Caso Umax - PSOE

El caso Umax constituye una de las piezas separadas más graves del macrocaso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Entre 2003 y 2010, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, creó una estructura de personal paralela a la administrativa a través de la empresa privada Umax Informática y Consultoría S.L., contratando ilegalmente a 44 personas vinculadas por parentesco, amistad o vecindad con Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social. Este sistema de "enchufismo" permitió que personas cercanas al alto cargo socialista accedieran a puestos de trabajo en la administración autonómica sin ningún tipo de control ni procedimiento de selección pública, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La trama operaba mediante un mecanismo diseñado para eludir todos los controles administrativos. Guerrero decidió en 2003 crear esta estructura paralela y acordó verbalmente con Ulpiano Cuadrado, administrador único de Umax, a quién contratar. Los empleados prestaban sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejería de Empleo y en las delegaciones provinciales, realizando tareas propias de funcionarios públicos pero formalmente contratados por Umax. La Junta de Andalucía pagaba las nóminas de estos trabajadores a través de contratos menores simulados y procedimientos de negociación sin publicidad para aparentar legalidad. Este fraude supuso un coste de 2.445.545,80 euros a las arcas públicas entre 2003 y 2010.

La investigación judicial, iniciada en 2011 por la jueza Mercedes Alaya como parte del macrocaso ERE, destapó que la contratación de estos 44 trabajadores se realizó sin ningún procedimiento de selección, sin estudiar previamente las necesidades reales de personal, y sin verificar si las personas contratadas estaban capacitadas para los puestos que supuestamente desempeñaban. El sistema se mantuvo operativo hasta 2010, cuando Daniel Rivera, nuevo director general de Empleo, fue alertado de la ilegalidad tras una reclamación de Ulpiano Cuadrado por impagos. Rivera comunicó la irregularidad al viceconsejero, quien le ordenó "arreglar el desaguisado", procediendo a la rescisión de los contratos y expulsión de los trabajadores de Umax de las dependencias de la Consejería.

Tras el juicio celebrado entre enero y marzo de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia el 30 de mayo de 2019 condenando a Francisco Javier Guerrero y Ulpiano Cuadrado a 5 años y 9 meses de prisión, a Juan Márquez y a los exsecretarios generales técnicos Javier Aguado y Lourdes Medina a 5 años y 3 meses de prisión, todos ellos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial. El Tribunal Supremo revisó las sentencias en junio de 2023, absolviendo a Lourdes Medina y a Daniel Rivera, y reduciendo las penas de Javier Aguado a 4 años y 6 meses. Francisco Javier Guerrero falleció en octubre de 2020 sin llegar a cumplir condena. Juan Márquez y Javier Aguado ingresaron en prisión en marzo de 2024. Este caso forma parte del entramado de corrupción que supuso la malversación de casi 680 millones de euros de fondos públicos en Andalucía y que contribuyó al fin de la hegemonía del PSOE en la comunidad autónoma tras 37 años de gobierno ininterrumpido.