Caso Zerrichera

El Supremo distingue el delito de prevaricación del de falsedad. En este caso considera que la declaración de impacto ambiental no es una resolución a los efectos del artículo 404 del Código Penal. Esa razón de absolución no convierte en verdaderos los datos del documento: mantiene la falsedad por hacer constar un informe favorable inexistente y por otras alteraciones relevantes. La absolución de prevaricación y las dos condenas por falsedad deben leerse por separado.

Los terrenos formaban parte de espacios protegidos como LIC y ZEPA, según los hechos reproducidos en el original. La propuesta de urbanización residencial y turística incluía campo de golf. Se eliminan calificativos como «claro pelotazo» y las atribuciones personales heredadas sobre compras para especular que no se han revalidado. La Fiscalía se retira de la lista de implicados y de órganos judiciales: su papel acusador no equivale a responsabilidad por los hechos. Las identidades se contrastan con la nota del CGPJ, la noticia de SER/EFE y la información nominal de Quercus, sin deducirlas de los seudónimos judiciales. Quercus ofrece una cifra de inhabilitación de instancia discordante para el jefe de servicio; prevalecen los seis años del original y la nota oficial, pena después anulada por el Supremo.

No se incorpora un coste económico: no se ha acreditado aquí una cuantificación del daño público. Las multas penales no son daño; tampoco lo son los importes principal y subsidiario reclamados por las promotoras en el litigio patrimonial desestimado. La ausencia de coste no acredita inexistencia de perjuicio.

Límites de la revisión (17 de octubre de 2026). La sentencia de instancia sitúa el inicio de las actuaciones en febrero de 2007, sin día exacto en el pasaje cotejado; se retira la fecha inicial artificial de 2004. Se han cotejado originales oficiales: lectura parcial de las sentencias penal de 2017 (216 páginas), penal de 2019 (48 páginas) y patrimonial de 2018 (12 páginas), centrada en cabeceras, pasajes de hechos y fundamentos y fallos; lectura íntegra del auto de noviembre de 2019 (cuatro páginas). El informe externo detalla los segmentos. El fallo de casación declara que no cabe recurso, pero no se presume por ello el cumplimiento de las penas ni la ausencia de un eventual amparo. Falta seguir la ejecución, los posibles trámites constitucionales y el historial completo de personas que no llegaron a este juicio. No se equipara la cita de esta sentencia como doctrina en otros procesos posteriores con una nueva resolución de Zerrichera. La revisión permanece incompleta.