Caso Gürtel - Boadilla del Monte

La pieza Boadilla, rollo 19/2016, examina el funcionamiento del grupo Correa en la contratación del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda durante 2001-2009. No se fija un día de inicio para ese periodo. La alcaldía de González Panero comenzó en diciembre de 1999, no en 2001. Las grabaciones y la denuncia de José Luis Peñas forman parte del origen de la macrocausa; su condena y su indulto pertenecen a la primera época de Gürtel, por lo que no figuran como resultados de esta pieza (Real Decreto 1115/2024).

Los hechos probados describen adjudicaciones dirigidas, comisiones, facturación ficticia y ocultación de fondos. Entre las operaciones examinadas están el servicio de residuos, contratos de Constructora Hispánica, las adjudicaciones a UFC y Teconsa, el derecho de superficie sobre parcelas de la empresa municipal y contratos con sociedades del grupo. El volumen de contratación no equivale al daño al patrimonio público.

La Audiencia Nacional dictó la sentencia 8/2022 el 5 de abril de 2022. Sus veintitrés condenas iniciales deben leerse con el auto aclaratorio de 25 de mayo y la posterior casación. El Supremo mantuvo los treinta y seis años y once meses de prisión de González Panero, desestimó el recurso de Rey Rico y el de Diseño Asimétrico, pero absolvió a Naranjo y Ruiz Cortizo, eliminó la responsabilidad civil de Robeco y modificó las condenas de Martínez Massa y Vallejo. Esta última conserva condena por un delito de blanqueo; sus otras absoluciones no equivalen a una absolución total. El auto de 29 de enero de 2024 rechazó su incidente de nulidad. La resolución registral publicada en el BOE acredita un auto de firmeza de 6 de febrero de 2024.

Correa y Crespo fueron absueltos de asociación ilícita por cosa juzgada, no por inexistencia general de la trama, y permanecieron condenados por los restantes delitos señalados en el fallo. La responsabilidad del PP por 204.198,64 euros es civil como partícipe a título lucrativo. El partido no recurrió ese pronunciamiento y el Supremo no lo revisó. No debe confundirse con una multa penal ni con la responsabilidad del partido en Época I o en la reforma de su sede.

El fallo original distingue 1.423.853,85 euros de responsabilidad civil por canon no abonado y 31.215,94 euros por sobrefacturación, además de otros conceptos tributarios, comisos y responsabilidad a título lucrativo. El auto aclaratorio recoge separadamente 500.000 euros satisfechos por Ulibarri y aceptados por el Ayuntamiento. La noticia de enero de 2024 se refiere a su recepción municipal, no al nacimiento de una nueva indemnización. La casación también elimina la responsabilidad de algunos condenados. Por ello no se presenta una suma global que mezcle contratos, sobornos, multas, comisos y daños, ni se afirma que el perjuicio esté completamente recuperado.

La ejecución patrimonial continuó después de la firmeza. La resolución de la DGSJFP de 23 de octubre de 2025, publicada el 23 de febrero de 2026, estimó el recurso de la EMSV contra la negativa registral a cancelar derechos sobre tres fincas. Consideró que debía cumplirse el mandato judicial y valoró el conocimiento del proceso por el acreedor hipotecario. Esa decisión admite impugnación civil; no se ha acreditado una resolución posterior ni la efectiva inscripción definitiva. Los planes deportivos conocidos en julio de 2026 tampoco prueban por sí solos una recuperación íntegra del daño.

Fuentes principales: sentencia de instancia, casación y segunda sentencia, auto de nulidad, nota oficial del Supremo y resolución registral del BOE.