Plaza/Kartódromo - PSOE
Descripción del caso
El caso Plaza/Kartódromo es uno de los subcasos del macrocaso de corrupción que salpicó a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), empresa pública participada por el Gobierno de Aragón presidido por el socialista Marcelino Iglesias. El subcaso del kartódromo se centra en la compra, en 2004, de los terrenos del antiguo Kartódromo Aragón, situados junto a la autovía A-2, por un precio muy superior al valor real de mercado. La empresa pública PLAZA adquirió esos terrenos por 6.310.628 euros cuando su valor pericial era de aproximadamente 2 millones de euros, pagando así una sobrevaloración de unos 4 millones de euros. El propietario de los terrenos, el empresario Santiago Becerril Pastor, reconoció ante el juez haber abonado comisiones de en torno a 660.000 euros al exgerente de PLAZA, Ricardo García Becerril, y al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón (PSOE), Carlos Esco, a cambio de cerrar la operación de compraventa a ese precio inflado.
La investigación judicial sobre estas irregularidades arrancó dentro de la gran operación anticorrupción que la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzaron el 14 de agosto de 2013 contra la trama de corrupción en PLAZA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza instruyó la causa, que desembocó en un juicio con jurado popular específico para el subcaso del kartódromo. Los tres acusados —García Becerril, Esco y Santiago Becerril— fueron juzgados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. Tras más de seis horas de deliberación, el jurado popular emitió un veredicto de no culpabilidad al considerar que existían indicios pero no pruebas suficientes para condenarlos, y la magistrada presidenta dictó sentencia absolutoria.
El caso Plaza/Kartódromo concluyó con la absolución de los tres acusados y dejó sin recuperar el sobrecoste pagado con dinero público por los terrenos. El macrocaso Plaza en su conjunto afectó a 25 investigados, con 147 millones de euros presuntamente malversados en las obras de urbanización de la plataforma logística. Al final del macrojuicio celebrado en 2018-2019, siete acusados fueron absueltos y dieciocho condenados, aunque las penas quedaron muy por debajo de lo solicitado por la Fiscalía tras acuerdos de conformidad. Ricardo García Becerril, considerado uno de los cabecillas de la trama en su conjunto, cumplió una condena de dos años y un día de prisión más 726 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el macrocaso general, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
Resumen
Implicados
Desliza hacia abajo para ver más