Caso Puerto Gallego - PSOE

Iniciado: Enero de 2003

Santoña, Cantabria

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Descripción del caso

El Caso Puerto Gallego es una investigación judicial que se inició en 2009 tras una denuncia del entonces concejal Leoncio Calle Pila del Movimiento Falangista, a la que posteriormente se sumó el Partido Popular. El caso gira en torno a un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos municipales durante el período 2003-2009 en el Ayuntamiento de Santoña, cuando María del Puerto Gallego Arriola ejercía como alcaldesa.

La práctica del fraccionamiento de contratos consiste en dividir artificialmente contratos públicos en importes menores para evitar los procedimientos de licitación obligatorios. Específicamente, los contratos se fragmentaban para no superar los 18.000 euros exigidos por la ley, lo que permitía adjudicarlos directamente a empresas sin convocar un concurso público abierto. Esta práctica irregular se mantuvo durante los seis años que duró el gobierno socialista en Santoña.

El proceso judicial se prolongó durante casi dos décadas, convirtiéndose en uno de los casos de corrupción local más largos de Cantabria. Durante la instrucción, María del Puerto Gallego llegó a ser diputada nacional por el PSOE, lo que elevó el caso al Tribunal Supremo debido a su condición de aforada. En septiembre de 2016, tras la decisión del Supremo de investigarla, Gallego renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados.

El juicio oral se celebró finalmente en noviembre de 2021 ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, donde fueron juzgados la ex-alcaldesa y ocho ex-concejales de su equipo de gobierno. La sentencia, dictada el 18 de noviembre de 2021, condenó a María del Puerto Gallego a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, mientras que los ocho ex-concejales recibieron penas de cuatro años de inhabilitación por el mismo delito.

Tras recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Cantabria, en junio de 2024 el tribunal ratificó las condenas impuestas, rechazando los argumentos de la defensa. Finalmente, el 4 de agosto de 2024, tanto Puerto Gallego como los ex-ediles del PSOE de Santoña decidieron acatar la condena y no presentar más recursos, poniendo fin definitivo a un pleito que se había prolongado durante dos décadas. La resolución del caso confirmó la responsabilidad penal de los dirigentes socialistas en la manipulación de la contratación pública municipal.

Resumen

Estado judicial

Desconocido

Coste

Implicados

María del Puerto Gallego Arriola

Alcaldesa de Santoña (2003-2009) y ex-diputada nacional del PSOE

José Ramón Badiola Valle

Concejal del PSOE en Santoña (2003-2009)

Pedro María López Rasines

Concejal del PSOE en Santoña (2003-2009)

Carmen Leiva Rebollo

Concejala del PSOE en Santoña (2003-2009)

Diana Gil Fonfría

Concejala del PSOE en Santoña (2003-2009)

Joaquín Bonet Maza

Concejal del PSOE en Santoña (2003-2009)

Gloria Valmaseda Badiola

Concejala del PSOE en Santoña (2003-2009)

María Antonia Alonso Quintana

Concejala del PSOE en Santoña (2003-2009)

Jesús María Valle Rosete

Concejal del PSOE en Santoña (2003-2009)

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Documentos relevantes

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Cronología

Enero de 2003

Inicio del período investigado

Comienza el gobierno municipal del PSOE en Santoña con María del Puerto Gallego como alcaldesa. Durante este período, que se extenderá hasta 2009, se producirán los hechos investigados relacionados con el fraccionamiento sistemático de contratos municipales para eludir los procedimientos de licitación pública obligatorios.

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Enero de 2009

Denuncia inicial que da origen al caso

El concejal Leoncio Calle Pila, del Movimiento Falangista en el Ayuntamiento de Santoña, presenta una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña por presuntas irregularidades en la contratación municipal durante el gobierno de Puerto Gallego. La denuncia señala la práctica sistemática de fragmentar contratos para adjudicarlos directamente sin concurso público. Posteriormente, el Partido Popular se suma a la acusación.

Octubre de 2013

Interrogatorios de los ocho concejales como imputados

Los ocho concejales del equipo de gobierno socialista de Santoña son citados e interrogados por el Juzgado de Instrucción como imputados en la causa. Los interrogatorios se centran en su conocimiento y participación en las decisiones de adjudicación de contratos municipales durante el período 2003-2009.

Septiembre de 2015

La Audiencia Provincial valida los indicios contra los acusados

La Audiencia Provincial de Cantabria examina el caso y determina que existen indicios suficientes de responsabilidad penal contra María del Puerto Gallego y los ocho concejales investigados, validando la continuación del procedimiento judicial por prevaricación administrativa.

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Septiembre de 2016

El Tribunal Supremo abre causa contra Puerto Gallego

Dado que María del Puerto Gallego ostenta la condición de diputada nacional en el Congreso, el caso es elevado al Tribunal Supremo para su investigación debido a su condición de aforada. El Supremo decide abrir causa formal contra la ex-alcaldesa de Santoña por los hechos denunciados.

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Septiembre de 2016

Puerto Gallego renuncia a su escaño en el Congreso

Tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra ella, María del Puerto Gallego presenta su renuncia como diputada nacional del PSOE en el Congreso de los Diputados. Esta renuncia permite que el caso vuelva a la jurisdicción ordinaria y continúe su tramitación en los tribunales de Cantabria.

Julio de 2017

Archivo temporal sin fundamentación del Juzgado de Santoña

El Juzgado de Instrucción de Santoña acuerda el archivo temporal de la causa sin proporcionar una fundamentación detallada. Esta decisión será posteriormente revertida tras los recursos presentados por las acusaciones, permitiendo que el caso continúe su tramitación.

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Noviembre de 2021

Inicio del juicio oral en Santander

Comienza el juicio oral contra María del Puerto Gallego y los ocho ex-concejales del PSOE de Santoña ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander. Durante dos días (15 y 16 de noviembre), se celebran las vistas donde se examinan las pruebas y testificales sobre el fraccionamiento de contratos municipales entre 2003 y 2009.

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Noviembre de 2021

Sentencia condenatoria de primera instancia

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander dicta sentencia condenando a María del Puerto Gallego a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. Los ocho ex-concejales de su equipo de gobierno son condenados a cuatro años de inhabilitación por el mismo delito. La sentencia confirma que se fraccionaron sistemáticamente contratos municipales para evitar los procedimientos de licitación obligatorios.

Mayo de 2022

Puerto Gallego y los ex-ediles recurren la condena

Los condenados presentan recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, impugnando la sentencia del Juzgado de lo Penal de Santander. Los recursos argumentan que no existió prevaricación administrativa y que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa vigente en el momento de los hechos.

Febrero de 2024

Testificación del ex-alcalde Sergio Abascal

El ex-alcalde de Santoña Sergio Abascal testifica en relación con la causa contra Puerto Gallego. Su testimonio aporta información adicional sobre las prácticas de contratación en el Ayuntamiento durante diferentes períodos de gobierno municipal.

Alta relevancia

Junio de 2024

La Audiencia Provincial ratifica las condenas

La Audiencia Provincial de Cantabria dicta sentencia en segunda instancia rechazando los recursos de apelación y ratificando íntegramente las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal de Santander. El tribunal confirma la existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa y mantiene las penas de inhabilitación de cinco años para Puerto Gallego y cuatro años para los ex-concejales.

eldiario.es

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Agosto de 2024

Los condenados acatan la sentencia y finaliza el pleito

María del Puerto Gallego y los ocho ex-concejales del PSOE de Santoña deciden no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo, acatando definitivamente la condena. Con esta decisión, se pone fin a un pleito judicial que se había prolongado durante casi dos décadas, desde la denuncia inicial de 2009. Las condenas de inhabilitación quedan firmes y ejecutivas.

eldiario.es

publico.es