Caso Sanlúcar - PSOE

El Caso Sanlúcar es un escándalo de corrupción política que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en octubre de 1999, cuando miembros destacados del PSOE local y provincial intentaron sobornar a un concejal del PP para impedir su voto en una moción de censura que amenazaba con derribar al alcalde socialista Agustín Cuevas Batista. El caso representa uno de los primeros ejemplos documentados de compra de votos en democracia española y evidenció las prácticas de corrupción política a nivel municipal en Andalucía.

El intento de soborno consistió en ofrecer al concejal del PP Manuel Ramírez Rodríguez (conocido como 'Cunete') una suma de 50 millones de pesetas (aproximadamente 300.506 euros), dos billetes de avión a Lisboa para que se ausentara del pleno donde se votaría la moción de censura, y un contrato laboral en el Ayuntamiento de Chipiona, municipio gobernado también por el PSOE. La moción de censura había sido presentada conjuntamente por el PP y el PA (Partido Andalucista) contra el gobierno socialista liderado por Cuevas, y el voto del concejal Ramírez era determinante para su éxito.

Lejos de aceptar la oferta, el concejal Manuel Ramírez denunció los hechos ante su partido y posteriormente ante los tribunales el 18 de octubre de 1999. La moción de censura prosperó, y Juan Rodríguez Romero del PP asumió la alcaldía de Sanlúcar. El caso judicial se prolongó durante casi una década, incluyendo un juicio con jurado popular en 2006, apelaciones en el TSJA en 2008, y el rechazo final de recursos por el Tribunal Supremo en abril de 2008.

Los condenados fueron tres figuras clave del PSOE gaditano: Agustín Cuevas Batista (ex alcalde de Sanlúcar), Luis Mario Aparcero Fernández de Retana (ex alcalde de Chipiona), y Rafael García Raposo (secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar). Las sentencias incluyeron penas de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, y multas de 360.000 euros. El ex alcalde Cuevas ingresó en la prisión de Huelva en noviembre de 2009 para cumplir su condena de un año y medio de prisión.

El caso tuvo un notable impacto político en la provincia de Cádiz, provocando la suspensión de militancia de los implicados en el PSOE y generando un amplio debate sobre la transparencia y la ética en la política municipal andaluza. También marcó un precedente jurídico importante en la tipificación del delito de cohecho en el contexto de mociones de censura.