Caso Conde Roa - PP

El caso Conde Roa se refiere al fraude fiscal de Gerardo Jesús Conde Roa, alcalde del PP en Santiago de Compostela en 2011-2012, y a las distintas piezas de la Operación Pokémon en las que fue investigado.

En su vertiente fiscal, la Agencia Tributaria denunció y la Fiscalía presentó una querella contra Conde Roa, como administrador único de la promotora Geslander Proyectos de Edificaciones, por no haber ingresado el IVA de 61 viviendas vendidas en 2010. La querella, admitida a trámite el 2 de abril de 2012 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, cifró el IVA pendiente en 291.289,43 euros (Europa Press y Atlántico); otras crónicas hablan de 291.000 euros (El Correo Gallego) y EFE de 291.200 euros. Se trata de una estimación de la cuota defraudada, no del total a pagar: la multa se situó en torno a 582.000 euros según la prensa, cifra aproximada que no consta con exactitud y que no se suma a la cuota. El 8 de abril Conde Roa defendió públicamente su inocencia en una comparecencia ante los medios y el 12 de abril declaró como imputado ante el magistrado José Antonio Vázquez Taín durante alrededor de hora y media; la imputación era automática por la querella y el juez debía resolver en un auto si la ratificaba o archivaba la causa, resolución que se hizo pública en los días siguientes, en torno a su dimisión. Conde Roa anunció su dimisión como alcalde el 16 de abril de 2012 y al día siguiente el pleno designó a Ángel Currás. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Santiago lo condenó por un delito fiscal: la prensa que informó sobre la apelación cita una sentencia de instancia de 25 de septiembre de 2013 y el fallo se conoció el 30 de septiembre de 2013. Le impuso dos años de prisión, inhabilitación especial para el comercio inmobiliario y una multa de unos 582.000 euros. La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, estimó parcialmente su apelación y, según lo conocido el 13 de octubre de 2014, redujo las penas de prisión e inhabilitación a un año y seis meses manteniendo el resto. Conde Roa anunció entonces que acudiría en amparo al Tribunal Constitucional; no consta documentación sobre el resultado de ese eventual recurso, extremo que, por tratarse de un recurso extraordinario y no de un recurso ordinario, no determina por sí solo la firmeza de la condena penal.

En paralelo, Conde Roa fue imputado en varias piezas de la Operación Pokémon. El 4 de marzo de 2013 declaró durante más de siete horas ante la jueza Pilar de Lara (Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo) por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la Operación Manga, sin que se le impusieran medidas cautelares. En 2017 fue citado como investigado, junto al exconcejal Albino Vázquez Aldrey, por el origen de 17 ingresos en efectivo por un total de 26.970 euros en cuentas del PP compostelano entre mayo y julio de 2011; la providencia de citación se dictó el 15 de mayo de 2017, su comparecencia prevista para el 20 de junio se aplazó y declaró el 3 de julio de 2017. Varias piezas fueron archivadas de forma provisional: una por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santiago (hecha pública el 23 de abril de 2020, sin que se haya localizado la fecha exacta del auto, con Conde Roa y el exalcalde Ángel Currás entre los investigados y con las medidas cautelares levantadas a once investigados, entre ellos Albino Vázquez) y otra por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago (auto de 15 de septiembre de 2022, hecho público el 21 de septiembre) sobre presunto tráfico de influencias relacionado con la empresa que gestionaba el agua. La prensa ha aludido también a archivados en 2023, pero no se ha localizado la resolución ni su fecha exacta.

El caso incluye además la condena en primera instancia de siete concejales del PP de Santiago (María Amelia González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes, Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao Torres, José Luis García Bello y Francisco Javier Noya Iglesias) a nueve años de inhabilitación por prevaricación, por aprobar el 30 de mayo de 2013 pagar con fondos públicos la defensa del edil Adrián Varela. La sentencia (nº 135/2014, de 2 de junio de 2014) fue notificada el 4 de junio, según el acta del pleno; los ediles presentaron su renuncia al acta el 3 de junio por incompatibilidad derivada de la condena no firme y el pleno tomó conocimiento de la sentencia y de las renuncias el 18 de junio de 2014. La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña los absolvió en una sentencia notificada el 26 de marzo de 2015 y firme, sin recurso. Tras Conde Roa, Ángel Currás fue alcalde entre 2012 y 2014: anunció su dimisión el 9 de junio de 2014, pero no cesó formalmente hasta que Agustín Hernández tomó posesión como alcalde el 8 de julio de 2014; Currás siguió como concejal hasta noviembre de 2014. Hernández cerró el mandato hasta las elecciones municipales de mayo de 2015, que perdió.

Límites: se aporta la sentencia de 2014 de los siete ediles, posteriormente absueltos, y el acta municipal que confirma su numeración. No se han localizado las resoluciones completas de la causa fiscal de Conde Roa ni la sentencia absolutoria de los ediles de 2015. Las fechas exactas de la sentencia de instancia (la prensa sobre la apelación cita una sentencia de 25 de septiembre de 2013) y de la sentencia de apelación no están confirmadas, y la firmeza de la condena por fraude no consta documentada. La ausencia de noticias posteriores no acredita por sí sola el cierre definitivo de todas las piezas.