Caso Plaza de Toros de Calasparra - PSOE

El Caso Plaza de Toros de Calasparra investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la organización de la Feria Taurina del Arroz en el municipio murciano de Calasparra entre 2017 y 2019, cuando José Vélez Fernández ejercía como alcalde por el PSOE. La causa judicial se centró en la relación contractual entre el Ayuntamiento de Calasparra y la empresa Chipé Producciones SL, administrada por Pedro Pérez Roldán, para la provisión de ganado en los encierros matutinos de las fiestas patronales.

La investigación, iniciada mediante providencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz en marzo de 2021, determinó que el consistorio habría asumido y abonado con fondos públicos determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto era el empresario investigado. Las irregularidades incluirían facturas relacionadas con la adaptación y mejoras de accesibilidad en la plaza de toros, su limpieza, el coste de los toros para los encierros y la publicidad de los festejos taurinos correspondientes a 2017 y 2018. El desembolso real efectuado por el Ayuntamiento excedió ampliamente los precios pactados tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019.

Junto al alcalde Vélez, estaban investigados los dos concejales de Festejos que se sucedieron durante ese periodo, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, así como el administrador de Chipé Producciones. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular les imputaron delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El ministerio público cifró el perjuicio económico para las arcas municipales en 249.630 euros, mientras que la acusación particular lo elevó a 367.096 euros.

El caso fue sobreseído provisionalmente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia en noviembre de 2025, al estimar el tribunal que ninguno de los cuatro investigados había sido citado a declarar dentro del plazo legal de doce meses desde la incoación del procedimiento en marzo de 2021. La resolución fue declarada firme y sin posibilidad de recurso ordinario. La Fiscalía anunció que recurriría la decisión ante el Tribunal Supremo. Vélez, que había llegado a ser secretario general del PSRM-PSOE entre 2021 y 2025 y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, mantuvo durante todo el proceso que no dimitiría hasta que hubiera una condena firme.