Caso Plaza/Naves - PSOE
Descripción del caso
El caso Plaza/Naves es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Aragón, vinculado a la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), una empresa pública promovida por el gobierno de coalición PSOE-PAR presidido por el socialista Marcelino Iglesias (2003-2011). El caso denunció sobrecostes masivos en la construcción de 119 naves industriales adjudicadas a la empresa Codesport, propiedad del empresario y expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias. El contrato original, firmado en 2007, presupuestaba las obras en 14,5 millones de euros; la facturación final de Codesport ascendió a 33,6 millones, un sobrecoste de 17,8 millones de euros. En el conjunto del macrocaso Plaza, los investigadores cuantificaron irregularidades por valor de hasta 150 millones de euros sobre un total de 471 millones adjudicados, frente a una estimación inicial de 177 millones.
La investigación judicial fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que en agosto de 2013 envió a Zaragoza a agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) para iniciar una operación por blanqueo de capitales. La pieza separada denominada Codesport fue la primera en llegar a juicio, con tres acusados principales: Carlos Escó Samperiz, exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y exconsejero delegado de Plaza, el empresario Agapito Iglesias y el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril. La Audiencia Provincial de Zaragoza los condenó en febrero de 2016 a cuatro años de prisión cada uno por malversación de caudales públicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló en julio de 2017 estas condenas al no apreciar ánimo de lucro ilícito ni propósito apropiativo de los fondos públicos, reservando únicamente las acciones civiles.
El macrojuicio principal arrancó en noviembre de 2018 con 25 acusados y una petición fiscal de 175 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. La sentencia definitiva, dictada el 10 de mayo de 2019 por la Audiencia Provincial de Zaragoza, absolvió a siete de los veinticinco encausados —entre ellos Carlos Escó, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría—, por insuficiencia de pruebas. Los 22 condenados, que en su mayoría habían pactado penas con la Fiscalía, acumularon un total de 17 años de prisión sin que ninguno ingresara efectivamente en la cárcel. Las responsabilidades civiles fijadas sumaron 14,8 millones de euros. El caso cerró sin condenas de prisión efectivas por las irregularidades cometidas durante los gobiernos socialistas aragoneses, lo que generó amplia crítica sobre la impunidad de la mayor trama de corrupción regional de Aragón.
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