Caso Nerer

Nerer se refiere a dos permutas municipales aprobadas en 2005 y formalizadas en 2006: la de Can Saura Morell por la parcela del paseo marítimo conocida como la “joya de la corona”, y la de s’Hort d’en Llinyà, vinculada al Canal Salat, por otros bienes municipales. Las acusaciones sostienen que se favoreció a empresarios mediante las valoraciones y la tramitación, y que Casasnovas recibió compensaciones. Son hipótesis de acusación, sin sentencia contrastada que permita presentarlas como hechos probados.

No debe confundirse el solar del paseo marítimo permutado por Can Saura con los terrenos del Canal Salat. La antigua descripción atribuía a s’Hort d’en Llinyà los precios de la otra operación. También situaba el inicio policial en un día de abril de 2015 no acreditado: Europa Press publicó registros el 28 de abril de 2015, sin detenidos en aquella operación, mientras las fuentes posteriores sitúan la Operación Pomada y las detenciones en enero de 2016. Sin prueba del día exacto no se completa una fecha de inicio artificial.

El archivo parcial conocido en julio de 2021 excluyó provisionalmente a siete personas y mantuvo la investigación para otras seis. La resolución de apelación publicada en enero de 2025 reincorporó a Pedret y Villanova y la operación de s’Hort d’en Llinyà, pero no reabrió indiscriminadamente las actuaciones para todos. Confirmó el archivo de Bosch y rechazó imputar de nuevo a la arquitecta de las tasaciones. El tipo de archivo y su posterior evolución se explican persona por persona hasta donde alcanzan las fuentes.

La acusación fiscal difundida en febrero de 2024 pide dieciocho años de prisión para Casasnovas y cuatro años para distintos empresarios y para Vinent. No son condenas. La noticia señala que el escrito está fechado en junio de 2022 y diferencia la petición de multa, la fianza y el decomiso por las supuestas reformas. No se suman esas cantidades como perjuicio municipal. Tampoco se trasladan a Nerer las condenas o peticiones de pena de los asuntos del solar de las ratas o Citur.

Los 2,3 millones citados en las informaciones son una estimación del posible perjuicio investigado, no una liquidación judicial firme. Además, el propio artículo de 2024 advierte de que la diferencia de 481.598 euros que el fiscal reclama como indemnización corresponde, según el diario, al IVA del 16 % sobre los 3.009.988 euros del solar. Sin escrituras e informes originales no se resuelve aquí esa controversia ni se presenta la diferencia de precios como beneficio neto probado. Por eso no se asigna una cifra de coste al caso.

El auto divulgado el 7 de febrero de 2025 continúa por procedimiento abreviado e incorpora la operación antes excluida, dando traslado para nuevos escritos de acusación. Esa fase no acredita la apertura efectiva del juicio oral, su celebración ni un fallo. Las menciones a un posible juicio en 2026 eran previsiones. Al corte del 15 de octubre de 2026 no se han contrastado resoluciones posteriores, el número definitivo de acusados ni todos los desenlaces individuales; tampoco se presume que no existan por no haberlos localizado. No se dispone de un original judicial verificable para añadir a documentos.