Caso Comercio

Hechos y cantidades

Los hechos probados reproducidos en la sentencia del Supremo describen 25 operaciones por 189.762,86 euros. Distinguen nueve contrataciones que excedían la mera irregularidad administrativa, vinculadas a promoción comercial, la Gala de Premios de Comercio y cartelería o señalización de mercados. Se corrige así la referencia anterior a «al menos 14» contratos. La valoración posterior de la prueba y la absolución de Díez impiden seguir atribuyendo a los tres por igual el resultado condenatorio inicial.

El importe global de las operaciones no es una indemnización ni una cuantificación del daño. El relato judicial incluye la memoria municipal que afirmaba que los trabajos y suministros se habían prestado y correspondían a precios de mercado. Se retira el campo coste de 189.762 euros, sin sustituirlo por otro importe ni sumar cifras parciales.

Evolución de las responsabilidades

La Audiencia condenó a los tres acusados en octubre de 2019. El TSJ elevó las penas en enero de 2020, incluida la de Díez de siete a nueve años. No lo hizo a raíz de una apelación de la acusación particular, como afirmaba la versión anterior. El Supremo anuló la agravación al haber recurrido solo los condenados y repuso ocho años y seis meses para Echávarri y De Gea. La inhabilitación del primero afecta a alcalde, teniente de alcalde o concejal; la del segundo, a asesor o funcionario de una corporación local.

Díez quedó absuelto por insuficiencia de la prueba. El fundamento duodécimo cuestiona la inferencia de culpabilidad respecto a los contratos que se le atribuían: no considera que el mero exceso de un céntimo en una factura baste por sí solo para probar la arbitrariedad penal. La segunda sentencia sustituye expresamente la atribución conjunta de arbitrariedad por la referida a los otros dos condenados.

Esta ficha corresponde al caso Comercio y a la STS 441/2022. La causa del despido de la funcionaria se resolvió separadamente; no se incorpora su pena ni se confunde inhabilitación con prisión. Se retiran las afirmaciones de primacía histórica del caso y de retirada profesional definitiva del exalcalde, que no son necesarias para describir el resultado judicial.

Documentación y límites

Se ha verificado por GET el PDF de Cendoj alojado por el Colegio de Abogados de Valladolid: 42 páginas, resolución de 4 de mayo de 2022. La creación del archivo el 14 de junio de 2022 no es la fecha judicial. La revisión se centra en el encabezamiento, antecedentes y hechos relevantes, fundamentos sobre la agravación y la absolución y los dos fallos; no se presenta como lectura íntegra de las 42 páginas. El fallo de la segunda sentencia se comprobó también visualmente en la página 41. Las identidades se contrastan en prensa nominal, sin deducir nombres de los pseudónimos del PDF.

El fallo señala que no cabe recurso. La prensa de mayo de 2022 anunciaba que la defensa estudiaría un amparo; ese anuncio no demuestra su presentación o admisión. Faltan documentación de ejecución, liquidación de las inhabilitaciones y comprobación del posible amparo y de novedades hasta el corte del 17 de octubre de 2026. No se inventa una fecha de firmeza ni se equipara la ausencia de resultados de búsqueda con ausencia de actuaciones. La ficha permanece incompleta.