Caso Terán - PSOE

El Caso Terán fue un escándalo de corrupción política en el municipio de Sanlúcar de Barrameda que salió a la luz el 7 de julio de 1998, cuando el funcionario municipal Rafael Terán Hidalgo denunció irregularidades cometidas por miembros del Ayuntamiento y sus familiares durante el periodo 1991-1993, bajo el mandato del alcalde socialista Manuel Vital Gordillo. Los delitos investigados incluyeron falsificación de documentos oficiales y malversación de caudales públicos, afectando gravemente a las arcas municipales durante varios años.

El mecanismo de la trama consistía en la realización de pagos ficticios del Ayuntamiento a familiares de funcionarios municipales por la compra de materiales y la prestación de servicios inexistentes. El interventor municipal Juan Manuel Castillo Fagúndez firmaba pagos a sus propios familiares que posteriormente embolsaba, apropiándose de más de 47.000 euros. Por su parte, el concejal de Fomento Agustín Cuevas Batista cobró algo más de 9.000 euros destinados a una escuela taller justificándolos con un convenio ficticio. Además, se detectaron otras irregularidades como el IVA cobrado por el Ayuntamiento a particulares que no se declaraba ni ingresaba en Hacienda, presupuestos anuales ficticios con superávits inexistentes entre 1988 y 1991, y pagos por materiales y servicios que nunca se ejecutaron.

El proceso judicial se prolongó durante una década desde la denuncia hasta la resolución, concluyendo en la Audiencia Provincial de Cádiz el 7 de julio de 2008, exactamente diez años después de la denuncia inicial. El juicio oral nunca llegó a celebrarse porque los abogados defensores alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía por el cual todos los acusados aceptaron su culpabilidad por haberse apropiado de fondos públicos. La sentencia condenó a cinco personas a penas de un año y diez meses de prisión, con inhabilitación de 2 a 3 años según el acusado, y a indemnizar al Ayuntamiento con cerca de 60.000 euros. Las dilaciones indebidas del proceso permitieron aplicar una atenuante muy cualificada que redujo sustancialmente las penas finales, lo que permitió que cuatro de los cinco condenados evitaran el ingreso en prisión al no superar los dos años de condena y no tener antecedentes penales.