Caso Sogiese - PSOE

El caso Sogiese es un escándalo de gestión irregular en la empresa pública SOGIESE (Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo), adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, gobernado en coalición por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla. Entre 2012 y 2015, cinco empleados de la empresa —dos de ellos directivos— percibieron retribuciones que superaban los topes salariales fijados por la legislación vigente, acumulando un pago indebido de 90.000 euros en total, sin que existieran informes internos que avalaran las subidas salariales ni se cumplieran los requisitos legales establecidos por tres normas distintas.

El bipartito PSOE-PRC aprobó un acuerdo que permitió exceptuar a SOGIESE del límite salarial general aplicable a las empresas públicas de Cantabria. Cuando un informe de la Intervención regional detectó los pagos irregulares, el consejero de Economía, Juan José Sota (PSOE), no adoptó ninguna medida para recuperar las cantidades abonadas de forma improcedente. En septiembre de 2018, la formación política OlaCantabria —liderada por el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio— presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra Sota, acusándole de prevaricación por omisión al no actuar para subsanar la situación. La denuncia añadía que la inacción del consejero podría estar motivada por un conflicto de intereses familiar, al alegar que una de las personas beneficiarias de los sobresueldos era su propia hija, extremo que Sota negó ante el tribunal.

Tras abrir diligencias de investigación, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC siguió el criterio de la Fiscalía Superior de Cantabria, que en diciembre de 2018 solicitó el archivo por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito. Mediante auto de 14 de enero de 2019, el magistrado instructor Juan Piqueras decretó el sobreseimiento libre de la causa. OlaCantabria optó por no recurrir la resolución, cerrando definitivamente el procedimiento judicial sin condenas ni imputaciones formales. El caso quedó así como un episodio de dudosa gestión económica en el sector público cántabro bajo gobiernos del PSOE, sin repercusión penal pero con impacto político en el debate sobre la transparencia y el control de las empresas públicas regionales.