Cuevas del Concejo - PP

El caso de las Cuevas del Concejo se refiere a la construcción de una red de galerías bajo el casco histórico de Navalcarnero (Madrid), declarado Conjunto Histórico, durante el mandato del alcalde del PP Baltasar Santos González (1995-2015). El proyecto, impulsado en torno a 2004 para unir antiguas cuevas del subsuelo de la Plaza de Segovia y explotarlas turísticamente, se prolongó hasta 2011. Según la Fiscalía Provincial de Madrid, la obra se ejecutó sin un proyecto que mereciera tal consideración, sin la autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y sin los procedimientos ordinarios de contratación, con pagos fraccionados que simularon contratos menores. En febrero de 2011 los concejales del Grupo Municipal Socialista denunciaron las obras ante la Dirección General de Patrimonio y ante los juzgados; en octubre de 2014 esa Dirección General impuso al Ayuntamiento una multa de 30.000 euros por no haber solicitado autorización previa. En 2015 la dirección del PP de Madrid apartó a Santos como candidato en las elecciones municipales.

La causa penal se siguió por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Navalcarnero. La prensa fechó en febrero de 2018 un auto de apertura de juicio oral contra Baltasar Santos y la interventora municipal Teresa de Jesús Hermida Martín por un delito continuado de prevaricación, con una fianza de 1,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias; elDiario.es publicó la noticia el 15 de febrero de 2018 y situó el auto el 13 de febrero, mientras que un boletín municipal de octubre de 2020 lo fechó el 13 de enero, discrepancia que no se ha podido resolver. La Audiencia Provincial de Madrid señaló después las sesiones del juicio oral para el 22, 23 y 24 de enero de 2020, y el boletín municipal de octubre de 2020 informó de que el juicio fue aplazado y devuelto al juzgado para completar la instrucción de varios delitos sostenidos por la acusación particular. No se ha localizado ninguna sentencia sobre el fondo. La última referencia localizada sobre el estado de la causa es de 5 de noviembre de 2025 (Cadena SER), que la situaba en fase de instrucción; se desconoce su situación actual.

Las magnitudes económicas están discutidas y no deben equipararse. La Corporación Municipal cifra el presupuesto inicial del proyecto de las cuevas en 1.053.943 euros y el coste final en 3.630.145 euros, una desviación del 244 %; la misma Corporación, y la prensa que la cita, estima en cerca de 30 millones de euros el desfalco a las arcas municipales, cifra que ninguna resolución judicial ha fijado. La estimación municipal de 30 millones se ofrece como referencia atribuida, no como perjuicio declarado, y la fianza de 1,5 millones es una medida cautelar que no forma parte de esa suma. La extensión de las galerías se ha descrito como de «más de dos kilómetros»; no se ha podido confirmar una extensión mayor.

La causa de las cuevas es independiente de otros procedimientos seguidos contra Baltasar Santos en Navalcarnero, que no deben atribuirse a este caso. La condena de siete años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2025 y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en noviembre de 2025, corresponde a la adjudicación irregular de las reparaciones de las talanqueras de los encierros de 2014 y afectó también al exconcejal Manuel Jordán Rodríguez, sin relación acreditada con las cuevas. Del mismo modo, la sentencia del Tribunal de Cuentas de 2020 que condenaba a 2,1 millones de euros se refería al polideportivo de La Estación y a la Plaza de Toros y fue anulada por el Tribunal Supremo en 2025. Ninguna de esas resoluciones enjuicia la causa de las cuevas y por eso no se incluyen aquí como resultados de este caso.

Limitaciones visibles de esta revisión: no se han localizado resoluciones originales de la causa que permitan fijar su estado procesal exacto, de modo que la reconstrucción se apoya en prensa contrastada y en un boletín municipal. El auto de apertura de 2018 consta en prensa fechado el 13 de febrero; un boletín municipal de octubre de 2020 lo fecha el 13 de enero, discrepancia sin resolver. El boletín indica que el juicio señalado para enero de 2020 fue aplazado y devuelto al juzgado, pero no se ha localizado la resolución que lo acordó. No se ha localizado ninguna actuación posterior al 5 de noviembre de 2025: se desconoce si la instrucción sigue abierta, si se ha reabierto el juicio oral o si ha habido archivo.