Caso Deportes Crevillente

El caso Deportes de Crevillent reúne investigaciones distintas sobre contratos municipales con Tot Sport Crevi y otras entidades relacionadas con los hijos del coordinador de Deportes, Francisco Manuel Serna González. La Fiscalía cuestionó adjudicaciones de servicios de conserjería, mantenimiento, monitores y juegos deportivos; esas acusaciones no equivalen a hechos delictivos declarados probados. Los contratos se remontan a años anteriores a la investigación de 2018 y no se usa una adjudicación de 2004 como fecha de inicio del procedimiento penal.

En la pieza de los juegos deportivos interescolares, la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Séptima con sede en Elche, absolvió a cuatro acusados y a Tot Sport Crevi como responsable civil subsidiaria por sentencia 44/2025, de 31 de enero. La sentencia 159/2025 del TSJCV, de 6 de mayo (ECLI:ES:TSJCV:2025:57; rollo 157/2025), estimó el recurso de la Fiscalía y anuló tanto aquella sentencia como el juicio oral. Ordenó repetirlo con magistrados distintos para decidir libremente sobre absolución o condena por prevaricación y negociaciones prohibidas, así como la eventual responsabilidad de la empresa. No cabe casación contra esa decisión de anulación. No es una condena ni permite conservar la absolución anulada como desenlace vigente. No se ha documentado aquí el nuevo juicio o su fallo hasta el 17 de octubre de 2026.

La prensa identifica a los cuatro acusados de esa pieza como los exconcejales Pedro García y Manuel Moya, el coordinador Francisco Serna y su hijo, el responsable de Tot Sport Crevi. La resolución original usa seudónimos, que no se convierten por sí solos en identidades nominales. Su cabecera sitúa la pieza en el procedimiento abreviado 77/2022 de la Audiencia, procedente del 236/2019 del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche. El TSJCV expresa que no acepta los hechos probados de la sentencia anulada que transcribe. Por eso los detalles del contrato de 2014 y sus prórrogas no se presentan como hechos firmes. La fecha de constitución de la sociedad que aparece en esa transcripción (12 de julio de 2016) es incompatible con otros antecedentes que el propio documento recoge; no se ha resuelto la discrepancia con documentación mercantil.

En otro procedimiento sobre conserjería y mantenimiento, EFE informó en marzo de 2022 de un auto de 19 de enero del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche que abría juicio contra César Augusto Asencio y otras ocho personas. La Fiscalía solicitaba penas de prisión y 53.365,46 euros de responsabilidad civil; el auto fijaba una fianza solidaria de 90.000 euros para cinco encausados. Son, respectivamente, pretensiones de la acusación y una garantía cautelar, no condenas ni un perjuicio judicial firme. No se ha recuperado ese auto ni el desenlace posterior. Su identificación no se equipara automáticamente a la pieza de los juegos interescolares del Juzgado número 2.

Sobre monitores, la información publicada el 4 de febrero de 2025 anunciaba un juicio contra cinco personas y pedía penas de dos a cinco años. La noticia contiene una fecha discordante —dice 5 de enero, pese a estar publicada en febrero y anunciar el miércoles siguiente—. No se toma como prueba de celebración efectiva. Las crónicas que atribuían posteriormente una suspensión y anulación de diligencias a esa pieza no se han podido leer en su contenido, ni se ha recuperado una resolución original: esas actuaciones y su desenlace requieren comprobación. La documentación disponible no acredita un cierre global ni condenas firmes de todas las piezas. Estas lagunas impiden considerar completada la ficha.