Caso Plasencia - PSOE
Descripción del caso
El Caso Plasencia es una causa de corrupción municipal en la que la alcaldesa socialista Elia María Blanco Barbero, al frente del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) entre 2003 y 2011, dirigió un esquema sistemático de fraccionamiento irregular de contratos de obras públicas. Los expedientes se troceaban en piezas de importe inferior al umbral de licitación para adjudicarlos directamente, sin concurso, a la empresa del constructor José Antonio Romero Vega. Paralelamente se certificaban mediciones infladas que generaron sobrecostes verificados superiores a 248.000 euros en cuatro conjuntos de obras: la Ciudad Deportiva (176.000 €), el parque La Isla (43.000 €), la pista de motocross y autocross (12.000 €) y la piscina climatizada (17.000 €). En el esquema participaron varios concejales socialistas que tramitaron y aprobaron los expedientes: Francisco Javier Barbancho, Enrique Tornero, Mónica García Díaz, Blas Raimundo González y Pablo Sánchez del Mazo.
La denuncia fue presentada por la oposición del PP ante la Fiscalía en diciembre de 2009. Tras la instrucción judicial, el juicio oral se celebró en el Juzgado de lo Penal de Plasencia, que dictó sentencia el 14 de julio de 2014 condenando a Blanco y al contratista Romero a dos años y seis meses de prisión por fraude continuado y a los exconcejales Barbancho y Tornero a dos años y tres meses, con penas de inhabilitación de hasta diecisiete años para todos ellos. En apelación, la Audiencia Provincial de Cáceres notificó su resolución el 27 de marzo de 2015: rebajó las condenas de prisión a dos años y un día para Blanco, Tornero y Romero, absolvió a Pablo Sánchez del Mazo, eximió a Barbancho y Raimundo del delito de fraude —manteniéndoles solo la prevaricación— y redujo el resto de inhabilitaciones.
Agotados todos los recursos, Elia Blanco ingresó en la prisión de Brieva (Ávila) el 12 de mayo de 2015 y obtuvo el tercer grado en agosto de 2016, tras cumplir quince meses de condena efectiva. En paralelo, Blanco fue juzgada por un caso diferente relacionado con la legalización de chalés ilegales en la sierra de Santa Bárbara: en mayo de 2019 reconoció la prevaricación administrativa y fue condenada a cuatro años y tres meses de inhabilitación, evitando la prisión gracias a un acuerdo previo con la Fiscalía.
Resumen
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