Caso Río Manzanares - PSOE

El Caso Río Manzanares es un caso de presunto delito medioambiental que afectó al municipio madrileño de Getafe, donde la alcaldesa del PSOE Sara Hernández y varios concejales socialistas fueron investigados por su supuesta responsabilidad en vertidos ilegales de aguas residuales sin depurar al río Manzanares desde el barrio de Perales del Río. Los vertidos se produjeron durante décadas, pero la investigación judicial se centró en el periodo comprendido desde 2015, cuando los responsables políticos actuales asumieron el gobierno municipal. El caso se originó por una denuncia del partido local Impulsa Getafe en 2018, que denunció vertidos que "llevaban produciéndose desde hacía quince años".

El mecanismo que provocaba los vertidos tenía su origen en el vandalismo y robo de cobre de la estación de bombeo de aguas de Perales del Río, que quedó "totalmente vandalizada", lo que provocaba que las aguas fecales "fluyeran al aire libre" y acabaran en el río Manzanares. Estos vertidos incontrolados afectaban directamente al Parque Regional del Sureste, un espacio especialmente protegido por su valor medioambiental. La Confederación Hidrográfica del Tajo había sancionado al Ayuntamiento de Getafe desde 2005 por estos vertidos, imponiendo multas que en 2017 llegaron a alcanzar los 50.000 euros. En el momento álgido del caso, el río a su paso por Perales del Río presentaba cuatro puntos de vertido incontrolado de aguas residuales sin depurar que iban directamente al cauce.

Tras un proceso judicial que se prolongó durante más de tres años, el caso concluyó en mayo de 2022 mediante sobreseimiento decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe. El juez consideró que se habían adoptado medidas correctoras y que "una situación que viene produciéndose desde 1995 no puede imputarse a quien gobierna desde 2015", señalando que el gobierno de Hernández había sido el único que, desde 2015, había buscado soluciones al problema. La resolución judicial estableció que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa", decretando el archivo de las actuaciones contra la alcaldesa y los tres concejales investigados.