Caso Sogiese

La denuncia atribuía a Sota una omisión para recuperar cantidades, no una apropiación personalmente acreditada. Según la crónica judicial de Europa Press, el instructor consideró que la inacción denunciada no equivalía a una resolución arbitraria y rechazó nuevas diligencias. El Faradio confirma que Sota llegó a declarar como investigado: se elimina por ello la afirmación anterior de que no hubo imputación formal. El sobreseimiento libre comunicado no se presenta como sentencia absolutoria tras juicio.

El informe de fiscalización publicado en el BOE (páginas 45267–45268, páginas 21–22 del PDF) distingue el informe de actuación de marzo de 2016, la falta de constancia de reintegros a 1 de julio de 2018 y el acuerdo gubernamental de 27 de septiembre de 2018 recogido en alegaciones. Este último declaró subsanadas las irregularidades y ausencia de menoscabo. Se retira el coste de 90.000 euros como perjuicio consolidado. Hay además una diferencia de alcance: la denuncia descrita por la prensa se refiere a cinco empleados y 2012–2015; la fiscalización reseña seis trabajadores. No se presupone que ambas delimitaciones sean idénticas.

No se atribuye todo el período 2012–2015 al Gobierno PSOE-PRC a partir de la pertenencia política del consejero investigado en 2018. Tampoco se mantienen imputaciones personales de familiares como hechos acreditados.

Revisión parcial al 17 de octubre de 2026: no se han obtenido el auto de 14 de enero, el escrito fiscal de 14 de diciembre de 2018 ni el acuerdo gubernamental original. El PDF adjunto es documentación de fiscalización, no el auto penal; la fecha de su resolución parlamentaria es el 27 de febrero de 2019 y la publicación en el BOE fue el 30 de abril. Solo se han leído su cabecera y los pasajes relevantes, no las 168 páginas completas. Quedan pendientes la comprobación documental de firmeza y la evolución posterior; la búsqueda sin hallazgos no acredita por sí sola ausencia de actuaciones.