Caso Arquitecto
PPContratación temporal de un arquitecto interino en Melilla por el consejero del PP Miguel Marín, absuelto de prevaricación administrativa en 2018 tras un proceso de más de diez años.
- Estado judicial
- Absuelto
- Coste registrado
- Sin determinar
- Implicados
- 3
- Firmeza
- Sin determinar
Descripción del caso
El caso Arquitecto se refiere a la contratación laboral temporal de un arquitecto por la Ciudad Autónoma de Melilla cuando Miguel Marín Cobos (PP) era consejero de Administraciones Públicas. El dictamen 539/2012 del Consejo de Estado documenta un primer contrato de sustitución firmado el 28 de agosto de 2006, tras un proceso selectivo, la reincorporación del titular el 31 de mayo de 2007 y la continuación del sustituto hasta extinguirse su contrato de mutuo acuerdo el 31 de julio. El 1 de agosto de 2007 se dispuso una nueva contratación por vacante. El dictamen advierte que el expediente describe esa vacante unas veces por jubilación y otras por incapacidad permanente.
El Consejo de Estado concluyó el 12 de julio de 2012 que no procedía declarar la nulidad de pleno derecho del acto de 1 de agosto de 2007. No fue una declaración de ausencia de toda irregularidad: señaló la prolongación del contrato que debía haberse extinguido, examinó la utilización de la bolsa de trabajo y reclamó subsanar la situación y convocar la plaza. También explicó que el TSJA había anulado en 2011 una sentencia contenciosa de 2010 por falta de legitimación del Colegio de Arquitectos, sin resolver el fondo de las causas de nulidad.
En un comunicado fechado el 21 de septiembre de 2016, el Colegio de Arquitectos de Melilla anunció que su Junta había acordado el día anterior retirarse de la causa penal y solicitar un proceso selectivo abierto. Miguel Marín fue el único acusado en el juicio por prevaricación administrativa celebrado, según El Faro, el 23 de febrero de 2018. La Fiscalía solicitó ocho años de inhabilitación y la acusación popular diez. Las alegaciones sobre favoritismo y los solapamientos salariales fueron objeto de debate, no hechos que permitan atribuir una condena al acusado ni al arquitecto o a los testigos.
La prensa del 20 de abril de 2018 informó de la absolución de Miguel Marín: no se acreditó una actuación penalmente prevaricadora. Falta el original de la sentencia, su fecha exacta y constancia de recursos o firmeza hasta el 17 de octubre de 2026; esta limitación no permite afirmar que el procedimiento siga abierto. Tampoco se acredita aquí el resultado final de la convocatoria de la plaza. No se ha localizado una cuantificación judicial del perjuicio: las peticiones de inhabilitación y los salarios no se presentan como daño económico.
Desarrollo y fuentes
Contratación y revisión administrativa
El dictamen 539/2012 del Consejo de Estado permite distinguir la selección inicial, la permanencia tras la reincorporación del titular y el nuevo contrato por vacante. El primero se formalizó después de una prueba y valoración de méritos. El segundo fue objeto de una solicitud de revisión de oficio por ocho arquitectos. El Consejo descartó las causas de nulidad radical invocadas, pero señaló que debían corregirse las circunstancias creadas por una contratación temporal prolongada sin provisión definitiva de la plaza.
El mismo dictamen explica el alcance del antecedente contencioso: la sentencia 130/2010 había declarado ilegal la contratación, pero el TSJA la anuló mediante la sentencia 4125/2011 de 21 de diciembre por falta de legitimación del Colegio. Esa decisión procesal no resolvió las causas de nulidad en el fondo. No debe presentarse como una validación judicial general de todas las actuaciones.
Responsabilidad penal individual
La acusación se dirigió contra Miguel Marín por prevaricación administrativa. El arquitecto y Rafael Marín comparecieron como testigos. Las versiones sobre una petición personal para contratar al arquitecto fueron discutidas en el juicio; no justifican imputar a los testigos un delito ni afirmar como probado un trato de favor.
La información de MelillaHoy del 20 de abril de 2018 recoge la absolución y distingue las peticiones de ocho y diez años de inhabilitación del resultado judicial. La ausencia del texto íntegro y de prueba de firmeza impide fijar el cierre definitivo, sin implicar que el asunto continúe activo. El comunicado del Colegio acredita su retirada en septiembre de 2016, que tampoco equivale por sí sola a una resolución judicial.
No se atribuye una cifra de daño al pago de dos salarios ni se declara un perjuicio nulo. Faltan las resoluciones originales de las distintas jurisdicciones y la comprobación del desenlace de la cobertura definitiva de la plaza.
El arquitecto aparece como Iván R. en la crónica del juicio; no se amplía su apellido sin una fuente nominal contrastada. El comunicado del Colegio está firmado el 21 de septiembre de 2016, aunque la página que lo reproduce muestra una fecha de mayo de 2017.
Cronología
-
Contratación temporal del arquitecto interino Iván R.
Se formaliza el primer contrato laboral de sustitución, tras una prueba y valoración de méritos, según los antecedentes del dictamen 539/2012. Su duración estaba vinculada a la reincorporación del titular.
-
Reincorporación del titular según el expediente administrativo
El Consejo de Estado recoge esta fecha y señala que el sustituto continuó prestando servicios hasta el 31 de julio. No convierte el solapamiento por sí mismo en delito.
-
Nueva contratación laboral temporal por vacante
El dictamen 539/2012 documenta la extinción de mutuo acuerdo del primer contrato el 31 de julio y la nueva contratación por vacante el 1 de agosto de 2007. El propio expediente difiere sobre si la vacante derivaba de jubilación o incapacidad permanente. Es el acto objeto de la revisión administrativa posterior.
-
Dictamen del Consejo de Estado contrario a la nulidad de pleno derecho
El dictamen 539/2012 rechaza la revisión de oficio del acto de 1 de agosto de 2007 por las causas invocadas, sin negar toda irregularidad, y reclama subsanar la situación y convocar la plaza. No es una sentencia penal.
-
Comunicado sobre la retirada de la acusación del Colegio de Arquitectos
El comunicado del COACAM anuncia que su Junta de Gobierno, en la reunión del 20 de septiembre de 2016, aprobó por unanimidad no continuar con la demanda penal contra Miguel Marín Cobos al considerar que no defendía los intereses generales de la profesión, y pide al Gobierno de la Ciudad que convoque un proceso selectivo abierto para cubrir la plaza. La fecha corresponde al comunicado firmado; la web muestra además una fecha posterior de mayo de 2017, no la del acuerdo.
-
Juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla
Se celebra la vista oral contra Miguel Marín, único acusado de prevaricación administrativa, ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla. La Fiscalía solicita 8 años de inhabilitación y la acusación popular (Manos Limpias, CpM y Dionisio Muñoz) 10 años. La vista había sido aplazada por un error de planificación; la noticia del aplazamiento presenta una fecha de cabecera incoherente con su relato, por lo que no se fija aquí el día de aquella suspensión. Marín declara que actuó conforme a Derecho y ese día comparecen diez testigos.
-
Se conoce la sentencia absolutoria de Miguel Marín
La prensa informa de la absolución de Miguel Marín por prevaricación administrativa. Es fecha de publicación, no fecha judicial acreditada. Sin el original ni constancia de recursos o firmeza, no se fija fecha de cierre definitivo.
Casos relacionados
Anulación parcial de las pruebas de bombero de la convocatoria de 2017, casación inadmitida según la prensa en 2026 y nueva querella penal de la aspirante afectada.
La Audiencia confirmó la inhabilitación de Garbín y absolvió a otros trece acusados; el Supremo archivó la causa de Imbroda.
Investigación de contratos públicos de Melilla con sobreseimientos por piezas y actuaciones administrativas distintas.
Caso Ópera
PPInvestigación de contratación pública en Melilla, con archivo confirmado según noticias de 2020