publicación. Los hitos de 2016, 2021 y 2025 se fechan por la fecha de publicación de la noticia, no por la fecha del acto (escrito de conclusiones, auto de apertura y escrito de desistimiento, respectivamente), que no consta. - Número de conclusiones de la comisión: la mayoría de fuentes (RTVE/Europa Press y Es Diari) citan 51 conclusiones; una pieza de opinión de 2024 alude a 59. Se mantiene la cifra de 51.
- Cifras: los 522.000 euros son la estimación de la acusación sobre el volumen o importe de los contratos presuntamente amañados (29 según las crónicas de 2016 y 2021, frente a 19 en el apartado «El apunte» de la noticia de 2025). Es una magnitud distinta de la responsabilidad civil solicitada en 2016 (522.773 euros) y del desglose 383.400 + 136.600 = 520.000 euros (SAB y empresas de Mercadal). Ninguna de ellas constituye un daño declarado judicialmente.
- Condición de las personas citadas: figuraban como investigadas o acusadas en los hitos documentados y no se ha localizado sentencia alguna. El sobreseimiento acordado en 2012 fue parcial y provisional para seis imputados, no un sobreseimiento general. La fuente de octubre de 2025 indica que al menos una de las investigadas había fallecido, sin identificarla; no se especula con su identidad ni con las consecuencias jurídicas de ese fallecimiento.
- Acusación de 2016: el escrito de conclusiones de la Fiscalía (octubre de 2016) acusaba a 13 personas —los cargos públicos, empresarios y técnicos citados y cinco empleados municipales y asesores— y pedía penas de entre 4 y 15 años de prisión y una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 522.773 euros. Los hitos fechados en octubre de 2016 se refieren a la publicación periodística, no a la fecha del escrito, que no consta. Los cargos y funciones de esas cinco personas son los que les atribuye la fuente de 2016 y no se extienden a la actualidad.
- Cargos políticos: los cargos que se indican corresponden al periodo investigado (2003-2009) y no se presume su vigencia actual.
- Solapamiento: el caso Nerer (Operación Pomada) comparte con Citur el Juzgado nº 2 de Ciutadella, la época y algunos investigados (Avel·lí Casasnovas, Llorenç Brondo), pero es una causa distinta.
- Estado actual: la ficha describe la situación documentada a 5 de octubre de 2025 (causa pendiente de juicio y sin fecha de vista) y no afirma que ese estado se mantenga a 17 de octubre de 2026, ya que no se ha localizado información posterior.
- Nombres: se conserva Llorenç Brondo, sin el segundo apellido heredado no cotejado en las fuentes leídas. No se ha podido confirmar con fuentes aceptadas el segundo apellido «Pons» para Gabriel Cardona, por lo que se mantiene «Gabriel Cardona». La fuente del 28 de octubre de 2016 nombra al empresario «Juan Manuel Mercadal», mientras que otras fuentes lo citan como «Manel Mercadal» o «Joan Manel Mercadal»; se mantiene esta última forma sin crear un alias. La persona fallecida que la fuente de 2025 menciona en un pie de foto (Sente Fontestad) figuraba entre quienes llevaron las conclusiones a la Fiscalía en 2010, no entre las personas investigadas, y no se identifica con la investigada fallecida.
Cambios en el número de personas y alcance de las acusaciones
Las trece personas del escrito fiscal de 2016 no pueden presentarse automáticamente como las once que llegaron a la apertura de juicio oral comunicada en 2021. Aquella noticia ya menciona un fallecimiento y una desimputación, sin identificar a las personas afectadas. La información de marzo de 2017 también anunciaba la retirada de imputaciones a dos funcionarios, pero el fragmento del artículo recuperado no permite identificar esas decisiones ni comprobar su alcance posterior. La lista de implicados conserva los hitos documentados para cada persona; no prueba que todos sigan acusados en 2026.
El desistimiento de UPCM comunicado en octubre de 2025 es la retirada de quien venía ejerciendo la acusación, no un archivo o una absolución. La misma noticia atribuye la continuidad de la acusación a la Fiscalía y no proporciona una fecha de vista. No se transforma esa situación histórica en un estado procesal actual sin resolución o información posterior.
Contratos, reclamaciones y documentos
Se retira el coste agregado de 522.000 euros porque la prensa lo relaciona con el importe de los contratos investigados. Los 522.773 euros son responsabilidad civil solicitada por la acusación de 2016; no se ha localizado sentencia que los imponga. El desglose por adjudicatarios de 383.400 y 136.600 euros suma 520.000 y no coincide con el total redondeado de 522.000. Se conserva esa diferencia sin inventar una conciliación contable. La noticia de 2025 sí contiene la cifra de 19 contratos en su apartado «El apunte», omitido en la extracción automática inicial. Se conserva la discrepancia frente a los 29 de 2016 y 2021.
Se ha recuperado un acta oficial del pleno municipal de 17 de marzo de 2016 (75 páginas), con intervenciones políticas que mencionan Citur. Es una fuente primaria del debate municipal, pero no sustituye el auto judicial ni demuestra los hechos denunciados; no se incorpora como resolución penal en documentos. La fecha técnica de creación del archivo, octubre de 2016, tampoco es la de la sesión.
Lectura y cuestiones abiertas a 17 de octubre de 2026
Se han leído los cuerpos recuperados de las noticias de RTVE de 2011, Última Hora de 2012 y Menorca de octubre de 2016, marzo de 2021 y octubre de 2025. La noticia de marzo de 2017 solo ofrece un fragmento accesible; el acta municipal se ha leído parcialmente, en su cabecera y las intervenciones sobre Citur. Las noticias no equivalen a originales de los escritos fiscales o autos que describen. Continúan pendientes el auto de apertura, la relación individual vigente de acusados, las resoluciones sobre quienes quedaron excluidos y el señalamiento o resultado del juicio. Se mantiene la revisión incompleta.
Fuentes adicionales: recursos de marzo de 2017, remisión a la Audiencia informada en noviembre de 2023 y acta municipal de marzo de 2016, con el alcance limitado indicado.
Cronología
-
El pleno de Ciutadella remite las conclusiones de la comisión Citur a la Fiscalía Anticorrupción
El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella acuerda remitir a la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones de la comisión municipal de investigación, avaladas por 101 documentos, con el voto favorable del resto de grupos y la abstención del concejal Gabriel Cardona, por lo que no hubo unanimidad estricta. Las 51 conclusiones detectaron irregularidades en la gestión del área de Turismo y del ente Ciutadella Turisme durante el gobierno del PP. Este acuerdo está en el origen de las diligencias judiciales.
-
Operación Xoriguer: registros y detenciones
La Guardia Civil y la Policía Judicial, bajo la dirección de los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán y del Juzgado nº 2 de Ciutadella, registran la sede de Citur y el Ayuntamiento de Ciutadella y la sede de la empresa SAB en Palma, y detienen a seis personas: el exalcalde Llorenç Brondo, los exconcejales Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas, el empresario Manel Mercadal, el ingeniero Daniel Aguiló y el gerente de SAB Javier Liy. Se les imputan presuntos delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, falsedad y prevaricación. Algunas fuentes, como RTVE, elevaron la cifra a nueve detenidos.
-
Llorenç Brondo y Manel Mercadal quedan en libertad provisional con cargos
La jueza del Juzgado nº 2 de Ciutadella decreta la libertad provisional con cargos de Llorenç Brondo y del empresario Manel Mercadal, sin medidas cautelares. La crónica de Menorca - Es diari añade que Javier Liy, exgerente del PDPT, ya había sido liberado por la mañana. El hito se fecha por la publicación de la crónica (31 de marzo de 2011), no por la hora exacta del acto.
-
Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas quedan en libertad provisional con medidas cautelares
La jueza Raquel Martínez acuerda la libertad provisional de los exconcejales Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas, los dos últimos detenidos en pasar a disposición judicial, con obligación de comparecer dos veces al mes y retirada de pasaporte. Según el TSJIB, las medidas se adoptaron «esta madrugada», conforme a la crónica publicada el 1 de abril de 2011. El hito se fecha por la publicación, sin fijar la hora exacta del acto.
-
Se informa del auto que concluye la instrucción e imputa al gobierno de Brondo
La jueza del Juzgado nº 2 de Ciutadella da por concluida la instrucción y traslada la causa a las partes para que presenten sus escritos de calificación. El auto imputa a la cúpula del gobierno de Brondo (Llorenç Brondo y Avel·lí Casasnovas, prevaricación y malversación; Gabriel Cardona, cinco delitos; Antònia Gener y Antònia Salord, prevaricación) y mantiene la imputación contra empresarios, técnicos y funcionarios, entre ellos Manel Mercadal, Daniel Aguiló y Javier Liy. El auto acuerda el sobreseimiento parcial y provisional de seis imputados. El hito se fecha por la primera publicación localizada (10 de abril de 2012); las crónicas de esos días se refieren al auto como dictado «ayer», pero no permiten fijar con certeza el día exacto en que se dictó.
-
Se publica el escrito de conclusiones de la Fiscalía sobre el caso Citur
Menorca - Es diari publica el escrito de conclusiones del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que acusa a 13 personas (cargos públicos, empresarios, funcionarios y asesores municipales) de amañar 29 contratos por 522.000 euros entre 2005 y 2008. El fiscal pide penas de entre 4 y 15 años de prisión —15 años para Brondo, Cardona, Casasnovas y el secretario Santiago Saura— y una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 522.773 euros (339.197 + 183.576). El hito se fecha por la publicación del 28 de octubre de 2016; la fecha exacta del escrito no consta en las fuentes.
-
Se informa de la apertura del juicio oral, diez años después de las detenciones
La jueza María Belén Velázquez dicta la apertura del juicio oral del caso Citur y da por concluida la instrucción, cuando se cumplen diez años de la Operación Xoriguer. La noticia indica que de las trece personas inicialmente acusadas una había fallecido y otra había sido desimputada, sin identificarlas. Quedan pendientes los escritos de defensa de las once restantes; después, la documentación debe remitirse a un tribunal superior para fijar la fecha de la vista. En sus escritos, la Fiscalía pedía penas de entre 4 y 15 años de cárcel para los inicialmente acusados (15 años para Brondo, Cardona y Casasnovas, y 9 para las exconcejalas Antònia Salord y Antònia Gener). El hito se fecha por la publicación del 30 de marzo de 2021; la fecha exacta del auto no consta en la fuente.
-
Se informa de que UPCM desiste de la acusación particular
Más de quince años después del inicio del proceso (instrucción cerrada desde 2021), la representación procesal de UPCM presenta un escrito de desistimiento ante el Juzgado nº 2 de Ciutadella y renuncia a la acusación particular, que queda en manos de la Fiscalía. UPCM declara no «atisbar siquiera la fecha en la que pueden ser enjuiciados los hechos» y confía en que la Fiscalía siga exigiendo responsabilidades. La información añade que aún no hay fecha para el juicio y que al menos una de las investigadas había fallecido, sin identificarla. El hito se fecha por la publicación del 5 de octubre de 2025; la fecha exacta del escrito no consta.
Casos relacionados
Caso Nerer
PPInvestigación de dos permutas municipales en Ciutadella, con acusaciones, archivos parciales y continuación del procedimiento abreviado publicada en 2025.