Caso Mijas

Esta ficha se limita al procedimiento conocido como caso Mijas por el presunto ofrecimiento de un empleo al concejal Francisco Martínez Ávila, de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), a cambio de apoyar una moción de censura contra el alcalde Juan Carlos Maldonado. La denuncia pública se conoció el 15 de marzo de 2017 y afectaba al portavoz del PP y exalcalde Ángel Nozal y al entonces concejal del PP Santiago Martín. No se presentan esos ofrecimientos como hechos judicialmente probados: ambos negaron haber comprado el apoyo del edil.

El último resultado localizado para Nozal es un sobreseimiento provisional acordado por la Audiencia Provincial de Málaga en un auto fechado el 7 de marzo de 2019, según la noticia de Mijas Comunicación del día 14. El medio, que afirma haber consultado el auto, explica que la Sala no apreció una propuesta clara de Nozal para intercambiar empleo por apoyo político ni indicios suficientes de un acuerdo previo con Martín. También recoge objeciones a la transcripción parcial de la grabación aportada por el denunciante y a la falta de una pericial pedida por la defensa. No se afirma que la grabación estuviera manipulada: esa era una alegación defensiva, no una conclusión pericial acreditada en las fuentes leídas.

No se ha recuperado el auto original ni su número, firmeza o posibles resoluciones posteriores. La noticia identifica el sobreseimiento de las actuaciones contra Nozal; sin el fallo no se extiende automáticamente ese pronunciamiento a Santiago Martín ni se transforma un sobreseimiento provisional en absolución de juicio o archivo definitivo. Tampoco se mantiene la afirmación heredada, basada en Wikipedia, de que todas las denuncias contra Nozal estuvieran archivadas en 2025.

La información contemporánea describía una oferta de trabajo durante cuatro años una vez concluido el mandato municipal, extremo denunciado por Martínez y negado por los políticos del PP. Santiago Martín dimitió el 16 de marzo de 2017, según EFE, explicando que quería defenderse sin perjudicar a su partido y negando el intercambio de empleo por voto. El 1 de junio se informó de que la Fiscalía había solicitado que Nozal y Martín fueran citados como investigados por posible cohecho. El 23 de octubre de 2017 Nozal declaró como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola y Martínez compareció como testigo, según EFE. Una petición fiscal de investigación no era acusación de juicio ni condena.

Las causas sobre Subastas, Sobresueldos, el edificio de Mijas Comunicación y otras denuncias son procedimientos diferentes. Sus archivos, acusaciones o noticias electorales no acreditan por sí solos el resultado de este cohecho investigado. Las críticas de PSOE o Ciudadanos y las respuestas del PP se atribuyen a sus autores; no se adopta como conclusión judicial el incumplimiento de un pacto político ni se atribuye una pérdida electoral de 500 votos a esta causa sin fuente verificable. No se ha acreditado aquí daño patrimonial ni entrega de dinero; no se informa un coste de corrupción.