Caso Navajas

La ficha reúne actuaciones sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Navajas (Castellón) durante gobiernos del PP. Deben distinguirse la denuncia sobre las cuentas de 2006, las diligencias penales de 2016 relativas a actuaciones de 2013 y 2014 y los procedimientos de responsabilidad contable. El dato decisivo para el estado penal es la sentencia 29/2024 del TSJ valenciano, de 31 de enero: estimó los recursos del exalcalde y del exsecretario y acordó retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción, anulando el juicio y la sentencia de 2023. No es una confirmación de las condenas ni una absolución sobre el fondo.

Según elDiario.es, el grupo socialista denunció el 14 de noviembre de 2014 una posible falsedad relacionada con las cuentas municipales de 2006; el medio situó la dimisión de José Vicente Torres el 30 de septiembre anterior. Esa denuncia no permite por sí sola atribuir un resultado a todos los procedimientos posteriores. La sentencia del TSJ documenta la apertura de las DP 460/2016 el 1 de junio de 2016 y de las DP 511/2016 el 4 de julio, acumuladas posteriormente. El juicio tuvo lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2023.

La Audiencia Provincial dictó la sentencia 279/2023 el 5 de octubre de 2023, no el 30 de junio. En primera instancia impuso al exalcalde once meses de prisión por malversación y penas de inhabilitación por ese delito y prevaricación; al exsecretario, dos años y seis meses por falsedad y dieciocho meses por malversación, además de multa e inhabilitaciones por esos delitos y prevaricación; y a la extesorera, cinco meses de prisión, multa e inhabilitación por malversación. Esos pronunciamientos se recogen como antecedentes de la resolución posteriormente anulada, no como condenas firmes vigentes.

El relato de la Audiencia, reproducido por el TSJ, se refería a certificados de 2013 y 2014 sobre consignaciones en presupuestos aprobados realmente en enero de 2015, fraccionamiento de contratos y transferencias o cheques sin justificación. También fijaba indemnizaciones de 44.394,18 euros para el exsecretario, 21.134,24 euros para el exalcalde y 602 euros para la extesorera, así como consignaciones previas al juicio. Tras la nulidad no se presentan esas cantidades como un daño penal definitivamente establecido ni se suman a otros procedimientos contables.

El TSJ apreció la incorporación de diligencias fuera de los plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ordenó que el juzgado de Segorbe valorase las diligencias tempestivas y regularmente obtenidas para decidir si continuaba el proceso o lo archivaba. La resolución declara que contra ella no cabe recurso. Eso no acredita el desenlace posterior de la instrucción retrotraída. La extesorera no recurrió la condena de instancia; el alcance individual de la retroacción respecto de su situación requiere documentación posterior y no se infiere aquí una firmeza autónoma ni un resultado distinto.

Límites a 17 de octubre de 2026: no se ha localizado una resolución posterior a la retroacción que permita declarar cerrado el proceso penal. Los nombres completos de los tres cargos proceden de una nota de Alternativa por Navajas publicada por El Periódico de Aquí, no de identificar los seudónimos de CENDOJ. El edicto oficial de 2018 acredita la existencia del procedimiento contable A2/18, pero no su resultado. No se fija fechaFin ni coste agregado: faltan resoluciones posteriores, el resultado de la denuncia por las cuentas de 2006 y la delimitación de los distintos procedimientos contables.