Caso Aceinsa - PP

El caso Aceinsa se refiere a varios contratos del Ayuntamiento de Salamanca con la empresa Aceinsa Movilidad S.A. (vado, señalización y alumbrado público) y a las denuncias por presunta prevaricación y malversación presentadas por la agrupación Ganemos Salamanca. La relación contractual comenzó el 18 de abril de 2010, durante la alcaldía de Julián Lanzarote (PP, hasta 2011), con un contrato menor de suministro e instalación de placas de vado; Alfonso Fernández Mañueco no fue alcalde hasta 2011, aunque ya estaba designado como sucesor de Lanzarote al frente del PP municipal. Ya bajo el mandato de Mañueco (2011-2018), Aceinsa obtuvo en 2011 el contrato de señalización de vías públicas y eventos (915.517,24 euros anuales, IVA incluido; duración máxima de cuatro años), y en 2012 el contrato de mantenimiento y mejora del alumbrado público, por 12 millones de euros en cuatro años más dos de prórroga.

El contrato de señalización debía haber finalizado el 11 de mayo de 2015, pero el Ayuntamiento siguió pagando a Aceinsa sin convocar una nueva licitación, con reparos de la Intervención municipal. Según los cálculos de Ganemos, la prórroga habría supuesto un perjuicio de 820.654 euros, a partir de la diferencia entre la baja del 10% ofertada por Aceinsa en 2011 y la baja del 27,28% de la nueva licitación de 2018; se trata de una estimación de la parte denunciante y no de un perjuicio declarado judicialmente (otras notas de la misma formación aluden a unos 500.000-510.000 euros). El contrato de alumbrado, litigio que comparte con la ficha Caso Aceinsa II, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sentencia 1321/2017, de 27 de noviembre de 2017) por no justificarse la baja temeraria de Aceinsa; esa resolución quedó firme al no admitir el Tribunal Supremo el recurso de casación del Ayuntamiento (hecho conocido el 4 de septiembre de 2018). Según el acta oficial del Pleno de 16 de noviembre de 2018, la sentencia previó una indemnización sustitutoria para el caso de que no pudiera ejecutarse en sus propios términos; Etralux, la empresa que debía haber sido adjudicataria, reclamó 700.000 euros (el 6% del contrato, según su reclamación de parte y la prensa), pero el Pleno del Ayuntamiento consignó 327.192,96 euros el 16 de noviembre de 2018 y la prensa cifró el pago efectivo en cerca de 300.000 euros. Estas cantidades de la vía contenciosa no deben sumarse a las estimaciones de la prórroga de señalización, porque se refieren a un litigio distinto que tiene su propia ficha.

El 23 de octubre de 2017 Ganemos Salamanca presentó ante el Juzgado una denuncia penal contra el alcalde Mañueco, el concejal de Fomento Carlos Manuel García Carbayo, el edil de Hacienda Fernando Rodríguez y el jefe de la Policía Local José Manuel Fernández Martín, por presunta prevaricación administrativa; la admisión a trámite se anunció el 5 de febrero de 2018 y la denuncia se amplió el 19 de abril de 2018 al contrato de alumbrado. El Juzgado de Instrucción de Salamanca (las fuentes de prensa citan el nº 11, mientras que el acta oficial del Pleno del Ayuntamiento de 16 de noviembre de 2018 cita el nº 1) dictó un auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias, hecho público el 17 de octubre de 2018, al no apreciar indicios de prevaricación ni de malversación y coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal. Ganemos anunció un recurso de reforma y, en su caso, de apelación, y sostuvo que la instrucción se había visto limitada por el plazo de seis meses introducido por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. No se ha localizado el resultado de ese recurso ni consta reapertura de la causa, aunque tampoco puede afirmarse que la vía penal esté definitivamente cerrada.