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Caso Plaza/Naves - PSOE

Iniciado: Agosto de 2013
Zaragoza, Aragón

Descripción del caso

El caso Plaza/Naves es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Aragón, vinculado a la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), una empresa pública promovida por el gobierno de coalición PSOE-PAR presidido por el socialista Marcelino Iglesias (2003-2011). El caso denunció sobrecostes masivos en la construcción de 119 naves industriales adjudicadas a la empresa Codesport, propiedad del empresario y expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias. El contrato original, firmado en 2007, presupuestaba las obras en 14,5 millones de euros; la facturación final de Codesport ascendió a 33,6 millones, un sobrecoste de 17,8 millones de euros. En el conjunto del macrocaso Plaza, los investigadores cuantificaron irregularidades por valor de hasta 150 millones de euros sobre un total de 471 millones adjudicados, frente a una estimación inicial de 177 millones.

La investigación judicial fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que en agosto de 2013 envió a Zaragoza a agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) para iniciar una operación por blanqueo de capitales. La pieza separada denominada Codesport fue la primera en llegar a juicio, con tres acusados principales: Carlos Escó Samperiz, exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y exconsejero delegado de Plaza, el empresario Agapito Iglesias y el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril. La Audiencia Provincial de Zaragoza los condenó en febrero de 2016 a cuatro años de prisión cada uno por malversación de caudales públicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló en julio de 2017 estas condenas al no apreciar ánimo de lucro ilícito ni propósito apropiativo de los fondos públicos, reservando únicamente las acciones civiles.

El macrojuicio principal arrancó en noviembre de 2018 con 25 acusados y una petición fiscal de 175 años de prisión por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. La sentencia definitiva, dictada el 10 de mayo de 2019 por la Audiencia Provincial de Zaragoza, absolvió a siete de los veinticinco encausados —entre ellos Carlos Escó, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría—, por insuficiencia de pruebas. Los 22 condenados, que en su mayoría habían pactado penas con la Fiscalía, acumularon un total de 17 años de prisión sin que ninguno ingresara efectivamente en la cárcel. Las responsabilidades civiles fijadas sumaron 14,8 millones de euros. El caso cerró sin condenas de prisión efectivas por las irregularidades cometidas durante los gobiernos socialistas aragoneses, lo que generó amplia crítica sobre la impunidad de la mayor trama de corrupción regional de Aragón.

Resumen

Estado judicial
Desconocido
Coste
8,7 millones €

Implicados

Carlos Escó Samperiz
Exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y exconsejero delegado de Plaza S.A. (gobiernos PSOE-PAR)
Agapito Iglesias García
Empresario, propietario de Codesport S.A. y expresidente del Real Zaragoza
Ricardo García Becerril
Exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.)
Miguel Ángel Floría
Empresario, administrador del Grupo Floría Empresarial
José María Jordán Rando
Ejecutivo de Acciona Construcción
Marcelino Iglesias Ricou
Presidente de la Diputación General de Aragón (PSOE, 1999-2011)
Miguel Ángel Pérez Cervantes
Directivo de Plaza S.A.

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Documentos relevantes

Cronología

Enero de 2002
Inicio de las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza
El gobierno de coalición PSOE-PAR de Aragón, presidido por Marcelino Iglesias, pone en marcha la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), una empresa pública participada al 51,52% por el Gobierno de Aragón, al 12,12% por el Ayuntamiento de Zaragoza y al 18,18% por Ibercaja y Caja Inmaculada respectivamente. El proyecto, de más de 1.300 hectáreas junto al aeropuerto y la línea AVE, fue concebido para reducir la dependencia industrial de Aragón del sector del automóvil. Desde el inicio se adjudicaron lotes por valor de 177 millones de euros que acabarían costando en total 471 millones.
Enero de 2007
Adjudicación del contrato de naves a Codesport
La empresa pública Plaza S.A. adjudica a Codesport S.A., empresa del empresario Agapito Iglesias, el contrato para la construcción de 119 naves industriales bajo fórmula 'llave en mano'. El presupuesto original fijado en el contrato asciende a 14,5 millones de euros. Con el paso de los años y diversas modificaciones, revisiones y sobrecostes, la facturación de Codesport alcanzará los 32,3-33,6 millones de euros, un sobrecoste de entre el 120% y el 130% sobre el presupuesto inicial.
Diciembre de 2008
Pago indebido de 8,7 millones a Codesport
En diciembre de 2008, Plaza S.A. abona a Codesport 8.710.140,80 euros correspondientes a 'sobrecostes, revisiones y modificaciones' de las obras de construcción de las naves. Según la posterior acusación fiscal, estos pagos debían haber corrido a cargo de Autocity S.L., empresa que había comprado las naves en 2005, y no de la empresa pública Plaza. El exgerente Ricardo García Becerril y el exviceconsejero Carlos Escó habrían firmado los cuatro pagarés a sabiendas de que Plaza no era la deudora de esas cantidades, a instancias de Agapito Iglesias.
Agosto de 2013
Operación de la Fiscalía Anticorrupción en Zaragoza
La Fiscalía Anticorrupción de Madrid y agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) llegan a Zaragoza para iniciar una operación contra el presunto blanqueo de capitales en torno a la Plataforma Logística de Zaragoza. La investigación, que se convierte en el macrocaso Plaza, parte de denuncias de dos exempleados de la empresa pública ante la Fiscalía Anticorrupción y de un informe pericial que el propio Gobierno de Aragón había elaborado sobre irregularidades de gestión y sobreprecios.
Enero de 2013
Imputación de Carlos Escó en la pieza Codesport
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, imputa al exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó Samperiz en la causa judicial que investiga los presuntos sobrecostes de 17 millones de euros en las obras de Codesport. La imputación se produce después de que el juez tomara declaración al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, inicialmente el único encausado. Escó era considerado hombre de confianza del expresidente socialista de Aragón Marcelino Iglesias y estaba casado con Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación con Zapatero.
Febrero de 2014
Fianza de 18,85 millones para los tres principales acusados
La Audiencia Provincial de Zaragoza fija una fianza de 18.850.000 euros para Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril y Carlos Escó, acordando el embargo de sus bienes en garantía de las responsabilidades civiles derivadas de los presuntos sobrecostes en la construcción de las naves de la plataforma logística. La medida refleja la magnitud económica de lo investigado en la pieza Codesport del macrocaso Plaza.
Febrero de 2016
La Audiencia de Zaragoza condena a cuatro años a los tres acusados en Codesport
La Audiencia Provincial de Zaragoza dicta sentencia en la pieza Codesport y condena a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años a Ricardo García Becerril, Carlos Escó y Agapito Iglesias por malversación de caudales públicos de especial gravedad. El tribunal considera probado que los tres acusados malversaron 8.710.140,80 euros de la empresa pública Plaza pagando indebidamente facturas que correspondían a Autocity. Un magistrado firma un voto particular discrepante a favor de absolver a Escó e Iglesias. Los condenados son declarados responsables civiles y deben indemnizar a Plaza por dicha cantidad.
Julio de 2017
El Tribunal Supremo anula las condenas de la pieza Codesport
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado José Ramón Soriano, anula las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Zaragoza a Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril y Carlos Escó. El alto tribunal concluye que no concurre el dolo exigido por el delito de malversación, al no apreciar ánimo de lucro ilícito ni propósito apropiativo de fondos públicos por parte de los acusados, dado que los pagarés percibidos por Codesport respondían a obras y trabajos realmente ejecutados y concluidos sin vicio ni defecto conforme a lo pactado. El Supremo también rechaza el recurso del Gobierno de Aragón, que pretendía elevar la responsabilidad civil hasta los 13 millones de euros, reservando únicamente las acciones civiles. La sentencia supone el primer gran varapalo judicial al macrocaso Plaza.
Noviembre de 2018
Inicio del macrojuicio principal del caso Plaza
Arranca el macrojuicio del caso Plaza ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, considerado el mayor proceso penal contra la corrupción instruido en Aragón. Se sientan en el banquillo 25 acusados —tres de los cuales rechazan pactar con la Fiscalía Anticorrupción— por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en relación con las obras de urbanización de la plataforma logística, con un perjuicio estimado de 147 millones de euros. La Fiscalía solicita penas que suman 175 años de prisión. Los otros 22 acusados han pactado condenas reducidas con Anticorrupción.
Mayo de 2019
Sentencia final del macrojuicio: absolución de los principales acusados
La Audiencia Provincial de Zaragoza dicta sentencia en el macrojuicio Plaza y absuelve a siete de los veinticinco acusados, entre ellos Carlos Escó, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, por insuficiencia de pruebas y por el principio de presunción de inocencia. Respecto a Escó, el tribunal señala que su patrimonio de origen desconocido 'resulta insuficiente para fundamentar una condena'. Los 22 acusados restantes, que habían negociado penas con la Fiscalía, quedan condenados a un total de 17 años de prisión repartidos entre ellos sin que ninguno ingrese efectivamente en la cárcel. Las responsabilidades civiles suman 14.848.363,30 euros. Acciona Construcción y Construcciones Mariano López Navarro son declaradas responsables civiles subsidiarias. El caso cierra sin condenas de prisión efectivas pese a haberse investigado el mayor fraude de la historia de Aragón.