Caso Someso - PSOE

El Caso Someso es un escándalo de corrupción urbanística que se desarrolló en A Coruña durante más de dos décadas bajo el gobierno del PSOE. Entre 1989 y 2005, el Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por Francisco Vázquez durante 23 años consecutivos, expropió terrenos en la parroquia de San Vicente de Elviña bajo el pretexto de construir un campo de fútbol para el club Relámpago de Elviña y mejorar el acceso vial al polígono industrial de Pocomaco. Sin embargo, en lugar de las infraestructuras públicas prometidas, se edificó un gran centro comercial (Espacio Coruña) y bloques residenciales de lujo, beneficiando principalmente a empresarios constructores cercanos al gobierno municipal socialista.

El caso se caracteriza por la técnica fraudulenta de disfrazar ventas forzosas como expropiaciones, privando a los propietarios originales de sus derechos de reversión cuando los proyectos públicos nunca se materializaron. Los informes municipales posteriores documentaron pérdidas de entre 19 y 20 millones de euros para las arcas municipales. El 10% del suelo que correspondía al Ayuntamiento no fue puesto en subasta pública, sino adjudicado directamente a la Junta de Compensación presidida por Antonio Fontenla Ramil, presidente de la patronal gallega y colaborador histórico de Vázquez. Tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción nº 3 de A Coruña investigaron la relación entre ambos, aunque la vía penal no prosperó al no apreciarse indicios de delito formalmente individualizables.

Tras la llegada del PP a la alcaldía en 2011, se encargó un informe que descubrió importantes lagunas en las inscripciones registrales de la propiedad del suelo y ausencia de documentación justificativa. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió cinco sentencias firmes reconociendo que las compraventas se realizaron en marco expropiatorio, condenando al Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos afectados con cerca de 40 millones de euros en total. En diciembre de 2021, el Consello Consultivo de Galicia reconoció que el Ayuntamiento había vulnerado la ley, aunque la situación ya no podía revertirse por perjudicar a los nuevos propietarios que adquirieron los inmuebles de buena fe, consolidando así uno de los mayores pelotazos urbanísticos de Galicia.