PSPV y Bloc - PSOE

El caso de la financiación de PSPV y Bloc es una investigación judicial centrada en la presunta financiación ilegal de los partidos PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià (partido integrado posteriormente en la coalición Compromís) durante las campañas electorales de 2007, 2008 y el período 2007-2011. El presunto esquema consistía en que la agencia de comunicación Crespo Gomar organizaba actos y campañas electorales para ambas formaciones políticas, pero las facturas correspondientes no eran pagadas por los partidos sino por empresas privadas —principalmente constructoras y promotoras con intereses en contratos públicos— que a cambio habrían recibido adjudicaciones o comisiones. La trama fue calificada por algunos medios como la "Gürtel del PSOE valenciano" por su similitud estructural con la red de corrupción del PP.

La investigación se inició en diciembre de 2016 cuando el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia comenzó a practicar diligencias tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La documentación que dio origen al caso había sido llevada a una comisaría de Valencia por representantes del Partido Popular meses antes. El informe policial consideró acreditada la financiación ilegal y señaló como empresas involucradas a Hospimar, Construcciones Blauverd, Quick Meals Ibérica, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y la empresa pública Aquamed. En enero de 2018, el juzgado valenciano se inhibió por razones de competencia territorial y distribuyó la causa entre cuatro juzgados: dos en Madrid (Instrucción 24 y 43), uno en Gandía y otro en Benidorm, donde presuntamente se habrían cometido los delitos. Los delitos investigados incluían prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental continuada y financiación electoral ilegal.

El caso fue archivándose pieza a pieza sin llegar a juicio oral. En julio de 2018 se archivó la causa que implicaba al Ministerio de Sanidad; en junio de 2019 se archivó la última pieza activa —la del Ministerio de Vivienda en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid— por falta de indicios suficientes. El posible delito de financiación electoral ilegal, que la propia policía consideró acreditado, quedó además afectado por la prescripción. El exlíder del PSPV Joan Ignasi Pla, que ya había dimitido en 2007 por una obra no pagada en su domicilio, y el extesorero del partido José María Cataluña fueron los principales nombres políticos vinculados a la investigación, aunque ninguno fue condenado. Los hechos investigados en este caso coincidían en el tiempo con algunas piezas del posterior caso Azud, que amplió la investigación sobre la financiación irregular del PSPV.