Caso Plaza - PSOE

El caso Plaza es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Aragón y afectó a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), una sociedad pública del Gobierno de Aragón controlada durante los doce años de gobierno del PSOE-PAR bajo la presidencia del socialista Marcelino Iglesias. La trama, destapada el 14 de agosto de 2013 mediante la Operación Decken de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, consistió en una sistemática sobrefacturación de las obras de urbanización del polígono logístico, adjudicadas a una UTE formada por Acciona y la constructora aragonesa MLN. Las obras, contratadas inicialmente por 167 millones de euros, terminaron costando más del doble, con un importe certificado de 389 millones de euros, de los cuales la Fiscalía estimó que al menos 147 millones correspondían a facturas falsas, certificaciones ficticias de obra no ejecutada y pagos en especie a directivos con cargo a la empresa pública.

El esquema fraudulento funcionó mediante la emisión de facturas simuladas a través de una red de 19 empresas de familiares y amigos de los directivos de Plaza, la certificación de obras no ejecutadas y la simulación de saneamiento de tierras para encubrir las irregularidades. El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril —en cuyo apartamento la UDEF halló más de 400.000 euros en efectivo bajo el colchón— fue considerado el cabecilla de la trama junto al exdirectivo de Acciona en Aragón, José María Jordán Rando. La responsabilidad política recayó sobre Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y consejero delegado de Plaza, hombre de confianza del presidente Marcelino Iglesias, que supervisó directamente la gestión de la empresa pública desde el Ejecutivo autonómico.

El proceso judicial concluyó con un resultado decepcionante para la acusación: de los 175 años de prisión solicitados inicialmente por la Fiscalía para 25 acusados, las condenas totales apenas sumaron 17 años. Los tres principales acusados que no pactaron con la Fiscalía —Carlos Esco, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría— resultaron absueltos por falta de pruebas. Ricardo García Becerril, para quien se pedían 23 años, pactó apenas dos años y un día de cárcel. El Gobierno de Aragón recuperó unos 50 millones de euros mediante acuerdos con Acciona, muy lejos de los 147 millones malversados según la acusación. El caso Plaza quedó como símbolo de impunidad ante el mayor expolio de las arcas públicas en la historia de la comunidad autónoma aragonesa.